A juicio dos trabajadores de una empresa de desokupación por amenazar a un inquilino moroso en Lugo

La acusación formal presentada por el Ministerio Público señala que los dos procesados, quienes aseguraron trabajar para una empresa de desokupación de Lugo, intimidaron al arrendatario con amenazas directas sobre su integridad y entorno, buscando que este renunciara al contrato de alquiler debido al impago de tres meses de renta. El procedimiento penal, según detalló el medio, se pospuso tras la incomparecencia de ambos acusados en la audiencia preliminar, requerida por el tribunal de instancia, sección Penal, plaza 1 de Lugo.

Tal como informó la fuente original, la vista fue suspendida porque uno de los señalados se encuentra actualmente en busca y captura por otros delitos, lo que impidió que recibiera la citación judicial; el segundo encausado tampoco asistió a la convocatoria del tribunal. Ante esta situación, el juzgado programó una nueva audiencia para el 28 de mayo, para la que las partes fueron nuevamente citadas, de acuerdo con la información publicada.

Según consignó el medio, la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados una pena de un año y seis meses de prisión, así como una orden de alejamiento respecto de la víctima, con una duración de dos años. El escrito de acusación del fiscal sostiene que ambos encausados concertaron un encuentro con el arrendatario, a quien exigieron que firmara la rescisión del contrato bajo amenazas de tipo personal. De acuerdo con la versión de la víctima recogida en el documento, durante esa reunión los hombres le advirtieron que, si no firmaba el fin del arrendamiento, "tendría problemas", pues conocían sus movimientos y sabían qué bares frecuentaba en la ciudad.

Esta supuesta coacción incluyó un ultimátum: los acusados le otorgaron un plazo de veinte días para abandonar la vivienda, advirtiendo al inquilino que "se atuviese a las consecuencias" si no respetaba lo estipulado. Estas acciones, relata la nota informativa, se mantuvieron en días posteriores, momento en el cual los implicados contactaron también con la hermana del denunciante para informarle de la deuda y presionar en favor del desalojo.

Según los datos expuestos en la causa, el hombre afectado reconoció atrasos de tres meses en el abono del alquiler, situación provocada, aseguró, por dificultades económicas. La Fiscalía incorporó a su escrito las conversaciones e interacciones atribuidas a los represaliados, quienes, tras identificarse como empleados de una empresa reconocida en el ámbito de los desokupas, abordaron al inquilino con una estrategia de amenazas y advertencias reiteradas.

Las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, informadas en el mismo texto, buscan proteger a la víctima, dado que se le exige a los procesados mantener una distancia estipulada por el juzgado, durante un periodo alineado con la severidad de las presuntas coacciones. Las circunstancias del caso han generado la dilación en la instrucción debida a la imposibilidad de localizar a uno de los acusados, cuya situación legal se encuentra además ligada a otros procesos judiciales pendientes.

El desarrollo de esta causa penal pone en el centro el fenómeno de las empresas de desokupación y los métodos que algunas de ellas emplean frente a situaciones de morosidad, así como la respuesta de las autoridades judiciales en casos de intimidación. Previsto para fines de mayo, el próximo encuentro ante el tribunal definirá los pasos futuros en el procedimiento contra los dos querellados, quienes afrontan acusaciones de coacciones graves con el propósito de forzar el abandono de una vivienda por falta de pago.