Entidades recurren a la Audiencia de Barcelona el archivo de la querella contra Mossos por usar gas pimienta

La directora de Irídia, Anaïs Franquesa, presentó este lunes un manifiesto donde se cuestiona lo que denominó como una “normalización” en el uso del gas OC, conocido popularmente como gas pimienta, por parte de los Mossos d’Esquadra desde 2023, luego de que el cuerpo policial catalán lo adquiriera en 2019. El acto de Franquesa también incluyó una exigencia hacia la Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, solicitando la publicación del protocolo oficial de empleo del gas. Según Franquesa, “si no era definitivo para publicarlo, tampoco lo era para utilizarlo”.

Según consignó el comunicado recogido por el medio, once entidades sociales anunciaron la interposición ante la Audiencia de Barcelona de un recurso de apelación contra el archivo de una querella que habían presentado sobre el uso del gas OC durante las manifestaciones pro Palestina de octubre del año pasado. Las organizaciones argumentan que el empleo de este agente químico en el contexto de protestas vulnera derechos fundamentales tales como el de la protesta, la integridad física y la libertad de expresión, según informa la nota del abogado Xavier Monge, representante de Alerta Solidària.

De acuerdo con lo reportado, la querella colectiva fue presentada formalmente el 16 de diciembre de 2025 y archivada solo dos días después por el juzgado competente, aunque la notificación oficial sobre la decisión no llegó a las partes involucradas hasta el 12 de enero. Esta demora en la comunicación ha generado inquietud entre los colectivos denunciantes sobre la transparencia y la rigurosidad en el tratamiento judicial de los hechos.

Entre las razones esgrimidas por las entidades para proceder con la apelación, destaca la preocupación por la aparente institucionalización del uso del gas OC sin un protocolo público actualizado y sin debate social suficiente acerca de sus implicaciones. Franquesa, en representación de Irídia, subrayó la necesidad de que la Conselleria haga público el documento regulador de esta herramienta policial. Estas organizaciones sostienen que la transparencia en los criterios oficiales resulta imprescindible para poder valorar la proporcionalidad y legalidad de las actuaciones de los Mossos d’Esquadra en contextos de manifestación ciudadana.

Según detalló el comunicado difundido por el medio, el gas OC fue adquirido por la policía catalana en 2019, pero solo comenzó a emplearse en operativos de control de protestas a partir de 2023. Las agrupaciones firmantes del recurso consideran preocupante que la herramienta se haya incorporado a la rutina de los cuerpos de seguridad sin haberse hecho previamente accesible la información sobre sus protocolos de utilización.

El texto unitario presentado pone énfasis en la defensa de derechos básicos y en el derecho a la protesta. Para las entidades, la utilización de agentes químicos como el gas pimienta representa una forma de coerción que puede poner en cuestión derechos recogidos tanto en la legislación nacional como en los tratados internacionales de derechos humanos.

Xavier Monge, abogado de Alerta Solidària, confirmó la formalización del recurso y la voluntad de las partes de que la Audiencia de Barcelona revise la decisión de archivo, argumentando que la falta de un protocolo público afecta la garantía de derechos de las personas asistentes a manifestaciones.

El medio también incluyó la valoración de que el asunto trasciende el episodio concreto de las protestas de octubre, pues plantea cuestiones de fondo sobre los límites del uso de la fuerza policial y la necesidad de procedimientos claros y públicos que permitan escrutinio social y jurídico. Las organizaciones reiteraron su exigencia de transparencia, tanto en la adquisición de material antidisturbios como en su despliegue operativo.

La diversidad de entidades que respaldan el recurso refleja la preocupación existente en distintos sectores sociales respecto al equilibrio entre seguridad pública y libertades fundamentales. El recurso busca que el órgano judicial superior reabra la investigación y valore si, a la luz de los argumentos presentados y la normativa vigente, el uso del gas OC durante aquellas manifestaciones resultó compatible con el respeto a los derechos constitucionales.

La reacción institucional ante este nuevo avance jurídico por parte de las organizaciones todavía se mantiene en espera mientras se aguardan respuestas tanto por parte de la Audiencia de Barcelona como de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat. Según lo publicado, los grupos firmantes insisten en que la información y la garantía de derechos deben prevalecer frente a cualquier decisión administrativa o policial sobre recursos utilizados para el control de multitudes en escenarios de movilización social.