La Fiscalía resalta que los responsables del cayuco sabían que la embarcación carecía de equipos de seguridad y que los escasos recursos disponibles hacían inviable el trayecto. Según informó Europa Press, estos hechos llevaron a la muerte de más de ochenta personas durante una travesía que comenzó en la costa africana y terminó en las inmediaciones de El Hierro, en las Islas Canarias, cuando la embarcación fue rescatada en junio por un crucero que llevó a los sobrevivientes al puerto de Santa Cruz de Tenerife.
El juicio contra los cinco acusados de nacionalidad senegalesa comenzará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El escrito de acusación, recogido por Europa Press, sostiene que estos individuos cobraron a más de 150 migrantes de origen subsahariano por embarcarlos en un cayuco catalogado como "inadecuado" para una travesía marítima de tal envergadura. La ruta estuvo marcada por la ausencia de agua y comida durante veinte días, lo que agravó las condiciones de hacinamiento y provocó la muerte de decenas de personas.
Europa Press detalló que el cayuco no contaba con luces de posición, bengalas, deflector de radar ni otros sistemas de comunicación náutica, aparte de un GPS y algunos teléfonos móviles de los migrantes. La mayoría de los pasajeros tampoco disponía de chalecos salvavidas, incrementando el riesgo de la operación. Ante el deterioro de la situación, un petrolero prestó auxilio en un primer momento hasta la llegada del crucero al lugar, el cual logró rescatar a 68 personas procedentes de Malí, Senegal, Burkina Faso, Gambia y Mauritania. Junto a estos, se recuperaron los cuerpos de tres personas fallecidas durante la travesía.
El medio explicó que, durante el trayecto, el único motor de la embarcación se averió y los acusados intentaron repararlo. Además, se habrían encargado del rumbo, del reparto de comida y del mantenimiento del orden, gestionando la situación de manera que, según sostiene la Fiscalía en el documento recogido por Europa Press, habrían dado instrucciones para arrojar al mar los cuerpos de quienes fallecieron, una cifra que superaría los ochenta.
De acuerdo con el relato fiscal, las tres personas cuyos cuerpos llegaron al puerto eran varones, víctimas de tromboembolismo pulmonar y fallos multiorgánicos derivados de la deshidratación y del desequilibrio hidroelectrolítico. Europa Press informó que otros cinco migrantes fueron trasladados en estado crítico a dos hospitales de la isla tras el desembarco, dada la gravedad de su estado de salud.
La calificación del Ministerio Público contempla los delitos de favorecimiento agravado de la inmigración irregular, cuatro cargos de homicidio por imprudencia grave y cinco de lesiones por imprudencia grave. Según publicó Europa Press, la Fiscalía solicita para uno de los acusados una condena de 21 años de prisión y para los otros cuatro, penas que superan los 15 años. Además, pide una indemnización de 150.000 euros dirigidos a los herederos de los fallecidos, y aproximadamente 5.800 euros para cada superviviente que requirió hospitalización tras el rescate.
Europa Press señala que los acusados eran plenamente conscientes de la situación de escasez de víveres y agua, el hacinamiento y las condiciones deficientes de seguridad y estructura del cayuco para afrontar una navegación marítima de larga distancia. La Fiscalía argumenta que todo ello formaba parte de un plan en el que los imputados organizaron la travesía y dirigieron la embarcación aun teniendo conocimiento de los riesgos que implicaba para los pasajeros.
El escrito de acusación recoge las diferentes funciones atribuidas a los procesados, que iban desde encargarse de la navegación manejando el GPS y los escasos medios con los que contaban, hasta el control del reparto de los limitados víveres. Además, la Fiscalía estima que la sobrecarga del cayuco y las deficiencias técnicas jugaron un papel determinante en el desenlace trágico del viaje.
La actuación de los acusados, según el informe del Ministerio Público citado por Europa Press, no solo habría vulnerado la normativa relativa a la inmigración irregular, sino que, al exponer a los pasajeros a condiciones inhumanas y riesgos letales, constituiría delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones.
El incidente tuvo como contexto un creciente flujo migratorio que utiliza las rutas marítimas hacia Canarias. El caso, que llega a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se convierte en uno de los episodios más graves gestionados por las autoridades españolas y pone de relieve los desafíos que enfrentan las personas migrantes que buscan llegar a Europa por mar.
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