Un acusado del asesinato de un joven en Fuenlabrada habría ordenado el crimen como 'Suprema' de los DDP, según Policía

El análisis de llamadas entre los acusados, realizado en el marco de la investigación policial, reveló una intensificación de contactos a partir del 4 de octubre y mostró, según lo expuesto en el juicio, un patrón de comunicación que para los agentes indicaba la toma de medidas de seguridad como el apagado o desplazamiento de los teléfonos móviles para dificultar el rastreo. Esta circunstancia, unida a otros indicios, ha sido utilizada por los investigadores para argumentar que el asesinato del joven de 21 años en las inmediaciones de la discoteca CañaBrava de Fuenlabrada no fue un acto aislado, sino el resultado de una preparación previa en el marco de una disputa entre bandas juveniles rivales, según informó Europa Press.

El jefe del Grupo 21 de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, quien compareció en la vista oral, explicó que uno de los acusados, señalado como 'Suprema' del Coro de Campamento de los Dominicans Don't Play (DDP), habría dado la orden de ejecutar el homicidio como represalia por un ataque anterior atribuido a miembros de los Trinitarios. De acuerdo con los datos presentados en el juicio y recogidos por Europa Press, las instrucciones presuntamente impartidas desde los niveles superiores de la organización llegaron a los autores materiales a través de intermediarios. Dos menores han sido condenados hasta ahora por la autoría del asesinato tras la investigación policial y judicial.

En el desarrollo de la vista oral, el responsable policial indicó que el evento donde ocurrió el crimen, un concierto celebrado en la discoteca, había sido calificado de alto riesgo por la presencia de un artista relacionado con el ambiente de los Trinitarios, banda considerada rival de los DDP. Europa Press detalló que en un concierto previo del mismo artista, Rochy RD, se registró un enfrentamiento en Madrid entre integrantes del coro Torrejón de los Trinitarios y miembros del coro Campamento de los DDP, el cual derivó en un tiroteo y dejó a un miembro de los Trinitarios herido por arma blanca.

La investigación forense estableció que la víctima mortal presentaba heridas tanto por arma blanca como por arma de fuego. Los especialistas en balística hallaron tres proyectiles deformados en la escena del crimen, lo que sugiere al menos tres disparos realizados, a los que se añade un cuarto disparo puesto que una segunda víctima no mortal presentaba una bala alojada en su cuerpo. Otro joven también sufrió heridas de bala y una tercera persona resultó blanco de dos disparos que no llegaron a impactarle, según el recuento publicado por Europa Press.

Los testimonios recogidos por los agentes permitieron identificar la relación de algunas de las víctimas con los Trinitarios y constatar amenazas previas dirigidas a miembros de DDP. Uno de los declarantes relató que el día del crimen observó imágenes del fallecido realizando el gesto conocido como "patria", un símbolo asociado a los Trinitarios, mientras que otro testigo afirmó haber visto a dos personas con pasamontañas negro, quienes tras el ataque se subieron a una furgoneta blanca de reparto. Este testigo aportó una matrícula parcial iniciada en 50 y describió al conductor como un hombre con barba.

Según publicó Europa Press, la investigación policial detectó que la furgoneta utilizada para la huida había sido robada en la zona de Colonia Jardín y fue localizada días después en un taller del distrito de Latina. Las pesquisas llevaron al hallazgo de una huella en una matrícula sustraída, también robada en la misma zona, lo que fortaleció la identificación de la cadena de hechos. El rastreo del vehículo constituyó uno de los avances principales de la instrucción policial.

El tráfico telefónico entre los acusados y el menor condenado por los disparos sirvió para reconstruir la comunicación previa y los posibles acuerdos para llevar a cabo el acto violento, según la información proporcionada durante el juicio y detallada por Europa Press. Una de las llamadas registradas mostró que, en palabras del instructor policial, el menor contactó con otro de los procesados con el propósito de "activar" el asesinato.

En cuanto al papel que jugó cada uno de los acusados en la ejecución de los hechos, algunas defensas han argumentado la inexistencia de pruebas concluyentes para acreditar la jefatura o liderazgo sobre la estructura criminal. Una defensa destacó que su cliente se encontraba en prisión desde 2017 por un delito de estafa, y negó cualquier dirección de la operación homicida desde su celda. Europa Press reportó que, no obstante, la Policía argumentó que los investigados cumplían parámetros asociados a las bandas juveniles, tales como indumentaria de color negro, antecedentes de detenciones con armas blancas, aprehensión de machetes y otras características.

De acuerdo con la información recogida en la vista oral, el agente responsable del caso ratificó que la acción se definió en el lenguaje propio de las bandas como "una vuelta", es decir, una venganza autorizada por el máximo responsable o 'Suprema' del coro, dirigida como respuesta a una agresión antedecente donde miembros destacados de los DDP habían sido objetivo de los Trinitarios. "Las órdenes --del jefe-- llegan a través de otros", sostuvo el instructor policial, subrayando la naturaleza jerárquica y organizada de la operación.

Uno de los menores ya sentenciados por el caso manifestó en el juicio haber efectuado personalmente el disparo que acabó con la vida del joven, aunque señaló que lo hizo por decisión propia, alegando que "nadie de la banda DDP le ordenó cometer el asesinato", y que aquel día se encontraba "rayado". Este testimonio fue recogido por Europa Press durante la cobertura del proceso judicial.

La Fiscalía, tal como informó Europa Press, imputa a los principales acusados el delito de asesinato agravado, vinculado a la pertenencia a organización criminal, así como otros cargos por tentativas de homicidio y tenencia ilícita de armas. Para quien figura como presunto líder del coro, solicita la condena de prisión permanente revisable y 78 años de reclusión adicional. Otro de los encausados afronta una petición fiscal de cinco años por integración en organización criminal, mientras que un tercero está acusado de cooperación necesaria en el asesinato y en los intentos de homicidio, sumando penas superiores a 20 años de prisión.

A lo largo del juicio, se ha recabado documentación gráfica y audiovisual que, según el relato policial, respalda la supuesta participación y vínculos de varias víctimas con la estructura de los Trinitarios y las motivaciones de fondo de la represalia. Además, las pruebas periciales, las declaraciones de testigos y los hallazgos materiales relacionados con vehículos y armas han sido parte central de las exposiciones en la vista oral, que continúa su desarrollo con la comparecencia de los implicados y de los responsables de la investigación policial.