Gobierno Vasco defiende la inocencia de los ediles de PNV de Getxo investigados "hasta que se demuestre lo contrario"

Durante una entrevista en Radio Euskadi, Bingen Zupiria destacó su preocupación por el impacto público que tienen las investigaciones judiciales sobre los representantes institucionales, señalando que las consecuencias sociales y reputacionales aparecen incluso antes de que la justicia determine responsabilidades. Según consignó Europa Press, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco abordó la situación de tres concejales del PNV en Getxo, Vizcaya, implicados en la demolición del edificio conocido como palacete Irurak Bat, y subrayó que la causa judicial aún se encuentra en fase de instrucción.

Zupiria manifestó que, como militante del Partido Nacionalista Vasco y compañero de los ediles investigados, sostiene la presunción de inocencia “hasta el momento en que se demuestre lo contrario”. Europa Press detalló que la demolición del palacete Irurak Bat, ocurrida en agosto de 2024, desencadenó una investigación por posibles delitos contra el patrimonio histórico y por prevaricación, en la que están implicadas diez personas, entre ellas los tres concejales. Esta fase del proceso, según explicó Zupiria al medio citado, contempla la toma de declaración de los implicados y el análisis de su conducta respecto a la legislación vigente.

El consejero aclaró que la Ertzaintza actúa en este caso con funciones de policía judicial. Tal como informó Europa Press, la policía autonómica realiza las diligencias bajo la dirección del juzgado correspondiente, indagando distintas informaciones para determinar la existencia, o no, de comportamientos ilícitos en torno al derribo del inmueble. Enfatizó que la policía autonómica no actúa de forma autónoma, sino bajo los requerimientos de la autoridad judicial.

En declaraciones reproducidas por Europa Press, Zupiria recalcó la necesidad de máxima integridad por parte de quienes ocupan cargos públicos, remarcando que la asunción de una responsabilidad institucional exige conductas “exquisitas”. Añadió que sus comentarios no implican que los concejales del PNV en Getxo hayan faltado a dichas exigencias, aunque consideró necesario reiterar ese principio para todos los representantes públicos.

El consejero también expresó su esperanza de que los procesos judiciales relacionados con este caso no se prolonguen de manera indefinida. Señaló ante Europa Press que, en ocasiones, el mero hecho de que se inicien investigaciones ya genera un perjuicio considerable para la reputación de los implicados, quienes a menudo afrontan condenas sociales antes de que exista un veredicto judicial. Esta situación, según el consejero, plantea un desafío adicional para aquellas personas que desarrollan funciones públicas, pues la opinión pública y los juicios sociales suelen anticiparse a los resultados procesales.

De acuerdo con Europa Press, Zupiria reconoció el impacto personal que estas circunstancias generan, tanto por su condición de militante como de compañero de los investigados. Insistió en que la sociedad debe confiar en el proceso judicial y evitar formular condenas anticipadas, reiterando que la justicia es la que debe establecer responsabilidades, y no el entorno social o político.

La investigación judicial sobre la demolición del palacete Irurak Bat involucra diversas escenas procesales, según reportó Europa Press. Entre ellas figura la declaración de los diez implicados y la valoración de si existió una vulneración de la normativa sobre patrimonio histórico. El órgano judicial centra sus esfuerzos en determinar si las actuaciones de los cargos municipales y el resto de los investigados se alinearon con la legalidad aplicable.

El caso del palacete Irurak Bat ha reabierto el debate acerca de la protección del patrimonio histórico en Vizcaya, planteando preguntas sobre los criterios que guiaron la reciente demolición de dicho inmueble por parte del ayuntamiento de Getxo. Como describió Europa Press, el interés jurídico radica en discernir si las decisiones adoptadas por los responsables municipales respondieron a la legalidad vigente o incurrieron en algún tipo de irregularidad sancionable según la normativa sobre la protección de bienes patrimoniales.

Durante la conversación con Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bingen Zupiria insistió en la importancia de que todos los funcionarios públicos mantengan elevados estándares de conducta. Al mismo tiempo, denunció el daño social que suponen las condenas prematuras en la opinión pública, las cuales suelen generar estigmatización aun en ausencia de sentencias firmes o resoluciones judiciales concluyentes.