Aagesen recuerda que los proyectos de Forestalia investigados están en suspenso y pide auditoría en el ministerio

La reciente providencia judicial relacionada con la causa que investiga los proyectos energéticos del grupo Forestalia determinó el aplazamiento de la vista sobre medidas cautelares, originalmente prevista para el viernes, al considerar el juez que todavía no es posible identificar adecuadamente a todas las partes potencialmente afectadas. Este paso judicial está vinculado a las diligencias abiertas sobre presuntas irregularidades en la tramitación de declaraciones de impacto ambiental y el posible cobro de comisiones asociadas a parques eólicos y fotovoltaicos. En este contexto, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunció la suspensión temporal de los permisos correspondientes y la puesta en marcha de una auditoría interna en su ministerio.

Según detalló Europa Press, durante un acto informativo, Aagesen explicó que los proyectos de Forestalia implicados en la investigación judicial no seguirán adelante por el momento, ya que han sido recurridos por vía administrativa, lo que deriva su suspensión automática. La titular de Transición Ecológica indicó que estas actuaciones afectan especialmente al macroparque eólico denominado Clúster del Maestrazgo, ubicado en la provincia de Teruel. Al ser preguntada sobre una posible paralización de este proyecto a raíz de la solicitud de la Fiscalía y la Guardia Civil, la vicepresidenta tercera aclaró que la mayoría de los planes involucrados están formalmente suspendidos por encontrarse en proceso judicial.

El proceso judicial comenzó tras detectarse posibles manipulaciones en las Declaraciones de Impacto Ambiental necesarias para autorizar parques eólicos y solares, con investigaciones dirigidas a determinar si existieron irregularidades administrativas y el cobro no autorizado de comisiones vinculadas a la aprobación de estos expedientes. Europa Press informó que el análisis judicial toma como referencia un informe medioambiental elaborado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) en el que se analiza específicamente el Clúster del Maestrazgo.

Ante la situación, Aagesen manifestó que, desde el inicio, el Ministerio para la Transición Ecológica ha mantenido una disposición completa a colaborar con las autoridades judiciales. La ministra recalcó que toda la documentación solicitada está o estará a entera disposición de la Justicia, subrayando que este proceso busca garantizar la transparencia en todos los trámites concernientes. Además, anunció que ha solicitado una revisión interna urgente en su departamento para determinar si los procedimientos en los que se adjudicaron los proyectos investigados se ajustaron a la legalidad vigente. Esta auditoría busca clarificar lo ocurrido, las razones detrás de los hechos y la manera de evitar que situaciones similares se repitan en adelante, informó Europa Press.

Respecto a la implicación de antiguos trabajadores del ministerio en la investigación, Aagesen aclaró que el único exresponsable identificado en el procedimiento dejó de ejercer funciones en este organismo hace más de dos años. La ministra aseguró que tuvo conocimiento del caso por medio de la prensa y destacó que la persona en cuestión se trataba de Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental, que se encontraba en el Ministerio desde el año 2017. La vicepresidenta tercera del Gobierno consideró necesario contextualizar la implicación de este exfuncionario, subrayando que no ocupa ya ningún puesto dentro de la administración actual. Según consignó Europa Press, su detención se relaciona con presuntos delitos de corrupción medioambiental, sobre todo respecto a la emisión de certificados para parques eólicos y fotovoltaicos.

A lo largo del procedimiento judicial, tanto el Ministerio como Forestalia y los otros actores implicados se han visto en la necesidad de presentar sus versiones frente a las acusaciones de posibles irregularidades administrativas en la tramitación de licencias empresariales. Europa Press puntualizó que las actuaciones judiciales continúan y que, mientras no se resuelvan los recursos presentados y termine la investigación interna, la tramitación de los proyectos cuestionados permanecerá suspendida.

La investigación aglutina diferentes líneas de trabajo que buscan aclarar los procedimientos de adjudicación y la posible existencia de responsables por la manipulación de expedientes relacionados con el impacto ambiental. El sector energético español permanece atento a la resolución de este caso, ya que sus resultados y las medidas adoptadas podrían sentar precedentes para futuras autorizaciones de macroproyectos energéticos.