El PNV pide al Gobierno apoyo a la siderurgia y un plan de viabilidad para Tubos Reunidos

El reciente expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto en las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia), que afecta a 301 trabajadores, representa uno de los factores que llevaron al Partido Nacionalista Vasco (PNV) a solicitar la intervención del Gobierno central con medidas de apoyo urgentes para la empresa Tubos Reunidos y el conjunto de la industria siderúrgica. Según informó la Agencia EFE, el grupo vasco presentó en el Congreso una proposición no de ley para debatir acciones dirigidas a proteger el empleo y facilitar la recuperación del sector, enmarcando este pedido en la necesidad de asegurar la viabilidad industrial en la región.

De acuerdo con lo publicado por EFE, el PNV pidió en su iniciativa que el Ejecutivo promueva un paquete de medidas que contemple la reestructuración de la deuda que Tubos Reunidos mantiene con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta medida busca que la empresa pueda mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo posible, vinculando cualquier ajuste financiero a un plan integral que garantice el mantenimiento del empleo y la continuidad de la actividad industrial. El planteamiento del grupo vasco aborda tanto la coyuntura económica derivada de los altos costes energéticos como la situación internacional que incide en el mercado del acero.

Entre las demandas específicas, el PNV solicita la eliminación del impuesto a la generación eléctrica, actualmente fijado en el 7%, y una reducción de los cargos y peajes eléctricos. La propuesta incluye la posibilidad de aplicar una exención de hasta el 80% en los peajes de transporte y distribución. Estas medidas, según detalló EFE, buscan aliviar la carga que soportan empresas como Tubos Reunidos por el alto coste energético, uno de los factores que contribuyó a la complicada situación financiera de la compañía.

El PNV también plantea que se revisen las normativas relacionadas con el sector y que se adapten para permitir que el 25% máximo de los ingresos obtenidos por las subastas de derechos de emisión de CO2, como establece la normativa europea, se destinen cada año a compensar los costes indirectos que genera el pago por emisiones. Este mecanismo aspira a reducir el impacto de los costes energéticos y medioambientales, que según consignó EFE, pesan especialmente sobre las empresas siderúrgicas.

Otro de los puntos destacados en la proposición no de ley registrada por el PNV solicita al Gobierno que defienda los intereses de la industria siderúrgica en los debates de la Unión Europea sobre la regulación del mercado del acero. El grupo reclama que España impulse modificaciones que permitan ampliar el número de sectores industriales beneficiados por las compensaciones relativas a los costes indirectos de CO2. De acuerdo con EFE, el objetivo es incluir actividades catalogadas como vulnerables a la deslocalización, ante el riesgo creciente que enfrentan empresas sometidas a una competencia internacional marcada por las diferencias regulatorias y de costes.

Además, la fuerza política vasca insta al Gobierno a analizar las posibilidades que ofrece el marco normativo europeo de ayudas para una industria limpia, conocido como CISAF, con la intención de rebajar el coste de suministro eléctrico en el sector productivo. Esta reducción del gasto energético, según reportó EFE, es considerada esencial para que empresas estratégicas como Tubos Reunidos puedan recuperar la estabilidad operativa y competitiva.

El contexto actual del sector, que según el PNV atraviesa una fase de “profunda transformación”, se ha visto influido también por causas externas como las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, las cuales afectan directamente los costes de producción del acero por el impacto en los mercados internacionales de energía y materias primas. A estos elementos se suman la política de aranceles internacionales, en especial en el mercado estadounidense, que representa uno de los destinos principales para la exportación de productos de Tubos Reunidos.

En lo que respecta a la situación interna de la compañía, el anuncio del ERE realizado en febrero se atribuye a una combinación de factores: los elevados costes energéticos, el impacto de las medidas comerciales internacionales y el peso de la deuda adquirida frente a la SEPI, acorde con lo que reportó EFE. Frente a estos desafíos, el PNV exige que el Ejecutivo valore, en coordinación con la empresa y las autoridades correspondientes, una reestructuración de la deuda o ajustes de las condiciones financieras. Este análisis debería vincularse a la presentación de un plan de viabilidad industrial destinado a preservar la mayor cantidad posible de empleos, como consta en el documento presentado en el Congreso.

El texto remitido al pleno también reclama la defensa activa del sector en foros europeos, con atención especial al debate sobre la normativa del mercado del acero, buscando así crear un entorno regulatorio más favorable. Según informó EFE, este enfoque pretende asegurar la competitividad y situar a la industria siderúrgica vasca en condiciones equivalentes a las de sus competidores internacionales. En el caso de Tubos Reunidos, considerada por el PNV como una empresa de relevancia estratégica tanto por su dimensión como por su arraigo en el País Vasco, la supervivencia de la firma se presenta como una prioridad para el mantenimiento del tejido industrial de la zona.

La iniciativa del grupo vasco incluye también el llamamiento a la Administración para que promueva negociaciones a nivel comunitario con el objetivo de ampliar la cobertura de las compensaciones a los sectores en riesgo de deslocalización y fomentar el análisis del potencial de los instrumentos financieros y normativos europeos para abaratar el coste energético inherente a la producción siderúrgica. El PNV sostiene que una intervención coordinada entre empresa, gobierno central y autoridades europeas puede ofrecer garantías para el futuro tanto de Tubos Reunidos como del resto de la industria del acero española, en un contexto global caracterizado por una competencia creciente y regulaciones dispares.

Con esta proposición no de ley, registrada para debate en el pleno del Congreso, el PNV reafirma su postura respecto a la necesidad de impulsar medidas urgentes y sostenidas que permitan afrontar los retos actuales del sector, favoreciendo la recuperación industrial y la preservación del empleo frente a un escenario dominado por la incertidumbre económica y las amenazas a la producción nacional.