El PP exige endurecer las penas de prisión por la tenencia ilegal de armas blancas

La principal formación de la oposición ha presentado una iniciativa parlamentaria que busca actualizar la legislación y reforzar controles, en respuesta al aumento de ataques y sanciones relacionados con cuchillos, instando al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas

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En los últimos cuatro años, el número de altercados y agresiones relacionados con el uso de armas blancas ha aumentado un 35% en España, mientras que en regiones como Cataluña, las sanciones por tenencia de este tipo de armas se han incrementado hasta en un 80% desde 2019. Frente a esta tendencia, el Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados solicitando cambios legislativos para endurecer la normativa actual y reforzar los controles sobre la tenencia ilegal de armas blancas, según informó el medio.

La proposición registrada por el Partido Popular incluye la exigencia de revisar y actualizar tanto el catálogo de armas blancas prohibidas como las regulaciones que rigen su compra y acceso. De acuerdo con el medio, la formación opositora reclama, además, establecer sanciones más severas, incluyendo penas de prisión más estrictas, para quienes infrinjan estas normas y mejorar los mecanismos de identificación de los compradores, especialmente con el objetivo de combatir la distribución irregular.

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, hizo un llamado al Ejecutivo para que destine "todos los recursos necesarios al servicio de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", y afirmó que proteger a estos profesionales es una responsabilidad compartida por todas las administraciones. En sus declaraciones, Gamarra criticó la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de seguridad, denunciando "la falta total" de una política efectiva para frenar lo que el PP considera un incremento alarmante en el uso indiscriminado de armas blancas, reportó el medio.

En el documento parlamentario presentado, el PP demanda catalogar como falta grave el hecho de portar, exhibir o utilizar armas prohibidas en lugares no autorizados o de forma negligente, temeraria o intimidatoria. Tal como publicó la fuente, la formación conservadora también sugiere endurecer los controles y requisitos aplicables a la distribución, venta y adquisición de armas blancas para disuadir el acceso por parte de personas no autorizadas.

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La iniciativa presentada subraya también la necesidad de escuchar los planteamientos de agentes policiales y sindicatos, que, según el PP, sostienen que tanto los protocolos como la normativa actual resultan insuficientes para que la actuación de las fuerzas de seguridad sea eficaz ante estos escenarios, según consignó el medio.

Desde el PP, además, se denunció el "bloqueo" parlamentario ejercido por el PSOE sobre propuestas referidas a la lucha contra la multirreincidencia y la okupación ilegal, destacando que varias iniciativas legislativas impulsadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo han permanecido sin debate desde hace más de año y medio. De acuerdo con lo indicado por el medio, los populares consideran que tal reticencia se explica por el temor socialista a que estas medidas sean aprobadas contra su criterio.

El texto registrado en el Congreso, según publicó el medio, reclama un plan integral de actuación contra el uso ilícito de armas blancas, que incluya tanto la modernización de la legislación como la puesta en marcha de acciones coordinadas entre las distintas administraciones y cuerpos policiales. La propuesta plantea además la necesidad de dotar a los agentes de mayores medios materiales y jurídicos para afrontar esta problemática en alza y reforzar los recursos preventivos y de intervención.

En síntesis, la demanda del Partido Popular gira en torno a la actualización de la normativa que rige la tenencia y el uso de armas blancas y la implementación de estrategias que garanticen un mayor control y respuesta efectiva frente a la proliferación de incidentes violentos con estos instrumentos. Según detalla el medio, la formación pretende que la adopción de estas medidas convierta a la legislación en un instrumento capaz de responder tanto a las necesidades en materia de seguridad ciudadana como a las demandas planteadas por los cuerpos policiales y la sociedad.

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