Condenadas tres trabajadoras de un prostíbulo de Sevilla por estafar a clientes narcotizados

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha condenado este miércoles, 21 de enero, a seis meses de prisión por un delito continuado de estafa a tres trabajadoras una sala de la capital andaluza en la que "se ejercía la prostitución por un número indeterminado y rotatorio de mujeres", tras realizar cargos no autorizados en "las tarjetas bancarias de clientes que se encontraban en un estado de semiinconsciencia a causa de sustancias indeterminadas que previamente hubieran ingerido en compañía de alguna de las mujeres que trabajaban en el local y cuyos servicios habían solicitado, obteniendo el pin de las tarjetas gracias a los pagos previos que se habían realizado voluntariamente por los perjudicados".

No obstante, cabe subrayar que las mismas han quedado absueltas de un presunto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas y otro de robo con violencia, tal y como se desprendía del escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, consultado por Europa Press. Esto se ha debido a que, según ha indicado el fiscal durante la vista oral, "no consta quien fue el responsable de administrar presuntamente sustancias indeterminadas a los afectados" ni que las mencionadas sustancias "estuviesen destinadas al tráfico ilícito".

De esta forma, tras la negociación entre las partes, las tres han mostrado conformidad con la pena establecida. Para llegar a este acuerdo se ha contemplado la aplicación de atenuante cualificada de dilaciones indebidas dado que se ha detectado un retraso en la celebración del procedimiento que no se han circunstancias relacionadas con las investigadas, según la Fiscalía.

Por otro lado, el tribunal ha fijado que las procesadas deberán indemnizar a los afectados en concepto de responsabilidad civil con cantidades de hasta algo más de 7.000 euros, a lo que se han comprometido todas ellas

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por esta agencia, los hechos sucedían en momentos determinados de los años 2012 y 2013 siguiendo un patrón similar. Así, las acusadas, una vez con las tarjetas de los afectados "en su poder" y tras encontrarse los mismos en muchos casos en estado de "semiinconsciencia" tras haber ingerido bebidas en las que se había vertido previamente "sustancias indeterminadas", aprovechaban para intentar realizar "diversos cargos", sin consentimiento previo, en distintas cantidades, por importes que oscilan entre los mil y los siete mil euros.

Los afectados detectaban en días posteriores, según el mencionado escrito, que sus tarjetas presentaban "cargos no autorizados". Además, en algunos casos, los individuos eran "localizados por sus familias en un estado de desorientación" y, tras un estudio analítico realizado al día siguiente, se llegó a hallar en uno de ellos "restos de alprazolam, ibuprofeno, cocaína y MDMA".