El juez suspende la declaración del exjefe de la UDEF que escondía 20 millones emparedados en su casa

La decisión del magistrado Francisco de Jorge de convertir la declaración inicialmente prevista en una indagatoria, figura mediante la cual se comunica formalmente el procesamiento judicial, motivó que la defensa de Óscar Sánchez solicitase un aplazamiento para poder analizar con mayor profundidad el auto de procesamiento antes de comparecer ante la Audiencia Nacional. De acuerdo con Europa Press, el juez aceptó este requerimiento y suspendió la declaración que estaba programada por videoconferencia este lunes.

La medida involucra a Óscar Sánchez, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, detenido desde finales de 2024 y conocido porque, según las investigaciones, ocultaba cerca de 20 millones de euros emparedados en su domicilio. Tal como detalló Europa Press, Sánchez había pedido declarar voluntariamente durante la fase de instrucción ante el actual titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el avance de la causa y su reciente procesamiento provocaron la modificación de su situación judicial y condujeron a la suspensión del interrogatorio.

El magistrado Francisco de Jorge basó la resolución de procesamiento en diversos elementos probatorios obtenidos durante la investigación. En el auto, se recogen las conversaciones telefónicas intervenidas, las vigilancias efectuadas y los informes de los cuerpos policiales elaborados tras la incautación de documentos y dispositivos informáticos en los registros practicados. Europa Press detalló que estos indicios emergieron del marco global de la investigación, que abarca a diversos implicados, además de múltiples empresas sujetas a análisis por vínculos con el narcotráfico.

Según la conclusión del instructor, la participación de Sánchez en la supuesta trama se centraba en la consulta de bases de datos policiales con el fin de identificar o descartar investigaciones abiertas sobre los presuntos miembros de la organización criminal. El magistrado expuso que Sánchez prestaba este servicio a cambio de importantes sumas de dinero, razón por la cual, para dificultar el rastreo de los pagos, implementó un esquema sofisticado de ocultación. La estrategia comprendía la creación de empresas y sociedades, así como el uso de criptoactivos, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de las remuneraciones, según especificó el juez en uno de los autos recogidos en la causa.

El auto recoge además que, aprovechando la apertura de investigaciones reales por hechos distintos a los suyos, el inspector construyó lo que el juez calificó como un “campo de minas” en torno a individuos y sociedades desde las que él y sus allegados recibían transferencias de fondos. El propósito de esta táctica era determinar si otras unidades policiales realizaban pesquisas sobre esos clientes y, en consecuencia, detectar posibles riesgos para la red.

El caso adquirió un impulso clave tras la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024, en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Tal como consignó Europa Press, este decomiso representa la mayor cantidad de esta droga interceptada en España y la segunda en toda Europa, situando el contexto de la investigación en un marco de tráfico ilícito de alcance internacional.

La red investigada no solo involucra a Sánchez, sino también a otros sospechosos y sociedades. Según publicó Europa Press, el pasado mes de febrero, el magistrado procesó a Ignacio Torán, señalado por los investigadores como líder del entramado delictivo vinculado al antiguo jefe de la UDEF. Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional señalaron a Torán como “responsable de la importación” del estupefaciente y “socio e interlocutor principal” de Sánchez, de acuerdo con la documentación incluida en la causa.

En uno de los informes recientes aportados al expediente, se especificó que Óscar Sánchez figuró supuestamente en la introducción de 39 contenedores –interviniéndose tan solo dos de ellos– que sumaban alrededor de 73 toneladas de cocaína. En este contexto, el investigado habría recibido de Torán un pago superior a 32 millones de euros, según la misma fuente.

Los hechos investigados, las conexiones entre agentes del orden y organizaciones criminales, así como las estrategias desarrolladas para burlar la vigilancia policial, configuran uno de los expedientes más significativos del último año según matizó Europa Press, en función de la cantidad de droga incautada y las implicaciones institucionales. Las diligencias continúan abiertas en la Audiencia Nacional, y la declaración de los principales implicados sigue a la espera de que la defensa de Sánchez estudie el auto de procesamiento. El proceso se encuentra en una fase crítica, con decenas de indicios documentales, periciales y testimoniales sometidos al escrutinio de la justicia.