Expertos recomiendan al Estado comprar viviendas privadas para destinar a alquiler social

Madrid, 5 jun (EFE).- La compra por parte de las administraciones públicas de viviendas del mercado libre para destinarlas al alquiler social podría resolver una parte del problema que supone la escasez de vivienda en España mientras se alcanza un pacto de Estado para impulsar una política de vivienda a más largo plazo.

Esta es una de las conclusiones del informe "Desajustes en el mercado de la vivienda en España", publicado este viernes por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que destaca que en España solo se han construido desde 2021 un 45 % de las viviendas que harían falta para alojar a los nuevos hogares que se han creado.

La grave escasez de alojamiento, especialmente en las zonas de mayor demanda, como las grandes ciudades, se ha traducido en fuertes aumentos de los precios en los mercados de compra y alquiler, a lo que se suma una "muy baja inversión pública en viviendas sociales durante muchos años", lo que perjudica especialmente a los hogares de bajos ingresos.

Estos últimos, que suelen ser hogares encabezados por jóvenes, inmigrantes o monoparentales, son los que afrontan una mayor sobrecarga por gastos de vivienda, entendida como la necesidad de destinar más del 40 % de los ingresos al alojamiento, es decir, la hipoteca o el alquiler, y los recibos como electricidad, agua o seguros.

Según el informe, la tasa de pobreza de la población general aumentaría del 19,5 % al 23 % si se calculara la renta disponible una vez descontados todos los citados gastos en vivienda, un porcentaje que sería de casi el 33 % en los hogares jóvenes, es decir, uno de cada tres.

Los problemas de accesibilidad a la vivienda se concentran en el mercado de alquiler a precio de mercado en las grandes ciudades y en los sectores de población con niveles más bajos de ingresos, explica el informe.

La limitada oferta de vivienda pública de alquiler social agrava el problema e impide ofrecer soluciones a estos hogares, ya que España solo cuenta con un 3,5 % de su parque de viviendas destinadas a ese fin, frente al 8 % de media en el conjunto de la Unión Europea, según los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Aunque desde 2021 se observa una moderada reactivación de la construcción, el número de viviendas nuevas construidas entre 2021 y 2025 (454.000) es muy inferior al crecimiento neto de los hogares (965.000), en torno al 45 % de las necesidades reales, lo que eleva los precios en el mercado de vivienda nueva, de segunda mano y de alquiler.

La adaptación de la oferta de vivienda a estos cambios en la demanda es lenta, por varias causas, dice el informe, que destaca, por un lado, que el tejido productivo del sector de construcción residencial quedó muy afectado por la crisis inmobiliaria debido a la escasez de mano de obra especializada y a los complejos procedimientos regulatorios, que aumentan mucho los plazos del desarrollo urbanístico y la construcción.

Además, la mayor parte del parque de viviendas usadas no se puede reconvertir fácilmente en alojamientos de menor tamaño que demandan los nuevos hogares más pequeños, además de que la localización y el estado de conservación de una parte de las viviendas usadas vacías no facilita su aprovechamiento como viviendas principales, porque la población desea vivir en zonas con oferta laboral y bien comunicadas.

Por todo ello, el mercado de alquiler gana peso como alternativa, pese a que también está sujeto a las alzas de precios, especialmente en las áreas urbanas más dinámicas, pues no presenta barreras de entrada tan elevadas como el mercado de vivienda en propiedad.

De hecho, el volumen del alquiler ha crecido fuertemente y el número de hogares que residen en este régimen casi se ha doblado en los últimos 20 años: ha pasado de 2,1 a 3,9 millones.

En las regiones con mayor renta "per cápita", como Madrid, Baleares, Navarra, Cataluña y País Vasco, la vivienda es aún más cara, por lo que también es el sobreesfuerzo que han de realizar los hogares más pobres.

Por todo ello, el estudio plantea algunas sugerencias para elevar la oferta de vivienda, como impulsar la construcción industrializada, que reduce los tiempos de producción de las viviendas y permite fabricarlas de forma más sostenible.

También plantean estos expertos una gestión urbanística más eficiente y rápida, por ejemplo con la tramitación de permisos digitales de construcción que aceleren la concesión de licencias.

Por último, abogan por coordinar las competencias urbanísticas en los diferentes niveles de la administración con el fin de evitar que "los intereses locales o particulares en la gestión de suelo y urbanismo se conviertan en barreras para eliminar la escasez de vivienda". EFE