El Supremo ofrece a Ineco y Tragsatec personarse en el juicio contra Ábalos y Koldo como pidió Anticorrupción

El expediente judicial sobre la adquisición presuntamente irregular de mascarillas durante la pandemia incluirá la declaración de más de 75 testigos, entre ellos familiares directos de los principales acusados y personas relacionadas con las empresas implicadas. El Salón de Plenos del Tribunal Supremo acogerá las comparecencias a partir del 7 de abril, con sesiones planificadas hasta el 30 del mismo mes y la participación de figuras como el hijo del exministro José Luis Ábalos, el hermano de Koldo García, socios de Víctor de Aldama y Jessica Rodríguez, expareja del exministro. De acuerdo con Europa Press, el proceso responde a una causa impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y dirigida contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, a raíz de supuestas irregularidades en la obtención y el reparto de contratos públicos durante la crisis sanitaria.

El medio Europa Press detalló que el Tribunal Supremo ha aceptado la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que las empresas públicas Ineco y Tragsatec puedan personarse como acusación particular en este juicio. Una providencia firmada por el tribunal encargado del caso recoge la postura del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien manifestó en la audiencia preliminar del 12 de febrero la necesidad de que estas empresas tengan opción de ejercer acciones en las actuaciones, por considerarlas posibles afectadas en contratos realizados de manera supuestamente irregular y por la contratación de mujeres que estarían vinculadas a Ábalos.

Las demandas de la Fiscalía Anticorrupción incluyen la restitución de cantidades económicas a favor de estas empresas públicas. Según publicó Europa Press, el escrito de acusación solicita que Ábalos y Koldo García sean obligados, de forma conjunta y solidaria, a indemnizar a Ineco con 34.477,86 euros y a Tragsatec con 9.500,54 euros por los daños ocasionados.

En el ámbito procesal, el tribunal ha trasladado al Ministerio Público y a la acusación popular, encabezada por el Partido Popular, las solicitudes de libertad provisional formuladas tanto por el exministro como por su antiguo asesor. Según información de Europa Press, estas partes disponen de tres días para presentar las alegaciones que consideren apropiadas respecto a la situación de prisión preventiva que ambos mantienen desde el 27 de noviembre.

Otras peticiones procesales han tenido diferentes desenlaces. El Tribunal Supremo permitió que Koldo García y su representante legal tengan acceso a medios informáticos dentro del centro penitenciario, mientras que denegó la posibilidad de que García permanezca durante el juicio junto a su abogada, indicando que los acusados ocuparán la misma ubicación procesal establecida en la audiencia preliminar, con la excepción del momento en que presten declaración.

Europa Press reportó que los tres acusados comparecieron en la audiencia preliminar ubicados una fila detrás de sus respectivas defensas, y bajo custodia policial en el caso de Ábalos y García, quienes continúan en prisión provisional. El calendario del juicio prevé 13 sesiones para la presentación tanto de testimonios como de pruebas, con la última jornada reservada para el análisis documental y la exposición de los informes finales de las partes.

Las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción incluyen 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para García y siete años para Aldama, quien ha aceptado los hechos imputados. Las acusaciones populares unificadas piden para el exministro y su exasesor 30 años de cárcel, y para Aldama la misma pena reclamadas por los fiscales. Los delitos por los que se juzga a los acusados comprenden la pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y utilización de información privilegiada.

La instrucción del caso, según recogió Europa Press, ha generado especial interés por la magnitud de las acusaciones y por la implicación de empresas estatales en procedimientos contractuales presuntamente ilícitos durante una etapa crítica como la emergencia sanitaria por la COVID-19. El desarrollo del juicio deberá dirimir el alcance de las responsabilidades y la eventual reparación de los perjuicios a las entidades involucradas.