Fiscalía, PP y EH Bildu rechazan la anulación de registros de despachos de los investigados por el Palacete de Getxo

El aplazamiento de las comparecencias previstas de los investigados y testigos en el caso del derribo del palacete Irurak Bat de Getxo marca el siguiente paso en una investigación judicial que sigue generando repercusiones en el municipio vizcaíno. La posposición de estas declaraciones, establecida tras una solicitud de las defensas, coincide con el periodo en que el juez Marcos Amor debe resolver los recursos de los implicados, quienes reclaman la anulación de los registros realizados en dependencias municipales y en los despachos de los investigados, según informó Europa Press con referencia a fuentes judiciales.

De acuerdo con los datos difundidos por Europa Press, la controversia jurídica se centra actualmente en la legalidad de los registros que la Ertzaintza llevó a cabo los días 14 y 15 de enero en el marco de la investigación sobre la demolición del edificio protegido. Los investigados sostienen que dichas actuaciones vulneraron derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la intimidad, lo que los llevó a presentar recursos contra las resoluciones emitidas por la magistrada de refuerzo Neus Galobardes, quien había autorizado las diligencias. Después de su sustitución en la instrucción, corresponde ahora al juez Amor, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, analizar y decidir sobre estos escritos de impugnación.

Dentro del proceso judicial, la Fiscalía, el Partido Popular y EH Bildu, que representan la acusación popular, han presentado este lunes sus posiciones mediante informes en los que rechazan la petición de los investigados de anular los registros practicados durante la operación. En los citados documentos, todos coinciden en que las actuaciones policiales no vulneraron los derechos alegados por las defensas, según detalló Europa Press. Esta postura avala la validez de la obtención de pruebas y contribuye al avance de la investigación judicial, que busca esclarecer las circunstancias y posibles responsabilidades en la demolición del edificio catalogado como histórico.

Respecto a la labor de la policía autonómica vasca, Europa Press reportó que la Ertzaintza aún espera la autorización judicial para acceder y examinar la información incorporada en los dispositivos electrónicos incautados durante los registros de enero. El análisis de estos dispositivos se considera crucial para el desarrollo de las diligencias, ya que podría aportar información adicional sobre las decisiones y actuaciones que condujeron al derribo del palacete. La realización de esta labor se mantiene a la espera de la decisión que debe emitir el juez instructor, que valorará tanto lo expuesto en los recursos como las opiniones de la acusación y la Fiscalía.

El caso involucra a diez investigados: tres concejales del PNV, tres técnicos municipales, el administrador de la empresa gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto del proyecto y otro profesional vinculado a la intervención, conforme señaló Europa Press. A este grupo se suman dos testigos: un empresario que, previo al derribo, descartó participar en la operación debido a la inviabilidad económica del proyecto, y un técnico responsable de la inspección técnica del edificio. Las citaciones para declarar, previstas inicialmente para el próximo día 25, quedan pospuestas por petición de las defensas, lo que posterga de momento las aportaciones directas de los implicados y testigos al procedimiento.

El desarrollo de la investigación, ampliamente seguido en el ámbito político y social de Getxo, gira en torno a esclarecer si las decisiones relacionadas con el palacete Irurak Bat se ajustaron a la legalidad o si se produjeron irregularidades que motivaron la actuación judicial y policial. Además de la controversia sobre la validez de los registros y de la información contenida en los dispositivos electrónicos, el proceso mantiene en suspenso la situación de los investigados, que permanecen a la espera de que el juzgado resuelva sobre los recursos interpuestos y de conocer cuándo serán citados de nuevo para declarar.

Tal como consignó Europa Press, la investigación avanza bajo la supervisión directa del juez Marcos Amor, quien asume la responsabilidad de decidir sobre aspectos fundamentales para el desarrollo del caso, mientras la Ertzaintza se mantiene a la expectativa para proseguir el análisis pericial de los materiales incautados. El futuro del caso dependerá en los próximos días de la resolución de estos recursos y de la reprogramación de las comparecencias judiciales postergadas.