
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó que catorce denuncias fueron presentadas por víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, durante la última semana. Dicha instancia judicial, que actualmente cuenta con una nueva jueza titular, gestiona de forma simultánea las diferentes cuestiones planteadas en torno a la tragedia y ha decidido la apertura de una pieza separada de acción popular para resolver la admisión de personas jurídicas, entidades y partidos que han solicitado intervenir como acusación popular en el proceso.
Según consignó Europa Press, hasta ocho escritos de personación han sido incorporados a esta pieza separada. Entre los colectivos y organizaciones que han presentado solicitudes figuran el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Iustitia Europa y el partido político Vox, cuya petición incluyó la solicitud de medidas cautelares y la presentación de una querella, lo que llevó a la apertura de diligencias previas por parte del juzgado. Dichas diligencias serán acumuladas a la nueva pieza procesal. La Asociación HazteOir.org también se sumó, junto a su querella correspondiente, que quedó sumada a las actuaciones previas abiertas. Del mismo modo, el Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), la Asociación "Víctimas de los Políticos", la Asociación Liberum (que transformó su denuncia inicial en querella y originó diligencias previas), y Alternativa Ferroviaria (Alferro), que presentó querella, solicitaron participar en la causa.
El medio Europa Press precisó que, antes de decidir sobre la aceptación de estas entidades y partidos como acusaciones populares, el tribunal solicitó a las partes que subsanen los requisitos formales pendientes en un plazo de diez días. Una vez superado este trámite de regularización documental, la autoridad judicial resolverá sobre la imposición y prestación de fianza para cada uno de los solicitantes.
En el plano de las investigaciones, la Fiscalía trasladó al tribunal la necesidad de practicar una diligencia de informe pericial para esclarecer las causas técnicas del accidente. Concretamente, el Ministerio Público propuso que se nombre a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos como peritos técnicos principales, aunque abrió la posibilidad de contar con especialistas de áreas más específicas dependiendo de los avances de la investigación y de los resultados que se obtengan de las pericias iniciales.
Otra de las solicitudes destacadas de la Fiscalía al Tribunal de Instancia de Montoro consistió en la apertura de las cajas negras de los dos trenes involucrados, procedimiento que deberá realizarse en presencia de las juezas encargadas de la instrucción. Estas cajas negras son consideradas una pieza fundamental para esclarecer el desarrollo de los hechos antes, durante y después del siniestro ferroviario, pues contienen datos técnicos y operativos que facilitan el análisis pericial detallado.
Por otra parte, un informe preliminar de la Guardia Civil, citado por Europa Press, puso a disposición de la jueza instructora y de la Fiscalía un inventario que abarca alrededor de dos mil quinientas fotografías tomadas en la denominada "zona cero" del accidente, el registro y resguardo de las cajas negras y las declaraciones prestadas por el maquinista del tren Iryo —ya que el maquinista del tren Alvia falleció en el siniestro—, así como de tripulantes y pasajeros presentes en ambos trenes el día del incidente.
Los agentes de la Guardia Civil solicitaron a la autoridad judicial acceso a las grabaciones tanto de las cámaras de seguridad del apeadero de Adif como a las registradas por el sistema interno de videovigilancia de los vagones de ambos trenes. Paralelamente, Europa Press mencionó que la investigación recabó además un fragmento de vía que se desprendió justo antes del descarrilamiento del tren Iryo, suceso que ocurrió el domingo 18, a las 19:45 horas, cuando terminó colisionando con el tren Alvia que circulaba en sentido opuesto hacia Huelva.
Ese trozo de vía será sometido a análisis en un laboratorio especializado en material metalúrgico dependiente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque parte del mismo permanecerá bajo la custodia de la Guardia Civil en su función de policía judicial, encargada de profundizar en las posibles responsabilidades penales asociadas al siniestro. Además, Europa Press indicó que se prevé la extracción de datos y el análisis del contenido íntegro de las cajas negras en presencia conjunta de la Guardia Civil y de la CIAF, dada su relevancia tanto para la instrucción judicial como para el informe técnico que elaborará la comisión de expertos, el cual será determinante en la evaluación de las causas del accidente y en la formulación de recomendaciones para evitar hechos similares en el futuro.


