La Abogacía Española participa en Viena en la preparación de la hoja de ruta de la profesión para 2026

La propuesta de intervención de la Abogacía Europea como 'amicus curiae' ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Ursa REGVAR contra Eslovenia representa un hito en los debates sobre la protección del secreto profesional, según información difundida por la Abogacía Española. Esta medida, aprobada tras la sugerencia de la vicepresidenta segunda de CCBE, la abogada española Noemí Alarcón, pone el foco en una normativa eslovena que exige a los abogados de refugiados compartir información relevante con las autoridades estatales. El entorno jurídico alerta sobre el riesgo de que legislaciones similares se extiendan a otros países, poniendo en entredicho la confidencialidad en la relación abogado-cliente, uno de los temas centrales tratados durante la cita celebrada en Viena.

Según detalló la Abogacía Española, la 54ª Conferencia Europea de Presidentes de Consejos de la Abogacía (EPK) y la reunión del Comité Permanente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) han servido para definir la hoja de ruta de la abogacía europea hasta 2026. Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, indicó que las sesiones se centraron en plantear medidas que incidan en la mejora del ejercicio profesional y la protección de los derechos de los abogados en el continente.

Durante la primera participación de Noemí Alarcón como vicepresidenta segunda de CCBE, se trataron asuntos vinculados con la protección de la confidencialidad y el secreto profesional, tanto en el caso específico ante el Tribunal Europeo como en el contexto más amplio de la normativa europea. En relación con la Directiva sobre la cooperación administrativa en materia de fiscalidad y la DAC6, el CCBE reclamó que los Estados miembros contemplen excepciones para la obligación de facilitar datos cuando esté en juego el secreto profesional. Según publicó la Abogacía Española, la organización enfatizó la relevancia de garantizar que la privacidad de las comunicaciones entre cliente y abogado no quede expuesta por imposiciones regulatorias.

La movilidad profesional y el reconocimiento de cualificaciones dentro de la Unión Europea y en relación con países extracomunitarios formaron parte también de la agenda. El medio Abogacía Española reportó que, en la consulta pública sobre la Iniciativa para la Transferibilidad de las Competencias, la opinión de la delegación española y del CCBE sostuvo que el sistema actual ya proporciona la seguridad jurídica necesaria, por lo que no resultan imprescindibles modificaciones. Este enfoque apunta a mantener la estabilidad en la movilidad de los profesionales del derecho y en los procesos de reconocimiento mutuo de títulos, sin generar cambios que puedan afectar la jurisprudencia y el ejercicio profesional.

En el plano de la cooperación transfronteriza y el Derecho Internacional Privado, la respuesta del CCBE a la consulta de la Conferencia de La Haya sobre un posible convenio para procedimientos paralelos y acciones conexas refleja el compromiso de la abogacía europea con el diálogo institucional. Según informó la Abogacía Española, estas gestiones buscan simplificar y coordinar mecanismos cuando intervienen jurisdicciones de fuera de la Unión Europea.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española programó reuniones bilaterales con representantes de la Law Society y con los responsables de las organizaciones de la abogacía de Portugal, Italia y Francia. Según detalló la organización, Noemí Alarcón acompañará este tipo de encuentros, robusteciendo los lazos internacionales necesarios para afrontar los retos actuales de la profesión.

La evolución de la ciberdelincuencia y el fraude digital ha originado un contexto en el que se reaviva el debate entre la libertad individual y la seguridad. La Abogacía Española describió cómo las amenazas híbridas y los delitos informáticos presionan al Estado de Derecho, llevando a que las políticas de seguridad se rediseñen con nuevos controles, tecnologías biométricas y recopilación avanzada de datos, incluso sobre menores. En esta línea, los presidentes de las abogacías europeas abordaron el papel del derecho y su función para asegurar que estas medidas se implementen bajo estrictos límites legales, con supervisión judicial y respeto a principios como la privacidad, la presunción de inocencia y las garantías procesales.

Durante la conferencia se incluyó una intervención de Julian Siegl, jefe de unidad en la Dirección General de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea. El medio Abogacía Española consignó que, de acuerdo con las declaraciones institucionales, la respuesta gubernamental frente a los riesgos de inseguridad ha impulsado el refuerzo de sistemas de control y seguimiento, al tiempo que se mantiene el diálogo entre las instituciones de abogacía y los entes de la Unión Europea para velar por el respeto de los derechos fundamentales.

La defensa del secreto profesional y la privacidad de la información manejada por los abogados, la conservación de la seguridad jurídica en la movilidad profesional, la cooperación efectiva entre jurisdicciones y la protección de libertades en el entorno digital constituyen, según la Abogacía Española, los principales desafíos del sector jurídico en Europa hasta 2026. La hoja de ruta acordada en Viena orienta así la labor de los distintos actores del sector a nivel europeo y nacional, fundamentándose en la unidad de acción ante políticas que pueden influir en el ejercicio de la abogacía y los derechos de la ciudadanía.