Hacienda avisa al juez del 'caso Koldo' de presuntas irregularidades en contratos de Adif y Carreteras

La existencia de modificaciones contractuales que representaron aumentos presupuestarios cercanos al límite legal del 20% se repitió tanto en proyectos ferroviarios como en obras viarias, según informó el medio Europa Press. El informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependencia del Ministerio de Hacienda, fue remitido recientemente al juez encargado del llamado 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional y señala supuestas irregularidades en contrataciones públicas llevadas a cabo por Adif y la Dirección General de Carreteras.

De acuerdo con Europa Press, el análisis de la IGAE abarcó 11 contratos en total, distribuidos en cinco adjudicaciones vinculadas al administrador ferroviario Adif y seis proyectos gestionados por la Dirección General de Carreteras. El informe responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación que lidera el magistrado Ismael Moreno. En este contexto, tanto la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, como el ex director general de Carreteras, Javier Herrero, figuran como investigados en el sumario judicial, debido a las presuntas irregularidades señaladas.

Tal como detalló Europa Press, tres de los cinco contratos de Adif fueron adjudicados a la empresa Acciona ya fuera de manera individual o en una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a Ferrovial Agroman. La IGAE identificó patrones comunes en los procedimientos de adjudicación, especialmente en lo referente a los criterios determinantes. En los tres casos, la adjudicación se basó principalmente en juicios de valor, mientras que los criterios técnicos o económicos marcados por fórmulas tuvieron un peso inferior en la decisión final. El informe apunta que las diferencias de puntuación derivadas de los juicios de valor hicieron que, salvo excepción, solo una de las ofertas pudiera competir realmente por el contrato.

Entre los contratos examinados, destaca el correspondiente al soterramiento de la red ferroviaria de Murcia. En ese procedimiento participaron diez empresas y los criterios por juicios de valor sumaron una ponderación de 40 puntos sobre un máximo de 100. La propuesta de la UTE liderada por Acciona obtuvo 36,17 puntos por este concepto, una distancia de 3,04 puntos respecto de la segunda mejor valorada y al menos 5,83 puntos en relación al resto de licitadores. En lo relativo a la puntuación determinada por el precio ofertado, la diferencia entre la oferta más económica y la menos favorable fue de 6,18 puntos, y respecto a la segunda menos competitiva, 4,5 puntos. Según especifica el informe publicado por Europa Press, solamente la segunda empresa clasificada tenía posibilidad real de acceder a la adjudicación.

La IGAE incluyó además el análisis de un contrato de soterramiento en el área de Estación y Barriomar, también en Murcia. De las doce ofertas presentadas, la UTE compuesta por Acciona y Ferrovial Construcción resultó vencedora. De nuevo, la decisión se sustentó principalmente en los criterios de juicios de valor, con una diferencia de 5,88 puntos sobre la siguiente propuesta. La memoria del proyecto señala que este contrato sustituía actuaciones similares del tramo Estación del Carmen-Barriomar, previstas en otro proyecto pero finalmente no ejecutadas y sujetas a una nueva licitación independiente. El informe subraya que este proyecto no debió presentarse como uno separado, sino como modificación del plan inicial de soterramiento ferroviario en Murcia, lo que habría conllevado un tratamiento distinto según la normativa de contratación pública.

Europa Press recoge que la elección de presentar el proyecto como nuevo y separado tendría vínculo con la normativa vigente: las modificaciones superiores al 20% del importe original exigen dictamen del Consejo de Estado. Según la IGAE, se diseñaron los incrementos de costes para que quedaran justo por debajo de ese umbral legal, lo que permitía reducir los controles y procedimientos externos.

En otro de los contratos relacionados con Acciona, vinculado a la construcción de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad en el tramo Pulpí-Vera entre Murcia y Almería, el contratista presentó reservas tras el replanteo inicial, circunstancia que desembocó en una modificación del proyecto antes incluso de iniciar las obras. La resolución de incremento presupuestario se aprobó el 31 de julio de 2022 con un aumento de 24.155.223 euros; la cifra corresponde al 19,93% sobre el importe adjudicado. Según la IGAE, el análisis comparativo entre el informe final del proyecto y el desglose por capítulos muestra variaciones notables y temporales muy cercanas, lo que lleva a pensar en una coordinación previa para mantener el recálculo por debajo del 20% permitido y así evitar el dictamen preceptivo de organismos independientes.

El informe de Hacienda subraya que la justificación de estas modificaciones, al alegarse imprevisibilidad previa a la licitación, resulta insatisfactoria puesto que las advertencias sobre los supuestos defectos partieron del propio contratista al comienzo de la ejecución y no de circunstancias imprevistas.

En relación con los seis contratos de carreteras, la IGAE indica que en dos de ellos, adjudicados a Acciona en UTE con otras compañías, el incremento presupuestario se situó en porcentajes similares a los de los contratos ferroviarios, rozando el 20% permitido por ley. Europa Press cita como ejemplo la obra de tirantes del Puente Centenario de Sevilla, cuyo coste aumentó en 13,5 millones de euros respecto a los 71 millones del presupuesto original, lo que representa un 19,02% adicional. Un caso similar aparece en la autovía A-68 entre Arrúbal y Navarrete, en La Rioja, donde el presupuesto inicial de 92 millones aumentó en 18,46 millones tras dos revisiones, alcanzando un alza del 19,98%.

La evaluación de los sistemas empleados para asignar la puntuación en los procesos de licitación de las obras de carreteras evidenció, según la IGAE, carencias en la justificación de las valoraciones. En contratos como el de la Autovía A-12 entre Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Villamayor del Río (Castilla y León), y el del Puente del Centenario, los funcionarios responsables no aportaron documentación debidamente firmada que sostuviera la asignación de puntos; la única justificación presentada constaba como anexo a la valoración de la Subdirección de Construcción, sin firma oficial.

Europa Press detalla que el informe transmitido por Hacienda al juzgado proporciona al magistrado nuevas evidencias sobre el modo en que se utilizaron los mecanismos de adjudicación —priorizando criterios subjetivos y gestionando modificaciones al borde del máximo autorizado— en contratos relevantes tanto de infraestructura ferroviaria como de carreteras. Estos hallazgos abren la puerta al análisis judicial de los procedimientos y a la valoración de responsabilidades en el contexto de la investigación penal del 'caso Koldo'.