Una víctima de trata de seres humanos en Burgos sostiene que vivió bajo "amenazas y humillaciones"

Durante la primera sesión del juicio celebrada en la Audiencia Provincial de Burgos, una mujer que actúa como testigo protegida relató que, además de enfrentarse a constantes amenazas y humillaciones, también vivió bajo control estricto y vigilancia permanente por parte de una persona identificada como la cabecilla de una red que explotaba sexualmente a mujeres migrantes. Según consignó Europa Press, la testigo expuso que las víctimas se encontraban totalmente supeditadas a las decisiones de la organización, sin posibilidad de rechazar los servicios solicitados por los clientes, y que incluso sufrieron presión y coacciones dirigidas a sus familias.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el proceso penal se dirige contra seis personas acusadas de integrar esta estructura delictiva, compuesta por tres mujeres y tres hombres. La Fiscalía ha solicitado un total de 214 años de prisión para los procesados, estableciendo para algunos hasta 64 años de reclusión al considerarlos como los más involucrados en la red. Las penas mínimas solicitadas alcanzan los 17 años para los otros acusados. Según detalló el medio, el juicio tiene una previsión de duración de una semana y media, tiempo durante el cual se prevé analizar las responsabilidades de cada uno por la presunta captación, explotación y control de mujeres, principalmente originarias de Latinoamérica.

El testimonio de la testigo protegida, presentado en la primera jornada del juicio y recogido por Europa Press, sostuvo que la líder del grupo la contactó en octubre de 2018, momento en que había llegado a España y buscaba sustento económico para apoyar a su familia. Tras pasar inicialmente por una ciudad del norte, la víctima se trasladó a Burgos debido a su situación de vulnerabilidad y necesidades familiares. La mujer afirmó que aceptó una oferta laboral de naturaleza sexual, plenamente consciente de ello desde el inicio, pero sin poder buscar alternativas ante la precariedad en la que se encontraba.

Europa Press informó que, tras llegar a Burgos, la testigo se encontró con condiciones muy distintas a las que había pactado. La cabecilla de la organización, quien publicaba anuncios en Internet ofertando servicios sexuales, prometió cierta privacidad y un reparto del 60% de las ganancias para la trabajadora, pero, según la declaración, el acuerdo nunca se cumplió. La vigilancia incluía cámaras instaladas en el salón, lugar donde trabajaba la víctima, y que la acusada revisaba de forma regular para controlar la actividad de las mujeres. Además, señaló que las mujeres trabajaban sin descanso y únicamente se les permitía dormir en ausencia de clientes.

La víctima, en su comparecencia ante la fiscal, relató que las mujeres captadas no podían decidir sobre los servicios ni rechazar a los clientes que la madame gestionaba directamente, según la cobertura de Europa Press. Además, apuntó que la organización intervenía sus ingresos y prometía cubrir gastos como alimentación y productos sanitarios, sin cumplir esta garantía. Precisó que las propias víctimas debían acudir a entidades como Cáritas para adquirir comida o buscar ayuda alimentaria.

En relación al control ejercido por la organización, la testigo explicaba que el sometimiento era total y que existía una vigilancia constante, tanto en el interior de la casa como fuera de ella. Europa Press señaló que la vivienda utilizada para la explotación se encontraba en la calle Luis Alberdi. Las declaraciones incluyeron manifestaciones sobre periodos sin días libres, dinámicas de trabajo de veinticuatro horas, sin posibilidad real de descanso, y la amenaza continua, incluyendo a los familiares de las víctimas.

Respecto a los pagos, la cobertura de Europa Press detalló que el porcentaje retenido por la organización excedía lo pactado. El grupo justificaba la reducción de los ingresos alegando gastos que, según la testigo, nunca asumieron. Ante la presión y el clima descrito de angustia y humillaciones, la mujer decidió marcharse de la organización. Ante esta situación, requirió apoyo psicológico para mitigar los efectos del trauma que, según su declaración, se originó y agravó tras su llegada a España debido al trato recibido.

La defensa de la principal acusada intentó rebatir los hechos, exponiendo que la testigo habría viajado a Burgos para asistir al cumpleaños de una clienta y planteando que residía en otro domicilio. No obstante, persistían los señalamientos sobre la convivencia y explotación dentro del piso donde se desarrollaban las actividades ilícitas, según expuso Europa Press.

El juicio continúa en la Audiencia Provincial, previéndose que durante los próximos días se presenten más testimonios y pruebas para valorar la acusación que recae sobre los seis procesados por la presunta explotación sexual, según se desprende de la cobertura informativa de Europa Press.