El recurso presentado cuestiona la legalidad de la última prórroga dictada el 9 de enero por el juez Santiago Pedraz, al considerar que la falta de motivación adecuada en dicha decisión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, además de afectar al principio de contradicción. Según la abogada de Leire Díez, esto genera una situación de indefensión y podría implicar la nulidad de la resolución judicial, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. La noticia principal es la solicitud de Díez, a través de su representante legal, para que la Audiencia Nacional levante el secreto de sumario en la causa que la señala como investigada, peticionando el acceso a todas las actuaciones y la reconsideración de las restricciones adoptadas en el procedimiento.
Según informó Europa Press, la defensa de Leire Díez ha argumentado ante la Audiencia Nacional que los hechos objeto de investigación, que habrían ocurrido entre 2021 y 2023, no justifican la aplicación de medidas calificadas como "gravosas", entre las que se encuentra el mantenimiento del secreto de sumario. En el recurso presentado por la letrada de Díez, al que tuvo acceso el medio, se destaca que la exmilitante socialista ha colaborado de manera plena con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, permitiendo desde el primer momento el acceso a todos sus dispositivos, documentos, correos y contraseñas. La defensa también insistió en que Díez nunca ha dejado de cumplir con los requerimientos de la autoridad judicial.
El medio Europa Press detalló que, además del cuestionamiento al argumento de la prórroga del secreto de sumario, la defensa de Díez pone el foco en el impacto de la medida de bloqueo total de las cuentas bancarias, tanto de la propia investigada como de aquellas que pudieran estar abiertas por familiares. En el recurso se advierte que esta disposición podría poner en riesgo de manera sería los derechos e intereses legítimos de Díez, afectando su situación personal y familiar.
Por otro lado, la investigación alcanza a otras figuras relevantes. El magistrado Antonio Piña, el 13 de diciembre, estableció la puesta en libertad de Leire Díez, tras su detención unos días antes por parte de la UCO, junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Los tres permanecen investigados en el mismo procedimiento sobre presuntas irregularidades en la contratación pública. Según consignó Europa Press, a todos se les impusieron diversas medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer de manera quincenal ante el órgano judicial competente.
El informe de Europa Press especificó que la abogada de Díez sostiene que el mantenimiento de las medidas actuales, en especial el secreto del sumario, afecta a derechos fundamentales recogidos en la Constitución y la legislación vigente. Según el texto del recurso, la representación legal entiende que el tiempo transcurrido desde los hechos investigados no justifica la extensión de las limitaciones procesales y personales impuestas.
Europa Press subraya que la defensa de Díez pide el levantamiento inmediato del secreto para poder acceder a las actuaciones y ejercer así de manera efectiva el derecho de defensa. Además, el recurso hace especial énfasis en el hecho de que Díez ha mostrado en todo momento disposición a colaborar con la investigación, facilitando pruebas y medios materiales que, según la letrada, avalarían la falta de riesgo de destrucción de pruebas o de obstaculización del proceso.
El caso, que implica a antiguos responsables del sector público y empresarios vinculados al ámbito socialista, se mantiene en un punto relevante ante las recientes acciones procesales. La resolución de la Audiencia Nacional respecto al recurso presentado por la defensa de Leire Díez podría modificar las condiciones actuales de investigación y de las medidas restrictivas establecidas. La tramitación del recurso sigue condicionada por las valoraciones jurídicas recogidas por Europa Press, que destacan la pugna entre el interés público en la investigación y las garantías procesales exigidas por los investigados y sus representantes legales.
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