El PP creará la próxima semana en el Senado la comisión de investigación para analizar el estado de la red ferroviaria

Tras la reciente sucesión de percances y la creciente inquietud por el estado de los trenes, el principal partido de la oposición impulsa en la Cámara Alta la apertura de una investigación que abarcará la gestión de infraestructuras, contratos y seguridad

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El Partido Popular reclamó que la estructura de toma de decisiones en las entidades responsables de la red ferroviaria, como Adif y Renfe, sea parte central de la investigación sobre la gestión de las infraestructuras ferroviarias en España, con especial atención a los aspectos relacionados con el mantenimiento, la supervisión y la respuesta institucional tras los sucesivos accidentes ocurridos en los últimos meses. Según consignó el medio Europa Press, esta exigencia cobra relevancia tras los incidentes recientes, entre ellos el accidente de Adamuz (Córdoba), el 18 de enero, con 45 personas fallecidas y decenas de heridos, así como el descarrilamiento posterior en Gélida (Barcelona), el 20 de enero, en el que falleció un maquinista y resultaron heridas varias personas. El PP, que ostenta la mayoría absoluta en el Senado, llevará al próximo Pleno la propuesta de creación de una comisión de investigación orientada a analizar tanto la gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como la de Renfe y Adif desde el año 2018, fecha en la que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno.

De acuerdo con Europa Press, la nueva comisión de investigación, que será la sexta en la Cámara Alta, analizará el estado general de la red ferroviaria de alta velocidad, Rodalies en Cataluña y Cercanías, además de centrarse en la política de adjudicación de contratos, las inversiones destinadas al mantenimiento y a la seguridad ferroviaria, el control de riesgos en las obras de renovación, la gestión de las limitaciones temporales de velocidad y las medidas aplicadas para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. En un comunicado, el PP detalló que los retrasos, cancelaciones y la percepción de inseguridad en los desplazamientos ferroviarios se deben a lo que describen como una mala gestión por parte del Ejecutivo y del propio Ministerio, señalando falta de atención en la inversión y priorización de otras cuestiones ajenas al servicio ferroviario.

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A la hora de registrar formalmente la comisión, la bancada popular justificó su iniciativa argumentando que el sistema ferroviario nacional viene experimentando un proceso de debilitamiento operativo y técnico desde hace varios años, lo que interpretan como un problema de carácter estructural y no meramente coyuntural. Según el PP, la red ferroviaria, tanto convencional como de alta velocidad, está sujeta a un aumento de incidencias, retrasos, cancelaciones, restricciones de velocidad y fallos constantes en la infraestructura y el material rodante, además de observarse una deficiente comunicación con los viajeros y una pérdida gradual de confianza por parte de los usuarios y trabajadores del sector.

El medio Europa Press recogió que el PP apuntó a un crecimiento inusual en la cantidad de descarrilamientos de trenes, apoyándose en estadísticas oficiales que, según afirma el partido, indican un incremento significativo de los accidentes ferroviarios desde el año 2018, alcanzando el máximo histórico en 2023 y sin muestras de recuperación desde entonces. El PP sostiene que estos hechos se inscriben en una tendencia marcada por la baja ejecución presupuestaria dedicada al mantenimiento y la seguridad de la infraestructura, agravada por el aumento de la demanda operativa tras la liberalización del transporte de pasajeros, sin que este cambio haya ido acompañado de un refuerzo suficiente de los recursos para garantizar el correcto estado de las vías y los sistemas de control.

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De acuerdo con Europa Press, la comisión busca esclarecer si ocurrieron deficiencias en la inspección y el mantenimiento, en la gestión del riesgo y en la actuación institucional tras los siniestros mencionados. Para el PP, además, estos incidentes han puesto en cuestión el nivel de transparencia y la disposición del Ministerio a asumir responsabilidades políticas, además de señalar un desinterés en atender las recomendaciones técnicas formuladas por colectivos profesionales, entre los que destacan los maquinistas.

El grupo liderado por Alicia García en el Senado propone que la investigación abarque la planificación y el control de inversiones desde 2018, así como un análisis específico sobre el estado de las líneas de Cercanías y Rodalies, el funcionamiento de las limitaciones de velocidad y su repercusión en la prestación del servicio. El PP solicita que se estudie la estructura de toma de decisiones en Adif y Renfe, la respuesta institucional ante accidentes graves y el modo en que las recomendaciones técnicas son consideradas e integradas en la gestión. Entre los asuntos propuestos para la investigación figuran también la eficacia de los sistemas de inspección y protección en relación con el tráfico ferroviario, el seguimiento en tiempo real de los trenes, y los procedimientos de gestión de riesgos para todas las obras de renovación, con atención a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Europa Press reportó que el PP demanda revisar todos los contratos adjudicados por Adif y Renfe con impacto en las labores de mantenimiento, seguridad y conservación, al igual que analizar el nivel de ejecución y los resultados de estos contratos sobre la seguridad del servicio. La petición incluye además una evaluación de las condiciones laborales y la investigación acerca de la posible supresión de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis dentro de estas entidades.

El PP subraya lo que considera como incumplimientos por parte del Ejecutivo en materia legislativa, entre ellos la aprobación de un plan de choque ferroviario, un programa urgente de atención a pasajeros y un protocolo para el análisis de incidencias, conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad Sostenible. También señala la ausencia del estatuto orgánico requerido por la Ley 2/2024, que regula la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes en transporte ferroviario, marítimo y aéreo. A esto se suma la no trasposición de la directiva europea sobre resiliencia en entidades críticas, motivo por el cual la Comisión Europea emitió en julio de 2025 un dictamen motivado contra España dentro de un proceso de infracción, tal como trasladó el PP y según consignó Europa Press.

La comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado, centrará el debate parlamentario a raíz de los recientes accidentes, y se espera que la iniciativa de la comisión de investigación, impulsada por la mayoría absoluta del Partido Popular, logre su aprobación en el próximo Pleno, abriendo la vía para analizar de forma exhaustiva la situación y la gestión de la red ferroviaria española desde el cambio de gobierno en 2018.

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