Piden seis años para dos hombres en Santander por estafar a otro con problemas de visión que quedó en la indigencia

La acusación particular ha solicitado que la pena de prisión para los dos implicados, padre e hijo, se eleve a siete años, además de una multa de 4.950 euros y una indemnización que supere los 149.700 euros, de acuerdo con la información de la agencia Europa Press. En el centro del caso se encuentran las acusaciones de estafa y hurto que, según la Fiscalía, dejaron a una persona con discapacidad visual en la indigencia tras haber perdido la totalidad de sus ahorros y bienes personales.

El Ministerio Fiscal ha solicitado seis años de prisión para cada uno de los acusados y una multa de 6.000 euros, según publicó Europa Press. La solicitud incluye también una indemnización de 148.995 euros, dirigida a resarcir a la víctima tanto por los fondos económicos presuntamente extraídos como por los objetos personales y joyas que no han sido recuperados. La vista preliminar del procedimiento abreviado se celebrará ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ubicada en Santander, el martes 27 de enero a las 12.30 horas.

Según la acusación formal recogida por Europa Press, padre e hijo habrían actuado en concierto y con el fin de obtener un beneficio económico a costa de la víctima, quien se encontraba en situación de vulnerabilidad debido a su discapacidad visual. El relato del Ministerio Fiscal sostiene que los acusados se habrían presentado ante el perjudicado bajo la premisa de prestarle ayuda en las actividades diarias, dada su condición. Aprovechando la confianza y el conocimiento previo del entorno y las rutinas del afectado, según comunicó el medio citado, accedieron a las pertenencias y recursos económicos del denunciante.

Durante un periodo de siete meses, la Fiscalía asegura que los imputados realizaron extracciones de fondos que totalizaron 147.000 euros desde la cuenta bancaria del afectado, sin mediar autorización. Parte de la operatividad se habría facilitado porque el hijo hizo uso de una libreta bancaria, cuyo código personal conocía, ya que el padre lo había acompañado a la oficina para realizar gestiones, informó Europa Press. Además del daño patrimonial en cuentas y efectivo, la acusación sostiene que ambos sustrajeron diversos objetos y joyas del domicilio de la víctima, valuados en 1.700 euros.

La investigación judicial permitió, según reportó Europa Press, localizar en el domicilio del hijo la libreta bancaria a nombre del afectado y una suma en efectivo de 13.000 euros, vinculada a las retiradas denunciadas. Europa Press detalló que las presuntas acciones delictivas se califican como delito de hurto y delito de estafa agravada continuada, por lo que la Fiscalía solicita igual condena privativa de libertad para ambos, además del pago de la multa y la indemnización correspondiente.

Por parte de la acusación particular, la petición sobre la pena de cárcel sube a siete años y solicita una cantidad levemente mayor en concepto de indemnización, ascendiendo a 149.706 euros. Europa Press recogió que esta parte también solicita que los acusados afronten una multa de 4.950 euros.

En los fundamentos de la acusación, según recogió el medio, la Fiscalía subraya que los acusados se beneficiaron de la confianza depositada en ellos por la víctima, instrumentalizando la presunta ayuda para acceder a los bienes materiales y monetarios que la persona afectada mantenía bajo su custodia. Esta actuación habría conducido a la víctima a quedar sin recursos económicos, en una situación calificada en el informe como "de indigencia". El relato de hechos recoge que la sustracción de objetos y fondos fue sistemática y coordinada entre los dos procesados.

La diligencia de entrada y registro en el domicilio del hijo fue determinante en la recuperación parcial del dinero, mientras que diversos objetos personales siguen en paradero desconocido, según consignó Europa Press. La celebración de la audiencia preliminar en la Audiencia Provincial de Cantabria permitirá el desarrollo del proceso penal en la fase de enjuiciamiento, en la que las partes podrán exponer las pruebas y alegaciones conforme al procedimiento establecido.