El BOE publica la desclasificación de documentos del 23-F al no suponer ya riesgo para la seguridad y defensa del Estado

La decisión de desclasificar los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 responde al argumento de que el paso del tiempo ha eliminado cualquier riesgo real y presente para la seguridad y defensa del Estado español, según el acuerdo oficial publicado. El Consejo de Ministros aprobó la medida tras determinar que la información contenida en los expedientes ya no justifica su protección especial y, desde hoy, los ciudadanos podrán consultar esos materiales a partir de las 12:00 horas en la página web de La Moncloa. La medida abarca todos los actos, documentos, datos y objetos vinculados al conocido intento de sublevación encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, anunció el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según informó el BOE, la decisión del Consejo de Ministros contó con la propuesta conjunta de varias carteras del Gobierno: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Defensa e Interior. Cada uno de estos ministerios respaldó la conveniencia de levantar la clasificación restrictiva que pesaba sobre los expedientes del 23-F. La publicación del BOE recoge el acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Ministros celebrada ayer y precisa que la desclasificación afecta a cualquier asunto relacionado con el golpe fallido, sin limitarse a aspectos determinados.

El medio oficial detalló que, hasta la fecha, estos documentos se mantenían protegidos bajo la premisa de salvaguardar la seguridad institucional y nacional. No obstante, el texto publicado señala que “ya no existe justificación para sustraer al derecho fundamental de comunicar y recibir información veraz y al derecho de acceso a los archivos y registros públicos” aquellas informaciones concernientes al 23-F. El acuerdo indica también que la apertura al acceso público se adoptó “sin perjuicio de las restricciones que puedan resultar de otras normas del ordenamiento jurídico”, lo que indica que podría persistir algún tipo de limitación derivada de leyes distintas a la propia resolución de desclasificación.

El Boletín Oficial del Estado especifica que la medida de acceso cubre no solo documentos escritos, sino también otros tipos de soportes y objetos vinculados a los acontecimientos del 23-F, abarcando así una amplia gama de materiales históricos. El intento de golpe de Estado, protagonizado por militares y fuerzas de seguridad bajo el liderazgo de Tejero, tuvo lugar en el hemiciclo del Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 y representó un momento crítico en la historia reciente de España.

Según consignó el BOE, los autores del intento de golpe fueron condenados de manera firme por el Tribunal Supremo a través de una sentencia dictada el 22 de abril de 1983, en la que se les consideró culpables de rebelión militar. El documento publicado este miércoles subraya que la condena y el tiempo transcurrido refuerzan la justificación para abrir estos archivos a la consulta ciudadana.

De acuerdo con el Consejo de Ministros, los criterios para proceder a la desclasificación se fundamentan en la evaluación de los riesgos actuales, y se concluyó que los peligros para la protección institucional han desaparecido, posibilitando así el acceso a los archivos sin menoscabar intereses estratégicos del Estado. El acuerdo destaca que la publicación solo alcanza los asuntos vinculados de manera directa con el intento de golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero de 1981, conservando la reserva respecto a datos cuya protección obedeciese a motivos ajenos a la seguridad nacional, en virtud de otras normas específicas.

El texto legal oficial recuerda que el derecho de acceso a documentos, archivos y registros públicos es un principio constitucional, en tanto que la transparencia y la disponibilidad de información sirven a la ciudadanía en la comprensión de acontecimientos históricos de relevancia. Según detalló el Boletín Oficial del Estado, la desclasificación no supone un acceso irrestricto a cualquier documento gubernamental, sino solo a los que no se ven afectados por otras disposiciones legales de confidencialidad o seguridad.

El Consejo de Ministros puso a disposición de los interesados la consulta electrónica a través de la web de La Moncloa, lo que permite una mayor facilidad para el acceso y la revisión de los materiales. Esta decisión se produce después de reiteradas demandas de transparencia y acceso a los archivos históricos por parte de colectivos, investigadores, periodistas y ciudadanos, en torno a uno de los episodios más analizados y documentados de la transición democrática española.

El Boletín Oficial del Estado reiteró que la medida recoge la recomendación de ajustar la protección de los documentos a la actualidad y a los eventuales riesgos presentes, y que, al no detectarse ninguna amenaza concreta, se optó por hacer accesible una información que ha permanecido clasificada durante más de cuatro décadas.

Los documentos pueden incluir correspondencia oficial, informes internos, comunicados, registros audiovisuales y elementos materiales relacionados con la preparación, ejecución y consecuencias inmediatas del golpe de Estado fallido. Según publicó el BOE, el acceso responde también al deber constitucional de garantizar que los ciudadanos puedan “comunicar y recibir información veraz”, tal como se recoge en la Carta Magna.

La normativa vigente establece, según recordaron fuentes oficiales, que la desclasificación de archivos puede efectuarse si desaparecen los motivos iniciales de protección, situación que, según el BOE, se produce en este caso debido al tiempo transcurrido y al no existir riesgos actuales para la seguridad nacional. El Consejo de Ministros aseguró que la decisión se tomó tras análisis previos de los efectos potenciales del acceso libre a estos documentos y su eventual impacto en la esfera institucional.

El acuerdo publicado se estructura en tres páginas y establece los parámetros para la consulta pública y los límites que puedan establecerse con arreglo a normas como la protección de datos personales u otras consideraciones legales. A partir del mediodía de hoy, cualquier ciudadano interesado podrá acceder al contenido habilitado a través de los canales oficiales, sentando un precedente en el acceso a materiales relacionados con episodios de gran significado en la historia democrática de España, de acuerdo con la información difundida este miércoles por el Boletín Oficial del Estado.