España condena la demolición de las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este y lo tacha de "inaceptable"

La Comisión Europea se unió a la condena internacional en respuesta a la demolición de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este, recordando a Israel su deber de mantener la cooperación con las Naciones Unidas y el respeto al derecho del pueblo palestino a su autodeterminación. Según informó Europa Press, la intervención de las fuerzas de seguridad israelíes, supervisada por autoridades del propio país, motivó reacciones inmediatas a nivel internacional.

El Gobierno español rechazó de manera categórica la destrucción de estas infraestructuras vinculadas a la UNRWA, sosteniendo que se trata de "una violación inaceptable de los privilegios e inmunidades" que amparan a las organizaciones internacionales bajo el Derecho Internacional. Europa Press detalló que en el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Exteriores, el Ejecutivo exigió el respeto irrestricto al Derecho Internacional y a las obligaciones derivadas de la pertenencia de Israel a Naciones Unidas, incluidas las resoluciones y opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, integradas en el sistema jurídico internacional compartido por todos los países miembros.

El pronunciamiento español se da después de que maquinaria pesada iniciara la demolición de diversos edificios de la UNRWA en Jerusalén Este, momentos en los cuales estos seguían protegidos formalmente por el marco jurídico internacional. Según consignó Europa Press, esta acción se realizó bajo la cobertura de una ley aprobada por el Parlamento israelí en octubre de 2024, mediante la cual se prohibieron todas las actividades de la agencia en ese territorio en disputa. Las imágenes de bulldozers derribando las estructuras han suscitado respuestas en organismos multilaterales y gobiernos de la región.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, manifestó su oposición a las medidas adoptadas por Israel. Según Europa Press, Guterres subrayó que "una instalación de Naciones Unidas es inviolable e inmune ante cualquier forma de interferencia", recordando la importancia de respetar los principios internacionales que protegen las misiones y al personal de la ONU sobre el terreno.

Europa Press reportó que el Gobierno español reiteró, en el marco de estos acontecimientos, su respaldo al mandato "esencial" de la UNRWA para la atención directa de las necesidades de la población refugiada palestina. El Ejecutivo destacó que la labor humanitaria de la agencia mantiene relevancia persistente "hasta alcanzar una paz justa y duradera en la región". Este apoyo se mantuvo explícito pese a las críticas y restricciones implementadas por Israel hacia la agencia de Naciones Unidas en territorio bajo su control.

En la declaración difundida, España urgió al Gobierno israelí a cumplir con sus obligaciones legales como Estado miembro de la ONU, una condición que implica aceptar y acatar tanto los tratados internacionales suscritos como las decisiones derivadas de las instancias judiciales y diplomáticas de la organización. Según publicó Europa Press, el Ejecutivo español resaltó que la estructura jurídica internacional funciona como acuerdo marco para la convivencia entre Estados y que las acciones unilaterales afectan el equilibrio buscado a través del respeto mutuo y la cooperación.

La demolición de las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este añade tensión a una situación previamente marcada por las restricciones legales impuestas a la actividad internacional en territorio bajo administración israelí. Como señaló Europa Press, la decisión del Parlamento israelí de prohibir la labor de la UNRWA en octubre de 2024 constituyó el antecedente de los hechos actuales, marcando un nuevo foco de desacuerdo con la comunidad internacional.

Diversas voces, tanto dentro como fuera de la región, han manifestado preocupación por el impacto humanitario de estas medidas. Europa Press indicó que autoridades europeas y organismos internacionales vieron limitado el acceso de la población refugiada palestina a servicios esenciales. La comisión europea remarcó la obligación de Israel de actuar "de buena fe" en sus relaciones con Naciones Unidas.

Las declaraciones recientes de los líderes institucionales ponen de manifiesto la tensión generada por la aplicación de normativas nacionales en contraposición al sistema de garantías y jurisdicciones internacionales aceptado por los Estados miembros de Naciones Unidas. El caso de la UNRWA continúa generando debates sobre la protección de misiones internacionales y el acceso humanitario en zonas de conflicto, según desarrolló Europa Press en su cobertura del suceso.