Bruselas pide al TJUE multar a España por no aplicar la directiva que exime del IVA a pymes y autónomos

España continúa siendo el único país de la Unión Europea que no ha comunicado a la Comisión Europea la adopción de las medidas necesarias para adaptar su legislación nacional a dos directivas clave sobre el impuesto al valor añadido (IVA). Esta situación se produce a pesar de los requerimientos formales previos y ha motivado que la Comisión solicite al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la imposición de una multa al Estado, según informó el medio de comunicación.

De acuerdo con la información publicada, la Comisión Europea actúa tras el prolongado retraso en la transposición de una directiva adoptada en 2020, destinada a simplificar las obligaciones fiscales de las pequeñas y medianas empresas (pymes) e introducir una exención del IVA para estos actores cuando operan en otros Estados miembro. Además, reprocha la falta de incorporación de una segunda normativa adoptada en 2022, que actualiza las reglas del IVA sobre determinados servicios digitales, bienes de segunda mano y obras de arte.

El medio detalló que los Estados miembro estaban obligados a transponer ambas directivas antes del 31 de diciembre de 2024 y notificar la adopción de estas medidas en esa misma fecha. Sin embargo, la ausencia de notificación española ante Bruselas llevó a la Comisión Europea a iniciar un procedimiento de infracción. Según la información consignada, las autoridades comunitarias enviaron dos cartas de emplazamiento el 31 de enero de 2025, seguidas por dictámenes motivados el 17 de julio del mismo año, en los que instaron al Gobierno español a cumplir los plazos y completar la transposición de ambas normativas.

La Comisión subraya que, si bien la medida de exención del IVA para pymes es opcional para los Estados miembro y España ha indicado que no prevé aplicarla, el país mantiene la obligación de incorporar al derecho nacional las disposiciones necesarias para que las empresas españolas puedan acogerse a este régimen cuando realicen operaciones en otros mercados de la Unión. Esta condición es fundamental porque, para beneficiarse de la exención en otro Estado miembro, una pyme española debe registrarse previamente ante las autoridades fiscales nacionales, algo que no es posible hasta que la directiva se incorpore formalmente al marco normativo.

Sobre la directiva de 2022, la Comisión Europea advierte que su falta de transposición por parte de España puede acarrear riesgos de doble imposición o, al contrario, la ausencia total de tributación. Esto se explica porque el resto de los Estados miembro ya han adoptado regulaciones uniformes y España, al ser la excepción, introduce discrepancias en la aplicación de este impuesto, según remarcó el medio citado.

La segunda directiva también introduce ajustes en el régimen especial del IVA para bienes de segunda mano, obras de arte, objetos de colección y antigüedades. La Comisión alerta que no adaptar esta normativa puede distorsionar la competencia dentro del mercado interior, ya que los modelos impositivos de los otros Estados miembro ya responden a las nuevas reglas establecidas a escala europea.

Según detalló la fuente consultada, la Comisión Europea, tras agotar las fases previas de advertencia —que incluyeron el envío de cartas de emplazamiento y los dictámenes motivados—, ha tomado la decisión de llevar el caso ante el TJUE. El objetivo es que la justicia europea declare el incumplimiento y reclame a España la implementación de sanciones económicas por la demora.

El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene implicaciones directas tanto para las empresas como para los profesionales españoles, ya que su situación queda en desventaja frente a sus homólogos en otros países del bloque que sí cumplen la normativa común, informó el medio.

La Comisión Europea sostiene que la falta de armonización en la aplicación de estas directivas afecta al buen funcionamiento del mercado interior, reduce la previsibilidad legal para los operadores económicos y puede suponer una carga administrativa adicional para las firmas que desean beneficiarse de los nuevos regímenes fiscales aprobados a nivel europeo.

A lo largo del proceso administrativo previo, la Comisión Europea insistió en su comunicación dirigida a España sobre la importancia de cumplir con los plazos y de garantizar el acceso de las pymes y autónomos a los beneficios establecidos en estas reformas. Según recoge el medio, la reforma de 2020 fue pensada para disminuir barreras y simplificar las exigencias fiscales para las pequeñas empresas, mejorando su competitividad dentro del entorno comunitario.

En el caso concreto de los servicios digitales y aquellos ofrecidos en formato virtual, el nuevo marco legal comunitario busca evitar lagunas fiscales y posibles conflictos de doble tributación. El incumplimiento por parte de España genera incertidumbre sobre la localización del hecho imponible y puede traducirse en diferencias de criterio respecto a dónde deben abonarse los impuestos, puntualizó la fuente.

La decisión de la Comisión también pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre los Estados miembro en la gestión de tributos transfronterizos, un aspecto relevante dado el crecimiento de los servicios electrónicos y el intercambio de bienes y obras entre países de la UE.

Finalmente, el medio reportó que, a pesar de las reiteradas advertencias, España no solo no ha incorporado estas normativas, sino que tampoco ha presentado planes de acción ni ha ofrecido una hoja de ruta sobre la adaptación futura. La Comisión Europea considera que la situación actual perjudica la equidad en el trato fiscal dentro del espacio común europeo y crea un escenario de inseguridad jurídica para las empresas españolas con actividad internacional. La apertura del procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrirá una nueva etapa en la resolución del conflicto y pone en riesgo financiero al Estado español en caso de confirmarse la infracción y acordarse la correspondiente sanción.