El plan de Marruecos para el Sáhara: presidente elegido por el Rey y autonomía votada en referéndum en todo el reino

Entre las disposiciones incluidas en el documento elaborado por asesores cercanos al rey de Marruecos, destaca que la entrada en vigor de cualquier estatuto de autonomía para el Sáhara Occidental requeriría la celebración de un referéndum en todo el país. Según informó el medio 'Atalayar', la propuesta contempla que, de conseguir el respaldo de la mayoría marroquí, el texto autonómico se integraría en la Constitución nacional mediante un título específico. El futuro del territorio quedaría así subordinado a la consulta nacional y no solo a la voluntad de los habitantes del Sáhara Occidental, como ha venido reclamando el Frente Polisario y como contemplaba la misión de Naciones Unidas MINURSO.

De acuerdo con la información publicada por 'Le Desk', 'Yabiladi' y 'Atalayar', la propuesta difundida por Rabat responde a la actividad diplomática reciente y a la demanda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, plasmada en su resolución 2797. Después de la reunión mantenida en la Embajada norteamericana en Madrid el 8 y 9 de febrero, donde se congregaron responsables de la diplomacia marroquí, representantes del Frente Polisario, así como de Argelia y Mauritania, con la mediación del embajador estadounidense Mike Waltz, el enviado para África Massad Boulos y el enviado especial de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura, las autoridades marroquíes han desglosado por primera vez los detalles de su plan. La profesora Irene Fernández Molina, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter, sostiene al respecto que se trata de un "globo sonda" para explorar la reacción internacional, y advierte que la iniciativa carece de garantías jurídicas y políticas claras para su despliegue efectivo.

El documento de 40 páginas, elaborado por los consejeros reales Taieb Fassi-Fihri, Omar Azziman y Fuad Ali El Hima, expone un sistema de autogobierno para el Sáhara Occidental regido por una persona designada por el rey Mohamed VI, que ostentaría a la vez el papel de representante estatal en la región. Según detalla 'Le Desk', este mecanismo busca preservar la coherencia institucional del país, evitando asimetrías con el resto del sistema político marroquí, donde todos los primeros ministros son nombrados por el monarca.

Los poderes autonómicos definidos en el plan incorporarían competencias en áreas como urbanismo, gestión territorial, desarrollo turístico e industrial, administración pesquera y materias sociales como salud y educación. Estos ámbitos quedarían bajo la supervisión normativa del gobierno regional, pero la soberanía nacional seguiría comprendiendo sectores críticos como defensa, seguridad, relaciones exteriores, moneda, nacionalidad y los símbolos nacionales. Toda competencia no asignada de forma explícita al Sáhara Occidental continuaría bajo control del Estado, conforme a la cláusula de subsidiariedad. Existe además un mecanismo de salvaguarda que faculta al gobierno central a suspender temporalmente ciertas atribuciones regionales en caso de que surjan amenazas para el orden constitucional, la integridad territorial o el funcionamiento institucional.

La composición del futuro parlamento regional del Sáhara Occidental sería unicameral e incluiría una parte de miembros elegidos directamente a través de sufragio universal, quienes también formarían parte del Parlamento nacional, y otra parte designada por las tribus reconocidas de la región, conforme a una ley orgánica. El texto estipula una cuota destinada a asegurar la inclusión femenina. Este órgano adquiriría plena capacidad legislativa en las materias transferidas.

En el plano fiscal, el documento divulgado por los medios mencionados contempla que la región autónoma podría percibir impuestos propios y regalías derivadas de la explotación de recursos naturales, además de asegurarse una porción de los ingresos nacionales generados localmente, aunque el porcentaje exacto quedaría pendiente de negociación. El Sáhara Occidental es conocido por su riqueza en recursos pesqueros, fosfatos y energía renovable, especialmente eólica y solar. El marco jurídico propuesto regula la protección de las tierras colectivas de las tribus, las concesiones mineras y las inversiones estratégicas en el territorio, estableciendo que toda inversión extranjera requeriría la luz verde tanto de las autoridades regionales como estatales, lo que podría complicar la posición de Argelia, país tradicionalmente enfrentado a Rabat, según apunta 'Atalayar'.

Otro eje relevante de la oferta marroquí es el retorno de los aproximadamente 173.000 refugiados saharauis localizados en los campos de Tinduf, en Argelia, según estimaciones de organismos de ayuda internacional. El plan prevé la formación de un comité encargado de organizar el regreso y la verificación de identidades, aunque los detalles específicos quedarían sujetos a futuras negociaciones. Asimismo, se crearían mecanismos para el desarme, la desmovilización y la reintegración social de los antiguos combatientes del Frente Polisario, excluyendo de este proceso a quienes hayan incurrido en delitos de guerra o contra la humanidad.

Como parte del procedimiento legal previsto, la aprobación del estatuto autonómico exigirá un referéndum a escala nacional en Marruecos, descartando cualquier consulta restringida a la población saharaui. Según la profesora Fernández Molina, citada por 'Atalayar', este método queda lejos de asemejarse a un proceso formal de autodeterminación al uso internacional, y señala que supondría una ruptura con las aspiraciones históricas del Polisario. De recibir apoyo, el nuevo estatus autonómico sólo podría modificarse mediante una nueva validación por mayoría cualificada en los parlamentos regional y nacional, además de un segundo referéndum nacional. En este contexto, el plan incluye una cláusula de irreversibilidad que cierra la vía a cualquier interpretación orientada a la secesión, señalando que la autonomía atendería a una solución definitiva y no transitoria.

El acuerdo plantea asimismo que, tras su adopción, el estatuto perdería todo carácter sujeto a tutela internacional, relegando su gestión y garantía al marco institucional interno de Marruecos. De acuerdo con 'Le Desk', este punto excluye la posibilidad de que exista una verificación internacional del cumplimiento de lo pactado con el tiempo, y elimina el papel de la comunidad internacional tras la eventual integración autonómica del Sáhara Occidental en el Estado marroquí.

El análisis de Irene Fernández Molina, citado nuevamente por 'Atalayar', recuerda los indicadores internacionales sobre gobernanza para advertir de las dificultades para que una propuesta semejante se aplique en un contexto donde el Estado de derecho obtiene una puntuación de 3 sobre 10 en el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, con una calificación de 2 en separación de poderes y 2 en independencia judicial. Estas cifras refuerzan las reservas expresadas respecto a la viabilidad real de la propuesta.

El debate respecto al futuro político del Sáhara Occidental permanece abierto tras la divulgación de los términos de la iniciativa. El documento, que será previsiblemente una pieza central en futuras negociaciones, deja en manos de la política marroquí la progresiva concreción de los procedimientos, cuotas y garantías adicionales, así como la definición de los mecanismos de retorno de refugiados y el reparto definitivo de los recursos económicos. La publicación de estos detalles ha reavivado el interés internacional en la región y ha situado el proceso de autonomía propuesto por Marruecos en el centro de la agenda de las discusiones diplomáticas sobre el futuro de la antigua colonia española.