Montero pide la dimisión del alcalde de Móstoles y critica que ni Ayuso ni nadie del PP hicieran "nada" ante la denuncia

En medio del debate sobre la gestión de denuncias internas de acoso en los partidos políticos, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, relacionó el caso reciente que involucra al Ayuntamiento de Móstoles con otros episodios en los que, según su perspectiva, el Partido Popular (PP) ha actuado de manera similar ante acusaciones graves. En una comparecencia en Sevilla, Montero señaló que cuando en el PSOE surgieron situaciones vinculadas al acoso, como la que implicó a Francisco Salazar —exasesor de Moncloa quien dimitió tras denuncias de mujeres y actualmente comparece en una comisión en el Senado— se tomaron medidas inmediatas, instaurando mecanismos de denuncia anónima y facilitando la investigación de los hechos. Tal como publicó El País, el caso de Móstoles se hizo público luego de una información que señalaba una supuesta presión del PP de Madrid hacia una exconcejala para que no revelara el acoso sexual y laboral que aseguraba haber sufrido por parte del alcalde Manuel Bautista.

Montero pidió la renuncia inmediata del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y criticó abiertamente la ausencia de respuesta tanto de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente regional del PP, como de otros responsables del partido, tras conocer las acusaciones formuladas por la exedil. Según detalló El País, el PP de Madrid habría solicitado a la concejala que mantuviera en silencio la situación de acoso, argumentando que su denuncia perjudicaría entre otras cosas a la organización y sugiriendo que era preferible no hacer público el caso.

La vicepresidenta remarcó que la reacción del partido, caracterizada por la falta de intervención ante la gravedad de los hechos, resultó en una doble victimización: por un lado, la agresión alegada, y por otro, la presión y el aislamiento institucional que, de acuerdo con la información consignada por El País, derivaron en la dimisión de la concejala afectada y su salida del propio partido. Montero remarcó: "El PP tapa el caso, le dice a la concejala que no denuncie, y que es mejor para ella y para todos que esa denuncia no vea la luz pública".

Según la dirigente socialista y también secretaria general del PSOE andaluz, este tipo de gestión o falta de acciones ante denuncias no constituye una novedad, sino una práctica recurrente en el PP, y extendida a otras regiones, no solo en la Comunidad de Madrid. Montero señaló que frente a casos similares en el PSOE, la respuesta institucional priorizó la transparencia y la diligencia, implementando recursos internos para canalizar y abordar las acusaciones, como el canal de denuncia anónima. En ese contexto, rememoró episodios donde mujeres del PSOE utilizaron ese canal para exponer conductas inapropiadas, resultando medidas disciplinarias y la comparecencia pública de los responsables.

El País informó que tras ser informados los órganos internos del PP de Madrid sobre la denuncia de la edil, el partido optó por recomendar no hacer públicas las acusaciones ni iniciar un proceso oficial, conducta que para Montero ejemplifica un patrón de manejo de los casos que, a su juicio, busca proteger a los responsables y prioriza el silencio ante la búsqueda de responsabilidades políticas. En sus declaraciones, la vicepresidenta aseguró que el alcalde de Móstoles debía apartarse de su cargo para que la investigación proceda sin interferencias, y exigió al PP que ponga en marcha un sistema que permita identificar y esclarecer casos similares, a imagen del canal anónimo ya existente en el PSOE.

Montero insistió en la necesidad de que todas las formaciones políticas actúen con prontitud y transparencia ante cualquier denuncia de acoso, evitando reproducir esquemas de encubrimiento que, según detalló, perpetúan situaciones de impunidad y vulneran los derechos de las presuntas víctimas. Instó además a la dirección del PP a revisar los mecanismos internos de gestión de denuncias, y a responder públicamente sobre el procedimiento seguido en el caso de Móstoles. Según reportó El País, las acusaciones que pesan sobre el alcalde implican supuestos comentarios, mensajes y actitudes calificados por la denunciante como humillantes y vejatorias, realizados por un responsable público "que ejerce su autoridad o su poder para imponerse", según las declaraciones recogidas por el medio.

En cuanto al impacto institucional de la denuncia y la respuesta política, María Jesús Montero argumentó que las actuaciones del PP distan de las adoptadas en el PSOE. En sus palabras, "cuando en el PSOE han ocurrido situaciones de este tipo, se han tomado decisiones", y ejemplificó con la apertura del canal de denuncias internas. En contraste, mantuvo que el PP promueve el silencio y desalienta la visibilización pública de los conflictos, obstaculizando la reparación y la justicia en los casos denunciados. Finalmente, reclamó una intervención urgente y efectiva tanto del PP de Madrid como de su dirección nacional, para evitar la repetición de situaciones similares y garantizar la protección de los derechos de quienes presenten denuncias dentro del partido.