El padre del menor fallecido, Daniel, manifestó que conocer la sentencia será un momento especialmente doloroso, expresando la dificultad que atraviesa la familia tras el proceso judicial. Tal como publicó Europa Press, el Juzgado de Menores de Sevilla declaró este viernes, 6 de marzo, visto para sentencia el juicio contra el joven acusado de apuñalar mortalmente al adolescente en Isla Mayor, Sevilla, el pasado 2 de julio. El proceso alcanzó su fase final mientras familiares y vecinos mostraron su respaldo y profundizaron en el debate sobre la normativa penal para menores.
Europa Press detalló que la petición formulada por la Fiscalía incluye seis años de internamiento en régimen cerrado para el acusado, que tenía quince años al momento de los hechos, junto con tres años adicionales de libertad vigilada y asistencia educativa. Se le atribuyen presuntos delitos de homicidio y tentativa de robo. El episodio tuvo lugar en el poblado Alfonso XIII, situado en Isla Mayor, y resultó en la muerte de Daniel tras un apuñalamiento a las 00:30 horas en una parada de autobús del municipio.
A la entrada de la vista oral, los padres de la víctima expresaron el impacto de los días previos y reafirmaron su petición de cambios en la legislación. La madre, Manoli Gómez, sostuvo que "la vida de mi niño no vale cinco años" y reiteró el reclamo para endurecer la Ley del Menor. Por su lado, el padre, Francisco José Márquez, calificó como "muy duros" los días vividos y adelantó que, aunque esperan justicia, el conocimiento de la sentencia significará otro momento difícil para la familia. Márquez también recordó, tal como recogió Europa Press, que al inicio de la primera sesión del juicio sostuvo que la familia "no tendrá justicia", basando su queja en que, según la Ley Orgánica 5/2000, la pena máxima para menores de 14 a 15 años por homicidio no supera los cinco años de internamiento.
El acusado se encontraba a tan solo 28 días de cumplir dieciséis años al momento de los hechos. La familia insiste en la necesidad de modificar el marco legal para los delitos graves cometidos por menores de esa franja de edad, argumentando que la actual legislación resulta insuficiente para casos como el que ha afectado a Daniel.
El medio Europa Press reportó que el lugar del juicio contó con la presencia de autoridades locales que se desplazaron expresamente para acompañar a los familiares de la víctima en la última jornada del proceso. Entre ellos estuvieron Juan Molero, alcalde de Isla Mayor; Modesto González, alcalde de Coria del Río; y Lola Prósper, alcaldesa de Puebla del Río. Molero afirmó que la comunidad local considera que el episodio suscita solidaridad generalizada y representa un hecho doloroso para todo el municipio.
Prósper, alcaldesa de la localidad donde vivía Daniel, relató la conmoción que experimentaron los vecinos tras conocer el desenlace y confirmó el acompañamiento institucional en un contexto especialmente difícil para la familia afectada. González, desde Coria del Río, municipio de origen de la madre de Daniel, consideró relevante el debate sobre una eventual revisión de la ley, aunque reconoció las dificultades que supone determinar los límites de esa normativa. Remarcó, no obstante, la importancia del respaldo y la compañía hacia los allegados de la víctima.
Según consignó Europa Press, tras el suceso y el fallecimiento, Isla Mayor celebró un minuto de silencio en memoria de Daniel, al cual acudieron tanto allegados como habitantes de la localidad. Posteriormente, una parte de los vecinos manifestó su rechazo y dolor efectuando pintadas y destrozos en la vivienda del presunto responsable del homicidio, evidenciando la tensión y el impacto comunitario posterior al crimen.
El proceso judicial, cuyas sesiones han sido catalogadas como difíciles por la familia de la víctima, se encuentra a la espera de sentencia mientras todos los actores involucrados coinciden en el impacto emocional y social causado por el episodio. Europa Press subrayó que la cobertura del caso ha puesto en primer plano las discusiones sobre la regulación penal de la minoría de edad en casos de delitos graves.
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