En libertad con cargos el exconcejal socialista de Sevilla Rafael Pineda tras no declarar por la trama urbanística

Las autoridades judiciales han ordenado el bloqueo de bienes inmuebles y cuentas bancarias, tanto de los investigados como de empresas vinculadas, para asegurar responsabilidades civiles futuras vinculadas al caso en investigación en Sevilla. Según Europa Press, esta medida afecta al exconcejal socialista Rafael Pineda, quien fue arrestado recientemente junto a otras cuatro personas por su presunta implicación en una operación especulativa relacionada con la venta de una parcela de titularidad municipal en el barrio Pino Montano, una acción desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El operativo se originó tras la denuncia sobre la venta de un terreno a través de subasta pública por 1,8 millones de euros y su posterior reventa, realizada pocos meses después, por cerca de cuatro millones, transacción que está siendo objeto de investigación judicial por supuestas irregularidades.

El medio Europa Press detalló que Rafael Pineda, quien también fue jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, fue puesto en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Lo acompañan en la investigación otras cuatro personas, entre ellas un empleado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa), todas ellas vinculadas a la presunta trama urbanística. Según el abogado de Pineda, Alberto Castejón, la defensa se mostró sorprendida por la detención, argumentando que la investigación llevaba en curso más de seis meses y que no se han aportado pruebas nuevas relevantes en las últimas diligencias. El letrado indicó que defenderán a su cliente en el proceso judicial una vez analicen íntegramente la documentación más reciente.

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los arrestados han sido puestos provisionalmente en libertad tras comparecer ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza número 10, en funciones de guardia de detenidos. Para garantizar el cobro de posibles indemnizaciones, la juez ordenó la prohibición de disponer de bienes muebles e inmuebles, así como el embargo de saldos bancarios de los cinco investigados y de las sociedades que administran. Esta resolución judicial se enmarca en la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares.

Durante las respectivas comparecencias judiciales, ninguno de los cinco detenidos realizó declaración alguna, ejercitando su derecho constitucional a no declarar según difundió Europa Press. La causa, centrada en el proceso de venta y posterior enajenación de un terreno municipal en Pino Montano, se remonta a procesos administrativos que datan de varios años atrás. Según explicó el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, en declaraciones recogidas por el citado medio, la sociedad Emvisesa es la principal afectada por la investigación. El delegado municipal explicó que el Ayuntamiento de Sevilla comenzó una investigación interna en noviembre tras recibir un informe de la UCO, lo que motivó la suspensión de empleo de un trabajador de la empresa municipal tras constatar su presunta implicación en el proceso de venta y reventa del terreno.

La operación inmobiliaria bajo la lupa judicial deriva de la enajenación de una parcela que, durante la gestión del exalcalde Juan Espadas (PSOE) a partir de 2017, no encontraba comprador debido a su elevado precio y a la ocupación de la finca por tres inquilinos. Según De la Rosa, tras evaluar la situación, se realizó una tasación de 1,8 millones de euros que tuvo como consecuencia la venta a dichos inquilinos, quienes luego vendieron la finca cinco meses más tarde por casi cuatro millones de euros, una diferencia que los responsables municipales consideran sospechosa y que motivó la apertura de la actual investigación.

El informe de la UCO sobre este caso recoge que un trabajador de Emvisesa participó presuntamente en la operación y llegó a recibir más de 78.000 euros por su labor, actuación que, según informó Europa Press, llevó a su inmediata suspensión de empleo. Además, la dirección de Emvisesa reafirmó su plena colaboración con la justicia desde los primeros momentos del caso, adoptando medidas disciplinarias y facilitando la información a las autoridades encargadas de esclarecer los hechos.

Según publicaron Europa Press y la Oficina de Comunicación del TSJA, la investigación sigue activa bajo la jurisdicción del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que coordina todas las actuaciones en materia de embargos y restringe la gestión de los bienes de los imputados para evitar movimientos patrimoniales previos a una eventual sentencia judicial. El origen y el desarrollo del caso vinculan los hechos a un proceso de venta pública de suelo municipal, y las pesquisas actuales intentan esclarecer si existieron irregularidades penales en la adjudicación, reventa y el reparto de posibles beneficios entre particulares y funcionarios públicos. La naturaleza de los delitos bajo investigación y el destino de los fondos involucrados forman parte de la indagatoria que llevan las autoridades judiciales y policiales.