
Durante su intervención en el Congreso, la diputada Àgueda Micó, integrante del Grupo Mixto y portavoz de Compromís, insistió en la importancia de esclarecer y reparar los hechos provocados por la riada que afectó a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Según informó Europa Press, Micó enfatizó que la solicitud de la jueza Nuria Ruiz Tobarra para imputar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, responde a la existencia de “indicios claros” que lo vinculan con la gestión de la catástrofe. Esta petición se remite ahora al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, debido a que Mazón, al conservar su escaño en las Cortes Valencianas, goza de fuero.
De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la jueza Ruiz Tobarra remitió un escrito motivado al alto tribunal autonómico, donde expone las razones que considera suficientes para impulsar la investigación penal contra Mazón. Este paso legal ocurre en el marco de la causa abierta tras la llamada Dana —depresión aislada en niveles altos— que provocó inundaciones mortales y, según el balance oficial, causó 230 víctimas en la provincia de Valencia.
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Micó, durante su declaración ante los medios recogida por Europa Press, remarcó que su grupo ha mantenido una postura firme en exigir que Mazón y los miembros de su ejecutivo respondan ante la Justicia no solamente en el ámbito político, sino también penal. “Solo pedimos se haya Justicia, verdad y reparación para todas las víctimas mortales y todos los valencianos y valencianas de bien y para que esto no vuelva a ocurrir”, manifestó la diputada según detalló Europa Press.
La postura de Compromís incluye la demanda de que se esclarezcan los motivos y las actuaciones que, a su juicio, constituyen posibles negligencias durante la gestión pública de la emergencia. La formación recalca la necesidad de que, ante eventos de tal gravedad, quienes ostentan responsabilidades públicas respondan en todas las esferas, y sostiene que el esclarecimiento de los hechos debe permitir la reparación urgente para quienes sufrieron directamente las consecuencias.
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Europa Press consignó que el proceso judicial abierto tras la Dana se centra en identificar las acciones y omisiones en la gestión de la crisis por parte del equipo gubernamental encabezado por Carlos Mazón. La presentación del escrito por parte de la jueza Ruiz Tobarra representa un paso formal en la investigación de presuntas responsabilidades del expresidente, quien mantiene su aforamiento como diputado autonómico.
La diputada Àgueda Micó subrayó ante la prensa que la exigencia de Justicia y de reparación a las víctimas es prioritaria, y reiteró el compromiso de Compromís con la transparencia, tanto en la investigación de los hechos como en el seguimiento de la causa judicial. Según comunicó Europa Press, la investigación judicial busca establecer si existieron actuaciones negligentes o decisiones que incrementaron el impacto del desastre natural en el territorio valenciano.
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El escrito de la jueza Ruiz Tobarra, tal como difundió el medio, centra su argumentación en hechos y decisiones puntuales que se habrían producido el 29 de octubre durante la gestión de la crisis. El documento, al que tuvo acceso Europa Press, solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la competencia para investigar la posible responsabilidad penal de Mazón como alto cargo.
El caso se produce en un contexto en el cual los colectivos de víctimas y sus familiares, junto a representantes políticos de diversas formaciones, reclaman avance en las investigaciones y determinación de responsabilidades. Según consignó Europa Press, la petición judicial implica un nuevo capítulo en el proceso de búsqueda de explicaciones y eventuales sanciones por lo sucedido durante la mortífera riada.
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Diversos sectores sociales y políticos han expresado el respaldo a la urgencia de clarificar la gestión de la crisis. La diputada Micó reiteró ante los medios que su formación sostiene desde el primer momento la necesidad de depurar tanto la responsabilidad política como la penal. Europa Press señaló que las víctimas y sus familias exigen que los procesos judiciales avancen con celeridad y que se reconozcan los daños sufridos durante la tragedia.
El debate público surgido tras el escrito de la magistrada Ruiz Tobarra se centra en la transparencia institucional y las obligaciones vinculadas a la gestión de grandes emergencias en la administración autonómica. Europa Press detalló que el alto tribunal valenciano deberá ahora considerar la petición y decidir sobre la apertura formal de la causa penal contra Mazón, evaluando los indicios presentados por la jueza instructora.
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La tragedia del 29 de octubre de 2024 motivó un amplio despliegue de recursos de emergencia y generó duras críticas por parte de organizaciones civiles, partidos y ciudadanos afectados por las consecuencias de la riada. Las demandas de reparación y justicia se han intensificado durante los últimos meses, según recogió Europa Press, situando la gestión política en el centro de la agenda pública.
La evolución de este procedimiento penal dependerá ahora de la decisión que adopte el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tras recibir el escrito razonado de la jueza Ruiz Tobarra. Las diferentes formaciones políticas observarán con atención los próximos pasos, mientras las víctimas y los afectados mantienen la expectativa respecto a la posibilidad de que se reconozcan sus derechos a la verdad, la reparación y la justicia.
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