La Diputación Permanente del Congreso debate mañana si cita a Sánchez y ocho ministros en esta semana

La programación de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, prevista para el 11 de febrero una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, desplazó la fecha que buscaban algunos sectores para que el mandatario diera explicaciones antes de finalizar enero por los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en distintas provincias españolas. Este aplazamiento coincidió con el debate en la Diputación Permanente, órgano que asume funciones del Pleno durante los recesos parlamentarios, sobre la posibilidad de citar al jefe del Ejecutivo y a ocho ministros para que aclaren diversas cuestiones ante la Cámara esta semana. De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, la sesión empezó la tarde del martes y las votaciones se fijaron para el miércoles.

El Partido Popular insistió en la urgencia de que Sánchez comparezca en relación a la reciente actuación de Estados Unidos en Venezuela y los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del Ejecutivo, temas recogidos en el orden del día de la Diputación. Europa Press indicó que, aunque el PP pretendía que Sánchez asistiera esta misma semana al Pleno para hablar específicamente del siniestro ferroviario de Adamuz, Córdoba, que ocasionó 45 muertes, el presidente optó el viernes anterior por solicitar comparecer por iniciativa propia sobre dicho suceso y su participación en diferentes foros internacionales recientes. Finalmente, Moncloa comunicó el lunes que la comparecencia ante la Cámara se dará sólo una vez reanudado el periodo ordinario, descartando la posibilidad de que ocurra en el tramo final de enero como proponía la oposición.

Según Europa Press, además del presidente del Gobierno, el principal partido opositor demandó la presencia de ocho titulares de ministerios —Hacienda, Interior, Ciencia, Igualdad, Vivienda, Transportes, Sanidad y Justicia— para responder sobre cuestiones relacionadas con financiación autonómica, presuntos casos de acoso sexual cometidos por miembros del Ejecutivo, la situación habitacional, la coyuntura económica nacional y otros asuntos relevantes. Cada una de estas solicitudes fue objeto de debate entre los diferentes grupos políticos y quedó pendiente de votación en la Diputación Permanente, manteniendo la proporcionalidad que representa la correlación de fuerzas en el Pleno del Congreso.

El medio Europa Press detalló que este escenario podría tensionar la estrategia del bloque gubernamental, integrado por PSOE y Sumar, ya que la mayoría parlamentaria actual favorece a la oposición y podrían prosperar las iniciativas para exigir comparecencias antes del reinicio de las sesiones ordinarias, que será el lunes 2 de febrero. Si alguna de las propuestas resultase aprobada, las citaciones tendrían que realizarse en esta misma semana.

Entre los miembros del gabinete cuya presencia solicitó el PP, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue llamada tanto para explicar los recientes acuerdos sobre financiación autonómica firmados por el Gobierno, en especial aquellos negociados con el líder de ERC, Oriol Junqueras, así como para detallar las medidas que el Ejecutivo planea adoptar ante las dificultades económicas que, según la oposición, atraviesan numerosas familias españoles. El PP consideró en su petición que tales acuerdos afectan al modelo territorial y fiscal y pueden comprometer la igualdad entre ciudadanos, opinión recogida por Europa Press.

Por otra parte, el Partido Popular pidió la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, con el fin de que se refiera a la imposición de la baliza V16 en el territorio nacional. También reclamó que Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, proporcione datos actualizados sobre el impacto de las iniciativas para regular los precios del alquiler y de la compraventa de propiedades, asunto de amplio interés para la sociedad española.

La situación en la administración de justicia fue motivo de otra solicitud: la del titular del área, Félix Bolaños, a quien la oposición solicitó explicar los problemas derivados de la instalación de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia, problemas entre los que mencionaron “desconcierto, colapso e incluso caos”. En el ámbito de Igualdad, la presencia de Ana Redondo fue reclamada para que informe sobre investigaciones y medidas implementadas en relación a presuntos casos de acoso sexual a mujeres en el entorno de La Moncloa, atribuidos a cargos actuales del Gobierno, según la información recogida por Europa Press.

Las áreas científicas y sanitarias también figuran en la lista trazada por los populares. Se reclamó la intervención de la ministra de Ciencia, Diana Morant, para explicar los motivos detrás del cierre de Unidades de Diagnóstico Molecular, Cáncer Familiar y el Programa de Terapias Experimentales en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). A Mónica García, responsable de Sanidad, se le pidió rendir cuentas por supuestos incumplimientos de plazos estipulados en la convocatoria para médicos internos residentes (MIR).

En materia de Transportes, el PP instó a que Óscar Puente informe sobre el plan de choque ferroviario, las medidas de atención urgente a viajeros y los protocolos actuales del análisis de incidencias y puntualidad en los servicios de Renfe, informó Europa Press. Puente también manifestó su intención de ofrecer explicaciones por los accidentes ocurridos en el sector y confirmó que asistirá el jueves ante el Senado.

Las comparecencias debatidas y votadas en la Diputación Permanente tendrán consecuencias para la agenda legislativa y podrían modificar el calendario de rendición de cuentas de los máximos representantes del Gobierno, según detalló Europa Press. La resolución final dependerá de la correlación de fuerzas que surja tras la votación, en un contexto marcado por la presión de la oposición y la búsqueda de transparencia en la gestión pública durante el tramo final antes de la reinauguración del periodo ordinario de sesiones.