
El tribunal de la Audiencia Nacional encargado del ‘caso Dina’ recibió, antes del inicio del juicio, un escrito firmado digitalmente por Pablo Iglesias y Dina Bousselham en el que ambos comunican su decisión de otorgar el perdón a los dos periodistas acusados de divulgar información privada extraída de la tarjeta telefónica de Bousselham, sustraída en 2015. Según informó el medio, ese documento surgió tras negociaciones celebradas durante el fin de semana previo a la primera sesión del juicio y fue presentado al tribunal por el abogado de la exasesora de Podemos, Gorka Vellé, quien compartió ante la magistrada Teresa Palacios que el acuerdo incluyó el reconocimiento parcial de los hechos por parte de las defensas de los periodistas.
De acuerdo con la información publicada, el pacto entre las partes establece que, en reconocimiento parcial de los hechos imputados, las defensas aceptan la exposición presentada en relación al Ministerio Fiscal a cambio de la concesión del perdón por parte de las víctimas particulares. El letrado Vellé precisó ante la Sala que el acuerdo se reflejó en un documento digitalmente firmado, dado que ni Iglesias —que se encuentra en México— ni Bousselham asistieron de forma presencial. Vellé consultó también si el propio escrito era suficiente para legalizar el acuerdo o si el tribunal requeriría la presencia física para su ratificación.
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El medio consignó que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, trasladó la duda al representante del Ministerio Fiscal, quien confirmó que la Fiscalía no participaba del acuerdo y que había tenido conocimiento del mismo durante la misma sesión. La fiscalía indicó que, ante la existencia de un perdón expreso por parte de los afectados particulares, en delitos de naturaleza semipública la acusación pública no podría continuar por sí sola la acción penal respecto a los periodistas. Sin embargo, el acuerdo no afectaría la causa seguida contra el excomisario José Manuel Villarejo, ya que este era funcionario público en el momento de los hechos y el procedimiento penal ante funcionarios posee otras condiciones legales.
El tribunal suspendió la vista una media hora para que la defensa remitiera el documento firmado, con objeto de que los magistrados y la Fiscalía analizaran el alcance jurídico del perdón y su impacto en la continuación del juicio. Según detalló el medio, la investigación gira en torno al recorrido de la tarjeta de Dina Bousselham, robada en el año 2015, cuyo contenido apareció tiempo después en publicaciones de diversos medios, implicando una supuesta revelación de secretos.
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El caso se dirime después de años de investigación en los que tanto el exlíder de Podemos como su exasesora han ejercido la acusación particular, mientras que la Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión para Villarejo y tres para cada periodista acusado, todos imputados por el delito de descubrimiento y revelación de secretos y su difusión a terceros, según reportó el medio. Además, la Fiscalía solicita que los acusados paguen de manera solidaria una indemnización civil de 5.000 euros a favor de Bousselham y 1.000 euros a nombre de Pablo Iglesias, considerándolos víctimas del acceso y difusión ilegítima de información privada.
El medio detalló que, durante la primera sesión del juicio, la magistrada Palacios consultó expresamente a todas las partes procesales sobre su posición frente a la posibilidad de ratificación del acuerdo, y recordó la obligatoriedad, en delitos de esta tipología, de contar con la expresa voluntad de la parte perjudicada para continuar con la acción penal. Este matiz resultó relevante para la posible exoneración de los periodistas, siempre que el tribunal considere válido el acuerdo alcanzado y el perdón formalizado por los particulares.
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En el caso de Villarejo, el procedimiento judicial continúa, pues según la Fiscalía se trata de un supuesto diferente por su condición de funcionario. Hasta el momento, según informó el medio, el tribunal sigue analizando la validez del escrito y evaluando la viabilidad de suspender o proseguir la causa respecto a los periodistas acusados, a la espera de que se delimite la operatividad legal del acuerdo anunciado en la Sala.
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