
Para Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, la gestión del caso de presunta agresión sexual por parte del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, generó una reacción de "decepción" en la víctima. Según explicó el abogado de la denunciante en una intervención recogida por Europa Press para ‘El Programa de Ana Rosa’, la respuesta del Ministerio del Interior no colmó las expectativas de protección que la afectada esperaba de las instituciones. Este contexto sirvió de marco para que Fúnez criticara con firmeza la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyéndole responsabilidad exclusiva sobre la crisis.
Según informó Europa Press, la dirigente popular expresó que Marlaska revictimizó a la denunciante al trasladarle la decisión de si debía dimitir, condicionándola a si la víctima se había sentido "desprotegida". Fúnez insistió en que poner esa carga sobre la denunciante implica desplazar una responsabilidad que, según el Partido Popular, corresponde únicamente al titular de Interior. Frente a ese posicionamiento, la dirigente subrayó que la dimisión del ministro no debe depender de los sentimientos de la víctima, sino de la responsabilidad institucional que su cargo exige.
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Durante una entrevista en el programa ‘Las mañanas de RNE’, Fúnez reiteró que, para el Partido Popular, Marlaska debió haber renunciado a su puesto tanto si estaba al tanto de los hechos denunciados como si los desconocía. "Tiene que saber lo que ocurría", declaró la vicesecretaria, recogió Europa Press. Desde la formación, esta exigencia se centra en el deber de diligencia del ministro, al entender que la seguridad del entorno laboral y la prevención de este tipo de conductas recae sobre quienes dirigen el Ministerio del Interior.
La crítica también alcanzó la manera en que se gestionó la salida de José Ángel González del puesto de dirección en la Policía Nacional. Fúnez señaló que, en opinión del PP, Marlaska debió proceder al cese inmediato del ex número dos de la Policía en vez de permitirle que fuera él mismo quien presentara su dimisión. Según consignó Europa Press, este manejo institucional elevó el grado de descontento de la parte denunciante, fortaleciendo los argumentos de la oposición para pedir la marcha del ministro.
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El medio Europa Press reportó que, al ser consultada en la misma entrevista por el presunto caso de acoso sexual y laboral ocurrido en Móstoles, implicando al alcalde de ese municipio —también del Partido Popular— y a una concejal del mismo partido, Fúnez estableció distinciones entre ambos episodios. Según Fúnez, el caso en el Ministerio del Interior implica una acusación de agresión sexual que, a su juicio, está vinculada a una violación, mientras que el asunto de Móstoles gira en torno a una denuncia de acoso laboral y sexual donde no hubo violación. Matizó que, si bien ambos escenarios requieren atención, "no hay que quitarle importancia ni muchísimo menos", puntualizó sobre el caso de Móstoles.
En relación a los procedimientos internos, Fúnez afirmó que el Partido Popular actúa de forma diferente al Partido Socialista respecto a cómo enfrentan denuncias en sus filas. Europa Press recogió que la dirigente explicó que cuando surgió la denuncia en Móstoles, el PP abrió una investigación interna, mientras que, según su versión, la dirección del PSOE "guardó en un cajón" un testimonio relativo a otro episodio con el extrabajador de Moncloa, Paco Salazar.
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Además, Fúnez trasladó la "solidaridad" del Partido Popular con la persona que presenta la denuncia en el caso de Móstoles, manteniendo la postura de cautela sobre audios referidos a supuestas presiones para que la consecuencia no se traduzca en una denuncia formal. La dirigente popular argumentó que no podía opinar sobre el contenido de estos audios de presuntos altos cargos del PP de Madrid por no conocer su literalidad, según apuntó Europa Press.
La repercusión institucional y mediática de ambos casos, así como la estrategia adoptada en cada partido, figura en el centro del debate político. La exigencia planteada por Fúnez y respaldada por la directiva del Partido Popular gira en torno a la responsabilidad del ministro Grande-Marlaska y a la gestión interna de las denuncias en el ámbito policial y de la administración pública, reportó Europa Press.
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