El PSPV-PSOE anuncia su personación en la causa que investiga el audio de la dana manipulado

Vicent Mascarell, secretario de Organización del PSPV-PSOE, ha defendido la protección de la integridad de los protocolos públicos y el correcto funcionamiento de los servicios de emergencia, señalando que dichas garantías representan pilares esenciales dentro de una sociedad democrática. Esta declaración se enmarca en el contexto de la investigación judicial sobre la obtención y presunta manipulación de un audio emitido durante la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024, caso que ha motivado la personación del partido como acusación popular.

Según informó el PSPV-PSOE a través de un comunicado recogido por diversos medios, el partido valenciano participará activamente en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia). La investigación se centra en la grabación de una conversación mantenida entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112 dependiente de la Generalitat Valenciana, en medio del operativo por las intensas lluvias del pasado octubre. El PSPV-PSOE exige, en este marco, que la justicia esclarezca lo sucedido y depure tanto responsabilidades políticas como penales derivadas del acceso y posible manipulación del audio.

El partido ha solicitado expresamente la imputación de dos altos cargos de la administración autonómica que, según dijeron, tuvieron acceso a la grabación en cuestión. Vicent Mascarell remarcó que se trata de un caso de gravedad institucional y democrática, e insistió en que quienes hayan accedido a la grabación y participado en su alteración o difusión indebida deben comparecer ante la justicia. De acuerdo con las declaraciones recogidas en el comunicado, Mascarell manifestó que “quienes accedieron a esa grabación deben responder ante la justicia”. Además, el dirigente matizó que la presencia del partido en la causa no responde a un enfrentamiento político, sino al objetivo de impedir que los sistemas de atención de emergencias y protección civil sean usados con fines partidistas.

El medio detalló que la investigación puesta en marcha gira en torno a la posible manipulación de una comunicación de alto interés público en un momento de actuación de emergencias, lo que, según plantea la acusación, podría afectar al respeto a los procedimientos institucionales y comprometer la confianza en los servicios públicos. En su comparecencia, Mascarell insistió en que la defensa de la veracidad y la observancia de los protocolos corresponde a todos los responsables públicos.

El PSPV-PSOE subrayó a través de su portavoz la petición de celeridad y rigor por parte de los órganos judiciales encargados de instruir la causa. En su comunicado, hicieron hincapié en la necesidad de clarificar los hechos y exigir que las personas involucradas asuman las consecuencias derivadas de sus actos, tanto en el ámbito político como en el penal. Según puntualizó el propio Mascarell, el propósito de su personación es “garantizar que se esclarezcan los hechos y se depuren todas las responsabilidades”.

El caso judicial sigue avanzando en el Juzgado de Llíria, que investiga la obtención y posterior manipulación de la grabación, en una causa que pone el foco sobre la seguridad y el uso apropiado de las comunicaciones oficiales en situaciones críticas. El partido socialista valenciano reiteró, en sus declaraciones, la importancia de separar la operatividad de los sistemas de emergencias de cualquier tipo de instrumentalización política o partidista.

De acuerdo con lo publicado por el PSPV-PSOE, la formación reclama transparencia total en torno a la investigación judicial y el establecimiento de eventuales consecuencias para quienes se hubieran visto implicados en la manipulación, alteración o difusión de los audios bajo investigación. El partido destacó que la protección de la verdad y la defensa de la institucionalidad constituyen prioridades ante un caso que, según reiteró su dirección, afecta directamente a la confianza en los servicios públicos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía.