Morant remarca que el "problema de la vivienda" tiene "el nombre del PP": "Acaba beneficiando a su entorno"

Según declaraciones recogidas hacia el final del comunicado difundido por el PSPV, se confirmó que más de 5.400 familias figuran inscritas como solicitantes de vivienda de protección pública en Alicante. Estas afirmaciones sirvieron de marco para reforzar la acusación de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, quien denunció que la gestión de la vivienda protegida por parte del Partido Popular en la Comunitat Valenciana presenta graves irregularidades tras la adjudicación de 140 viviendas de protección en la promoción Les Naus, en Alicante. De acuerdo con la información publicada por el PSPV y reflejada en medios nacionales, Morant atribuyó la responsabilidad central del problema habitacional al Partido Popular y señaló públicamente a cargos específicos de este partido, reclamando la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala.

El PSPV expuso que la reciente promoción de 140 viviendas en Les Naus —descripta como la primera oferta de vivienda pública en dos décadas en la ciudad— generó polémica por la orientación de los beneficiarios. Morant catalogó como “escándalo” que las moradas hayan terminado en manos de personas pertenecientes al entorno del Partido Popular, incluyendo concejales, cargos y allegados del partido. En palabras recogidas por el medio, la dirigente socialista subrayó que no se trata de una situación aislada, citando casos similares detectados no solo en Alicante, sino también en Sant Joan, Sant Vicent del Raspeig y València.

Los cuestionamientos del PSPV se concentraron en la modificación de normativas impulsada bajo gobiernos autonómicos presididos por el PP, primero dirigidos por Carlos Mazón y continuados actualmente por Juanfran Pérez Llorca, según consignó el PSPV en distintas notas y declaraciones oficiales. De acuerdo con esas fuentes, uno de los principales cambios consistió en la eliminación de la obligación de inscripción en el registro de demandantes como requisito para acceder a la vivienda pública. Esta decisión abrió la posibilidad de que solicitantes con ingresos de hasta 4.000 euros mensuales optaran a las promociones, hecho que, según la denuncia, favoreció que la adjudicación no priorizara a los sectores con mayor necesidad habitacional.

Otra de las modificaciones cuestionadas incluyó la supresión de la cláusula que aseguraba el carácter permanente de la protección de la vivienda adjudicada. Esto habilita a los propietarios a vender las propiedades en el mercado libre, opción que, según el PSPV-PSOE, facilita la especulación sobre bienes pagados inicialmente con recursos públicos destinados a facilitar el acceso de familias trabajadoras a una vivienda asequible. Morant recalcó que la diferencia de precio entre el valor de venta (alrededor de 230.000 euros) y el real de mercado (cercano a los 400.000 euros) representa una subvención que financia el conjunto de la ciudadanía mediante la cesión de suelo público.

En relación con la responsabilidad política, la líder del PSPV-PSOE exigió la asunción de responsabilidades por parte del alcalde de Alicante, a quien situó como máximo responsable político de la situación. Reiteró que la solución no puede pasar por eludir responsabilidades ni por responsabilizar a terceros, sino por la dimisión inmediata del dirigente municipal. El comunicado remarcó la urgencia de revertir la normativa, instando directamente a Pérez Llorca a restablecer los mecanismos legales previos que impedían la especulación y reservaban la vivienda de protección exclusivamente para quienes las necesitan.

Según publicó el PSPV, Morant cuestionó además la gestión de la legislación estatal en materia habitacional, centrando las críticas en la supuesta inacción del PP autonómico respecto a la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central. Dicha ley faculta a las autonomías a declarar determinadas áreas como “zonas tensionadas” y a imponer límites a los precios del alquiler. Morant afirmó que, mientras comunidades autónomas gobernadas por otros partidos han implementado estas medidas y observado descensos en los alquileres, la Generalitat valenciana habría optado por no aplicar dichas restricciones en áreas como Elche-Alicante, València y Castelló.

El comunicado socialista aludió también a la actuación del PP en el Congreso, indicando que la formación votó de manera sistemática contra medidas de protección social destinadas a familias vulnerables frente a desalojos. Morant acusó a los populares de rechazar el “escudo social” promovido a nivel nacional, contrastando esa postura con los criterios de adjudicación de viviendas públicas en la Comunidad Valenciana, que según la denuncia, favorecen a personas pertenecientes a la estructura del propio partido o afines.

La información reunida de diversas declaraciones y documentos del PSPV, analizó, además, la problemática general de acceso a la vivienda en la región: señaló que, mientras el número de familias vulnerables que solicitan vivienda protegida supera ampliamente la oferta disponible, el modelo impulsado por el PP conduciría, según el PSPV, a beneficiar a sectores no prioritarios y, en palabras textuales de Morant, propicia “el pelotazo” mediante la financiación pública de suelo y la posterior liberalización de precios.

El contexto de estas acusaciones revela la persistencia de demandas sociales sobre vivienda y enfatiza las consecuencias de las reformas legales introducidas en los últimos años. Según el PSPV, la situación actual no solo afecta a Alicante sino que constituye un patrón replicado en diversos municipios, afectando la percepción sobre la transparencia y equidad en el acceso a la vivienda protegida en toda la Comunitat Valenciana.