Milans del Bosch pidió al rey que hablara con Armada en la ronda del monarca con las capitanías generales

Durante las comunicaciones entre la Casa Real y las autoridades militares la tarde del 23 de febrero de 1981, el control sobre Televisión Española fue un asunto delicado. Según detalló el medio El País, el coronel Valencia, responsable del regimiento Villaviciosa, debió intervenir para facilitar la retirada de la unidad militar que ocupaba TVE, bajo el mando del capitán de Caballería Merlo, permitiendo así preparar la emisión de un mensaje del rey a través de radio y televisión. Este episodio formó parte de las medidas puestas en marcha unas horas después del asalto al Congreso de los Diputados durante el golpe de Estado conocido como 23F, según obra en un documento previamente confidencial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que el Ministerio de Defensa desclasificó recientemente.

De acuerdo con la información publicada por El País, las decisiones y conversaciones clave se produjeron después de que Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa del Rey, informara que el general Alfonso Armada tenía la intención de acudir al Palacio de la Zarzuela. Ante este aviso, alrededor de las siete de la tarde, el rey Juan Carlos ordenó no permitir la entrada de Armada en la residencia real y que la Junta de Jefes de Estado Mayor asumiese el mando de las acciones militares vinculadas al intento de golpe.

El documento desclasificado, titulado “Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero”, recoge el desarrollo de los contactos que el rey decidió establecer personalmente con las capitanías generales, en torno a las siete de la tarde, aproximadamente cuarenta minutos después de que un grupo armado irrumpiera en el Congreso de los Diputados. Durante estas conversaciones, Milans del Bosch, jefe de la III Capitanía con base en Valencia, manifestó al monarca su disposición a seguir sus instrucciones y aseguró haber tomado medidas para mantener el orden. Sin embargo, según consignó El País, Milans también preguntó si el rey había hablado con el general Armada y le solicitó que lo hiciera.

El informe aclara que las comunicaciones con la capitanía dirigida por Milans resultaron difíciles. No obstante, el contacto permitió confirmar la postura de Milans y sus demandas. Paralelamente, Fernández Campo se puso en contacto, por instrucción directa del rey, con Francisco Laina, director general de la Seguridad del Estado. El resultado de esa gestión fue la convocatoria de una reunión urgente entre los Secretarios de Estado y el Subsecretario del Ministerio del Interior, con el propósito de acordar medidas legales en respuesta a la situación excepcional que atravesaba el Gobierno, retenido en el Congreso, y coordinarse estrechamente con la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Según detalló El País, la expansión de los contactos del rey a distintas regiones militares tenía el propósito de obtener información directa sobre la postura de las fuerzas armadas y garantizar la coordinación ante los acontecimientos centrados en Madrid. El documento remarca que el monarca tomó estas medidas tras decidir no autorizar la visita de Armada a Zarzuela y orientar la respuesta militar a través de los mandos integrados en la Junta.

Alrededor de las 19:30 horas, tras recabar información sobre la situación en las diversas capitanías generales, se acordó transmitir un mensaje oficial del rey por televisión y radio, para clarificar la postura de la Corona frente a los hechos en curso y apelar a la legalidad. El País reportó que, en ese momento, el acceso a las instalaciones de TVE estaba comprometido por la presencia militar. Tras un fallido intento de comunicarse con el capitán Merlo —quien afirmó que solo obedecería instrucciones provenientes de su coronel—, se realizó una gestión directamente con el coronel Valencia. Este último se comprometió con Fernández Campo a ordenar la retirada de los hombres bajo sus órdenes, conforme indica el mismo escrito desclasificado.

El documento examinado por el medio El País representa un registro detallado de los minutos cruciales que siguieron a la irrupción armada en el Congreso. Aporta nuevos datos sobre el flujo de información entre los altos mandos militares, la Casa del Rey y las autoridades gubernamentales civiles. Asimismo, permite reconstruir la secuencia de las decisiones adoptadas desde Zarzuela, en especial la negativa a que Armada acudiera a la residencia real, el contacto directo con las capitanías generales y la instrucción de comunicar la posición del monarca a la población a través de los medios estatales, que en ese momento se encontraban bajo tensión y vigilancia militar.

La publicación de estos documentos, según El País, contribuye a esclarecer la manera en que la Corona y las autoridades respondieron al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, poniendo de relieve la interacción entre distintas figuras militares, la intervención de la Junta de Jefes de Estado Mayor y la defensa de la legalidad por parte de la jefatura del Estado en el contexto de una crisis institucional.