La jueza de Montoro pide a Adif que "se abstenga de realizar cualquier operación" sobre las vías

Entre las hipótesis que las autoridades investigan para esclarecer el accidente ferroviario de Adamuz figura la posible rotura del carril o un fallo en las soldaduras como causas principales del siniestro. Según consignó Europa Press, estos elementos han estado en el centro de la investigación desde los primeros análisis. La importancia de preservar dichos materiales motivó que la jueza instructora del Tribunal de Instancia de Montoro emitiera una providencia el 10 de febrero en la que prohíbe al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) realizar cualquier operación con los materiales relacionados con el accidente, debido a que la investigación sigue abierta para esclarecer los hechos ocurridos el 18 de enero, que dejaron un saldo de 46 fallecidos y más de 120 personas heridas.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la jueza de la Sección Civil y de Instrucción requirió a Adif que se abstuviera de realizar acciones tendentes a la extracción o el traslado de cualquier material considerado relevante para la instrucción del caso sin autorización judicial. La providencia emitida por la magistrada se produjo a raíz de una comunicación de la Guardia Civil, que informó que personal de Adif, sin previo aviso ni permiso oficial, había retirado material de la zona del accidente y realizado pruebas sobre él durante la noche del 22 al 23 de enero, sólo cuatro días después de la tragedia.

El medio Europa Press detalló que la Guardia Civil había advertido sobre una "posible irregularidad" en el proceder de Adif tras haber tomado declaración al responsable de la base de mantenimiento AVE de Adif en Hornachuelos. Según el testimonio recogido, el encargado recibió una instrucción verbal por parte de un directivo de Adif para proceder a la retirada de cupones de raíl, incluidas soldaduras, con el fin de trasladarlas hasta la base de mantenimiento de la entidad. Posteriormente, sobre estos rieles se efectuaron ensayos, cuyos alcances no han quedado totalmente claros para la investigación, aunque se ha manifestado que se trataron de pruebas de dureza y no destructivas. La Guardia Civil indicó en su informe que "pudieran encontrarse entre los materiales trasladados aquellas soldaduras que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) pretendía analizar" y para las cuales se había solicitado autorización judicial días después, el 3 de febrero.

El 30 de enero, agentes del Instituto Armado y personal de la CIAF acudieron al lugar del accidente para tomar nuevas mediciones de componentes clave, como el bogie y el eje del octavo vagón del tren Iryo, así como de las soldaduras presentes en el tramo implicado. Al llegar, se les informó que los cupones de raíl y las soldaduras ya habían sido desplazados a la base de Hornachuelos, a lo que siguió una advertencia formal a Adif, mediante correo electrónico fechado el 2 de febrero, para que no realizara ninguna actuación sobre dichos materiales sin permiso previos.

De acuerdo con Europa Press, el día 3 de febrero agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba procedieron a precintar las soldaduras depositadas en la base de Hornachuelos. Paralelamente, la CIAF solicitó el traslado de un cupón de raíl específico —el número 8— desde la zona de obra hacia la base de mantenimiento, pieza que también fue precintada.

En la documentación entregada a la jueza, la Guardia Civil destaca que Adif no fue comunicada de la autorización para acceder a la zona del accidente hasta el 28 de enero. A partir de esa fecha existía autorización para la reconstrucción y restablecimiento del servicio ferroviario con la maquinaria que estimaran oportuna. Sin embargo, previo a que el acceso quedara habilitado, Adif ya había extraído materiales y realizado pruebas en la zona del accidente. El informe del Instituto Armado evaluó que este proceder tuvo lugar sin advertencia ni solicitud a la autoridad judicial, resaltando la relevancia de esa actuación para la correcta instrucción judicial.

Las investigaciones en curso sitúan la rotura del riel y el posible fallo de la soldadura como las hipótesis principales, sin descartar por el momento otras causas aún bajo análisis. Según detalló Europa Press en base al informe de la Benemérita fechado el 5 de febrero, la rotura de un riel marcado como "Ensidesa" del año 2023, fabricado en acero R350HT y colocado en dirección a Madrid, podría haber desencadenado el descarrilamiento. El día 26 de enero se solicitó a Adif información relativa al lote de rieles usados en ese tramo, solicitud reiterada el 29 de enero por falta de respuesta.

El mismo informe recoge la hipótesis de una posible rotura de la soldadura que unía el riel antes mencionado con otro del año 1989. La Guardia Civil solicitó a Adif, el 26 de enero, la identidad de los operarios responsables de la soldadura de esos rieles. Esta gestión debió repetirse el 29 de enero debido a la falta de información. Además, el 30 de enero personal del Laboratorio de Criminalística de la UOPJ de Córdoba realizó un reportaje fotográfico de otras soldaduras en la zona.

El 3 de febrero se procedió a la identificación y precintado judicial de todas las soldaduras retiradas por Adif y almacenadas en la base de Hornachuelos, acción a la que siguió un requerimiento a Adif el 4 de febrero para entregar informes detallados de las soldaduras efectuadas entre los kilómetros 316 y 318 del tramo Guadalmez-Córdoba, así como información sobre los operarios y sus certificaciones de habilitación.

Europa Press informó que el informe de la Guardia Civil incluye otras líneas de investigación, citando consideraciones sobre la condición general de la infraestructura ferroviaria, como traviesas, balasto, clips y demás elementos, la posible intervención de causas externas al sistema como un accidente derivado de la circulación del propio tren o de composiciones previas y la posible intervención humana, valorando tanto posibles negligencias como actos deliberados no determinados aún, incluidas el sabotaje o el terrorismo. El documento también recoge como posibles factores implicados la falta de mantenimiento adecuado, la insuficiencia de prevención y el uso de materiales inadecuados.

En la etapa actual del procedimiento, según fuentes citadas por Europa Press, la jueza ha ordenado expresamente la devolución inmediata de todo material relevante que permanezca en poder de Adif, bajo la advertencia explícita de incurrir en responsabilidad penal en caso de incumplimiento. Además, prohibió expresamente que Adif realice experimentos o pruebas sobre el material recuperado sin la preceptiva autorización judicial.

La investigación judicial continúa orientada a reunir toda la documentación e indicios necesarios para esclarecer con precisión las causas del accidente y determinar eventuales responsabilidades. La trascendencia de los elementos extraídos y las actuaciones llevadas a cabo fuera de autorización judicial han motivado actuaciones inmediatas por parte de las autoridades, de acuerdo con todo lo divulgado por Europa Press.