La Abogacía Española elige a diez consejeros electivos

Durante el pleno celebrado en Madrid, la Abogacía Española abordó diversos puntos críticos para el sector, como la necesidad urgente de acordar la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una cuestión que, según ha recordado la organización, representa un problema de gran impacto social que afecta a un número elevado de profesionales y sus familias. En esa misma jornada, según informó la Abogacía Española a través de un comunicado recogido por varios medios, el órgano rector seleccionó a diez nuevos consejeros electivos entre ochenta candidaturas presentadas, concretando de este modo uno de los procesos de renovación más amplios de los últimos años en la dirección colegial.

De acuerdo con la Abogacía Española, los juristas que asumen el cargo tras superar este proceso electoral son Javier Caballero Martínez (Navarra), Cristina Llop Velasco (Aragón), Lourdes Maiztegui González (País Vasco), Filomena Peláez Solís (Extremadura), Jesús Pellón Fernández-Fontecha (Cantabria), José Arturo Pérez Moreno (Andalucía), Jesús Sánchez García (Cataluña), Nielson Sánchez Stewart (Andalucía), Julio Sanz Orejudo (Castilla y León) y Pascual Valiente Aparicio (Andalucía). El acto de elección y nombramiento se formalizó durante la reunión del Pleno del Consejo General en Madrid, espacio en el que también tuvo lugar la toma de posesión de los nuevos miembros tras ser elegidos por votación secreta entre sus pares. El Pleno del Consejo cuenta con un total de doce consejeros electivos, abogados seleccionados por su trayectoria y reconocimiento en el ámbito jurídico, cuyos mandatos tienen una duración de cuatro años.

Estos consejeros, junto con los ochenta y tres decanos de los Colegios de la Abogacía repartidos por toda España y los presidentes de los Consejos autonómicos, conforman el Pleno de la Abogacía. Todos los integrantes de este órgano disponen de voz y voto en los asuntos tratados, excepto cuando se decide la elección del presidente. La función principal de los consejeros electivos consiste en reforzar y complementar las decisiones colectivas del Pleno y lo hacen sin percibir remuneración, guiados por el compromiso de defender los intereses generales de la abogacía y apoyar a la estructura colegial en los desafíos contemporáneos.

Durante la sesión inicial del Pleno, también asumió el cargo Carolina Salvador como nueva decana del Colegio de la Abogacía de Estella-Lizarra, en sustitución de Bernardo Lacarra. Según detalló la Abogacía Española, la integración de Salvador refuerza un equipo directivo marcado por la pluralidad geográfica y la experiencia profesional de sus integrantes.

La reunión del Pleno sirvió, además, para informar sobre avances vinculados al sistema de Justicia Gratuita y al Turno de Oficio, dos de las áreas que concentran el trabajo colegial en defensa de los derechos fundamentales. El pleno expuso que el Consejo General propuso recientemente la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. Según Salvador González, presidente de la Abogacía Española, estas modificaciones constituyen “un avance”, al tiempo que expresó la voluntad de continuar promoviendo resoluciones sobre reivindicaciones históricas de la profesión. Entre las prioridades destacadas se encuentran el aumento periódico y la actualización de las retribuciones a los letrados que ejercen en el turno de oficio, una mayor rapidez en los pagos, la especialización, la expansión de los servicios y la eliminación de las desigualdades territoriales en el acceso a la asistencia jurídica, así como la garantía de cobro por las actuaciones realizadas.

Otro de los asuntos tratados, reportó la Abogacía Española, fue la digitalización profesional, concretando que más de 21.800 personas se han registrado dentro del programa de Competencias Digitales, desarrollado junto con Unión Profesional. Este avance forma parte de un esfuerzo por adaptar la profesión a los retos tecnológicos y mejorar las capacidades de los abogados frente a los cambios legislativos y procesales.

También se comunicó el acuerdo alcanzado con el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia para poner en marcha un ciclo formativo en torno a la Ley de eficiencia, previsto para su inicio en marzo. Según consignó el medio, este acuerdo pretende actualizar la formación de los profesionales jurídicos y garantizar una respuesta adecuada a los nuevos marcos regulatorios.

La colaboración entre la Abogacía Española y el Poder Judicial continúa, junto con la cooperación existente con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Tribunal Constitucional, con el objetivo de perfeccionar la calidad de la Justicia en el país.

En el ámbito internacional, la situación de Venezuela estuvo presente en el debate del Pleno. Según publicó la Abogacía Española, el órgano rector defendió una transición pacífica y el respeto pleno al Estado de Derecho en el país sudamericano como parte de sus acciones de vigilancia internacional de los derechos humanos.

Durante la reunión también se abordó la situación relativa a las cuotas colegiales del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), cuya decisión de suspender unilateralmente el pago no fue acompañada por una impugnación de los presupuestos del Consejo General, según detalló el comunicado. Respecto al ejercicio del año 2025, superada la fase de inadmisión solicitada por el ICAM, la vía judicial permanece pendiente de resolución. En lo que concierne a 2026, el Consejo General prepara una demanda para la defensa de la legalidad vigente y la protección de los intereses de la abogacía nacional. Asimismo, la Abogacía recordó que el ICAM había decidido sustituir el sistema estatutario por una declaración responsable y suprimir el cobro de la cuota correspondiente a la Abogacía Española para las nuevas incorporaciones y el procedimiento de colegiación. El ICAM, en una decisión posterior, revocó esta medida, según puntualizó la Abogacía Española.

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, remarcó ante el Pleno que los nuevos consejeros asumen sus funciones en una etapa particularmente transformadora para la profesión y subrayó la importancia de fortalecer tanto la independencia como el servicio a la sociedad. “Asumís esta responsabilidad en un momento decisivo para la abogacía en España, y lo hacéis con el compromiso de fortalecer su independencia y su servicio a la sociedad. Recordad que nuestra labor trasciende lo técnico: somos la voz que convierte el conflicto en defensa y la defensa en justicia, sosteniendo con discreción y firmeza el Estado de Derecho”, declaró González, según recogió la Abogacía Española.

La elección de estos diez nuevos consejeros electivos y la designación de una nueva decana consolidan un equipo directivo que, en opinión del órgano rector, aspira a reforzar el papel social de la abogacía, mejorar la defensa de los intereses profesionales y dar continuidad a los proyectos de modernización y adaptación del sector legal en España.