Podemos anuncia un pacto con el PSOE para que el Gobierno apruebe un decreto de regularización de migrantes

Las personas extranjeras que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia en territorio español podrán suspender cualquier proceso administrativo de expulsión o sanción mientras dure la revisión de su solicitud, lo que permitirá detener los procedimientos de retorno por motivos administrativos o laborales sin permiso. Así, más de 500.000 migrantes podrían optar a la regularización extraordinaria aprobada tras el acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, según informó este lunes el medio El País.

De acuerdo con la información publicada por El País, el Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros un real decreto que habilitará un proceso excepcional para que personas que se encuentren en situación irregular en España antes del 31 de diciembre de 2025 puedan regularizar su estatus. La eurodiputada de Podemos Irene Montero afirmó durante un acto celebrado en Madrid, enfocado en la situación del colectivo migrante, que el acuerdo alcanzado con el PSOE pondrá en marcha una medida de regularización largamente demandada por organizaciones sociales y que lleva meses de negociaciones.

El medio El País detalló que este proceso beneficiará a quienes puedan demostrar su residencia continua en territorio español durante al menos cinco meses. Para ello, los interesados tendrán que aportar documentación que avale su estancia. Entre los documentos válidos para acreditar la residencia se incluyen el empadronamiento, certificados de citas médicas, justificantes de asistencia a servicios sociales, contratos de alquiler, recibos de envíos de dinero o billetes de transporte, entre otros.

Según lo revelado por el medio El País, la medida permitirá a quienes resulten beneficiarios acceder a una autorización de residencia provisional mientras se tramita su solicitud, lo que les abrirá también la posibilidad de trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Una vez que la resolución sea favorable, los migrantes recibirán un permiso de residencia de un año. Luego de este periodo inicial, las personas podrán solicitar una autorización de residencia ordinaria conforme al reglamento vigente en materia de extranjería.

El Gobierno implementará esta iniciativa a través de un real decreto, lo que significa que la regularización no requerirá la validación previa del Congreso de los Diputados. El País explicó que este camino ha sido elegido debido a que la proposición de ley derivada de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por distintos colectivos sociales a favor de la regularización, seguía sin avances en el Congreso.

Fuentes de Podemos, citadas por El País, subrayaron la importancia de que el procedimiento se diseñe para ser ágil y garantizar la protección de los derechos de las personas extranjeras ante situaciones de discriminación. Irene Montero también resaltó el papel desempeñado por la “Plataforma regularización ya” y la labor de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, en la defensa de esta vía extraordinaria para la obtención de residencia legal.

La medida específica que, para poder acogerse al proceso de regularización, las personas solicitantes no deben contar con antecedentes penales relevantes. Entre los beneficios de este proceso figura, además del acceso a la residencia y el trabajo legal, la posibilidad de integrarse plenamente en la sociedad mediante el acceso a servicios públicos y básicos que hasta ahora les resultaban limitados, detalló El País.

El plazo para presentar las solicitudes de regularización se extenderá hasta el 30 de junio, según estimaciones de Podemos recogidas por El País. Durante el periodo de revisión de cada caso, las órdenes de expulsión por causas administrativas o laborales quedarán en suspensión, brindando seguridad jurídica a quienes se encuentren en este proceso.

El acuerdo anunciado y su inminente aprobación mediante real decreto representan una de las mayores regularizaciones de personas migrantes en situación irregular en España. La decisión de optar por este mecanismo responde a la necesidad de dar una respuesta inmediata a la situación de cientos de miles de personas que ya están integradas en diferentes ámbitos del país, según detalló el medio El País.

Las organizaciones implicadas han seguido de cerca las negociaciones, y algunos de sus portavoces fueron destacados tanto por Podemos como por el propio Gobierno en la configuración de los requisitos y en la defensa de una regularización que, reiteraron, busca facilitar el acceso de los migrantes a condiciones de vida dignas y al respeto de los derechos fundamentales reconocidos en el país, según recopiló El País.