Montero apuesta por construir 100.000 viviendas y dedicar 1.000 millones anuales en su programa de gobierno en Andalucía

La propuesta de María Jesús Montero incluye un incentivo económico dirigido especialmente a los jóvenes andaluces que deseen acceder a su primera vivienda: este grupo no tendría que aportar el 20% correspondiente a la entrada y reserva del inmueble hasta transcurridos 30 años y una vez liquidado el préstamo hipotecario. Con este planteamiento, la dirigente socialista busca reducir en una quinta parte el coste inicial que tradicionalmente deben afrontar los jóvenes compradores, facilitando la adquisición y estancia en la comunidad autónoma. Sobre este eje articuló parte de su intervención en el foro organizado por el PSOE de Andalucía, según reportó el medio.

Durante el evento celebrado en Dos Hermanas, Sevilla, María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, así como secretaria general del PSOE andaluz, detalló las principales líneas del programa de gobierno en materia de vivienda para las próximas elecciones autonómicas, previstas para el primer semestre del año. El medio informó que este foro sirvió de escenario para la presentación de un ambicioso plan que contempla la construcción de 100.000 viviendas en Andalucía, con una inversión anual de 1.000 millones de euros por parte de la Junta.

Según consignó la publicación, Montero resaltó que el objetivo fundamental es ampliar considerablemente la oferta de viviendas, lo que permitiría responder a la demanda existente y contener el incremento inflacionario en los precios de venta y alquiler. Apuntó que en los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda de Andalucía figuran actualmente 110.000 personas inscritas, lo que confirma la magnitud del desafío habitacional en la región. Bajo este enfoque, la candidata socialista situó la vivienda como una prioridad en su agenda para la Junta, considerando las políticas relacionadas con este sector como un pilar esencial dentro del Estado del Bienestar.

Asimismo, Montero insistió en la idea de que el acceso a la vivienda debe considerarse un derecho justiciable ante los tribunales. Solicitó que no existan bloqueos o boicots por parte de las comunidades autónomas a las medidas impulsadas por el Gobierno central, defendiendo una coordinación institucional que permita desarrollar soluciones integrales.

La dirigente propuso que la Administración andaluza destine cada año un 1% del PIB a políticas de vivienda, buscando alcanzar de forma escalonada una inversión conjunta de 2.300 millones de euros anuales entre los diferentes niveles de la Administración. De ese total, puntualizó que la Junta aportaría de forma exclusiva 1.000 millones de euros cada año, enmarcando este esfuerzo presupuestario en el nuevo modelo de financiación que, según su cálculo, podría aportar a Andalucía unos 5.700 millones de euros derivados de recursos tributarios y del Fondo de Compensación Interterritorial. Según subrayó Montero, esta cifra permitiría no restar fondos a otras áreas prioritarias para la región.

El medio explicó que Montero puso en valor la aportación del Gobierno de Pedro Sánchez, que, según sus datos, ofrece a las comunidades autónomas “donde no gobernamos”, una suma global de 21.000 millones de euros. Esta dotación, en opinión de la responsable socialista, facilitaría que la Junta pueda invertir en vivienda sin que se vean comprometidas otras políticas públicas.

Otra de las propuestas destacadas fue la llamada al trabajo conjunto con el sector privado. Montero abogó por replicar en el conjunto de la comunidad el modelo implementado en Dos Hermanas, municipio cuyo alcalde Francisco Rodríguez, a su vez secretario de Organización del PSOE andaluz, asistió al acto. El modelo consiste en que los ayuntamientos cedan el suelo de manera gratuita, comprometiendo a los promotores privados a destinar un porcentaje de los nuevos desarrollos a vivienda protegida. Además, los beneficiarios deberían comprometerse a disminuir el precio de venta de estas viviendas. La titularidad final de los inmuebles quedaría en manos del municipio o de la comunidad autónoma, evitando su introducción en el mercado libre al estar financiados con fondos públicos.

En referencia a la legislación vigente, Montero manifestó su intención de derogar la Ley de Vivienda de Andalucía, recientemente aprobada, en los primeros 100 días si llega al Gobierno autonómico. Según la cobertura del medio, este movimiento formaría parte de una reforma más amplia en materia de vivienda que, en palabras de Montero, busca dotar a la Junta de instrumentos efectivos para encarar los retos estructurales en el acceso a la vivienda.

El foro contó con la participación inicial de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, quien también se refirió a la prioridad que el Gobierno otorga a este asunto. A lo largo de su intervención, Montero defendió la necesidad de considerar las políticas de vivienda a la par de las áreas más tradicionales del Estado del Bienestar, situándolas como un elemento central para la protección social y el desarrollo sostenible.

La intervención recogida por los medios destacó la insistencia de Montero en que las nuevas medidas buscarán beneficiar a jóvenes y familias que actualmente encuentran grandes dificultades para adquirir su primera casa. El enfoque del programa socialista, según las informaciones publicadas, pretende combinar recursos públicos, el impulso legislativo y la colaboración con el sector privado, priorizando el interés social sobre el beneficio especulativo e incorporando mecanismos que faciliten la estabilidad y permanencia de los residentes en Andalucía.

El plan presentado, según el medio, propone una respuesta integral a la creciente problemática del acceso a la vivienda, con un compromiso de financiación público sostenido en el tiempo, instrumentos de apoyo directo a los colectivos con más dificultades y una intervención activa para incrementar la oferta a través de la cooperación institucional y empresarial. El paquete de actuaciones, de concretarse estas propuestas tras las elecciones autonómicas, modificaría de manera significativa el panorama habitacional en la comunidad.