Feijóo celebra la aprobación de la ley contra la multirreincidencia y pide que tampoco haya "atajos" para los "okupas"

La Cámara Baja ha dado luz verde al endurecimiento de penas por reincidencia en robos y estafas digitales, mientras Alberto Núñez Feijóo exige rigor absoluto en la respuesta legislativa ante el fenómeno de ocupación de viviendas

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El debate parlamentario incluyó la abstención de ERC, quien vinculó su postura a la promesa de aumentar la plantilla de jueces en Cataluña. El Partido Popular sostuvo que si la llamada Ley Antiokupación de su grupo se sometiera a votación en el Congreso, conseguiría apoyos suficientes para avanzar, una afirmación respaldada por fuentes internas citadas por Europa Press. Este contexto encuadra la aprobación por la Cámara Baja del endurecimiento de las sanciones para la multirreincidencia en delitos como robos y estafas digitales.

De acuerdo con Europa Press, el Pleno del Congreso acordó este jueves una reforma penal impulsada por Junts per Catalunya, que contó con el respaldo de PP, PSOE, Vox, PNV y UPN, orientada a agravar los castigos para quienes reinciden en delitos como el robo de teléfonos móviles, estafas en entornos digitales y el "petaqueo". Sumar votó en contra de la reforma y lo mismo hicieron los partidos Bildu, Podemos, BNG y Compromís, mientras que Esquerra Republicana de Catalunya optó por la abstención a cambio del citado refuerzo judicial en Cataluña.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó que la reforma aprobada responde a la demanda de endurecimiento frente a la multirreincidencia y comentó en la red social 'X': "La ley contra la multirreincidencia ya es una realidad. Es el camino: firmeza contra quienes incumplen. Es decir, justicia". Según recogió Europa Press, Feijóo también enfatizó que demasiados reincidentes se han beneficiado durante años del Código Penal y respaldó la firme aplicación de la justicia frente a quienes reinciden, subrayando el compromiso de su partido en esta materia.

En su comunicado, Feijóo reclamó la misma determinación legislativa frente al fenómeno de ocupación de viviendas, argumentando que "la seguridad es lo primero". Según detalló Europa Press, el líder del PP insistió en que no deben existir "atajos" para los ocupantes ilegales y recordó que su grupo ya impulsó en la Cámara Alta una Ley Antiokupación que preveía el desalojo en un plazo de 24 horas, aunque esta propuesta permanece pendiente de tramitación en el Congreso.

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El PP señala que el PSOE ha decidido avanzar la regulación de las sanciones contra la multirreincidencia en un intento de evitar nuevos reveses parlamentarios y para congraciarse con Junts, aliado clave en la gobernabilidad del Ejecutivo. Según interlocutores citados por Europa Press, los populares consideran que hasta ahora la Ley Antiokupación permanece "congelada" por decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y afirman que podría aprobarse con apoyos de partidos como Junts o PNV, si se desbloqueara su agenda parlamentaria.

Durante el debate en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Institucional del PP, acusó al PSOE de haber "secuestrado" la reforma y cargó contra el Ejecutivo por crear un entorno que, en su opinión, resultó propicio para la actividad de delincuentes y ocupantes ilegales de viviendas. Europa Press reportó que Gamarra denunció la "incoherencia" del Gobierno, al respaldar hoy una ley que habría bloqueado anteriormente, mientras impulsa paralelamente una regularización masiva de inmigrantes basada en declaraciones responsables.

El texto jurídico aprobado endurece las sanciones para la reincidencia en robos de móviles y fraudes digitales, además de perseguir de manera más estricta aquellos sucesos conocidos como "petaqueo". Este endurecimiento surge como resultado de las exigencias planteadas por Junts al Gobierno de Pedro Sánchez para permitir la agenda legislativa del Ejecutivo.

Sumar y sus aliados de la izquierda parlamentaria manifestaron su rechazo frontal a la iniciativa y expresaron críticas sobre las consecuencias de la política de endurecimiento penal. Todos los partidos de gobierno o apoyo interesados en la regulación y respuesta a la ocupación de viviendas mantienen abiertas distintas posiciones sobre el método y alcance de la futura legislación.

El Grupo Popular presentó sin éxito propuestas similares en el Senado, donde dispone de mayoría absoluta; sin embargo, el PSOE se opuso entonces a la reforma contra la multirreincidencia. Según el relato de Europa Press, la reiteración de la demanda evidencia el interés de los populares en hacer de la seguridad ciudadana y el castigo inmediato a la ocupación de inmuebles ejes de su discurso parlamentario y social.

El curso de la ley aprobada muestra un escenario de tensiones entre los socios del Ejecutivo central por la política penal, el fortalecimiento de la respuesta legal ante la reincidencia en delitos contra la propiedad y el debate sobre la ocupación de viviendas, que siguen centrando agudas confrontaciones políticas y movilizaciones ciudadanas y parlamentarias.

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