Una jueza investiga a la alcaldesa de El Boalo (Madrid) por presunta prevaricación en adjudicaciones a familiares

Entre los elementos aportados a la denuncia presentada ante el juzgado destaca un informe forense sobre facturación y documentación municipal, encargado por el grupo municipal del Partido Popular (PP) de El Boalo y remitido posteriormente a la interventora municipal. El medio Europa Press informó que este análisis sirvió como base para la apertura de una auditoría interna sobre las cuentas públicas del Ayuntamiento, posterior a la revisión de archivos y correos electrónicos oficiales en los que se detectaron posibles irregularidades vinculadas a contrataciones y pagos.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Colmenar Viejo inició diligencias para investigar a Soledad Ávila Ribada, alcaldesa socialista de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, a raíz de una denuncia interpuesta por el portavoz del PP en el municipio, Sergio Yunquera. Según detalló Europa Press, la denuncia atribuye a Ávila la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, relacionados con adjudicaciones presuntamente realizadas a familiares directos sin que mediara el correspondiente proceso de contratación ni fiscalización previa.

El periodo analizado comprende desde 2011 hasta 2023, cuando Ávila desarrolló diversas funciones dentro del gobierno local, primero como concejala de Educación y tercera teniente de alcalde, y posteriormente como alcaldesa. El informe que respalda la denuncia contabiliza aproximadamente 135.000 euros en facturas vinculadas a trabajos adjudicados a miembros de su círculo familiar. De acuerdo con la información que difundió Europa Press, entre los beneficiarios de estas adjudicaciones figuran tres hermanos, una cuñada y dos sobrinos de la regidora.

El documento que sustenta la investigación indica que estos trabajos se otorgaron "a dedo", sin expediente administrativo, propuesta formal de gasto ni apertura de un proceso de concurso o licitación reglado. Algunas de las facturas, según reportó la misma fuente, fueron firmadas por la propia Ávila en calidad de edil, incluso cuando existían informes de suspensión —denominados reparos— emitidos por la intervención municipal que advertían sobre la ausencia de los preceptivos procedimientos legales.

Europa Press consignó que estos reparos técnicos habrían sido posteriormente levantados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, órgano del que Ávila formaba parte en ese periodo, lo que permitió la autorización y el pago de las facturas pese a las advertencias expresadas por los técnicos municipales. La denuncia sostiene que esta dinámica vulneró los principios de fiscalización y control de los fondos públicos.

En el marco de la causa, las diligencias de instrucción incluyen la citación como testigos, fijada para el 6 de mayo, de la interventora municipal y varios de los peritos encargados de elaborar el informe de facturación. Europa Press detalló que la Fiscalía aprecia indicios de que los hechos investigados podrían constituir un delito de prevaricación administrativa.

Las actuaciones continúan en fase de investigación y el juzgado sigue acumulando pruebas y tomando declaración a diversas partes con el objetivo de esclarecer la existencia o no de infracciones legales en las adjudicaciones documentadas entre 2011 y 2023. Hasta el momento, Soledad Ávila no ha sido citada a declarar, informó Europa Press.

Las pesquisas también valoran la documentación relativa a la manera en que se levantaron los reparos técnicos y la implicación de los órganos de gobierno municipal en la ejecución de los pagos asociados a las adjudicaciones bajo sospecha. Los documentos en poder de la intervención y los testimonios de los peritos servirán para determinar si hubo una sistemática elusión de los mecanismos legales de control.

De acuerdo con los datos recogidos por Europa Press, la denuncia incluye detalles sobre el proceso por el cual la interventora abrió de oficio una auditoría interna, motivada por las alertas surgidas tras revisar las facturas, correos electrónicos y otros documentos en poder del Ayuntamiento. La investigación se centra en definir el alcance de las presuntas irregularidades y la responsabilidad de los distintos actores implicados en la cadena de decisión y ejecución de los contratos.

El juzgado de Colmenar Viejo continúa valorando toda la documentación y declaraciones para establecer si existe base legal para imputar delitos penales relacionados con la gestión municipal bajo el mandato de Soledad Ávila. La situación procesal de la alcaldesa, por el momento, no incluye citación judicial, mientras la causa sigue su curso, según remitió Europa Press.