Perjudicados del 'caso ataúdes' muestran su impotencia, indignación y dolor ante "una estafa en toda regla"

El relato de una nieta que aún no sabe dónde se realizó la cremación de su abuelo, fallecido en 1998, y que solo recuerda el momento en que los empleados del tanatorio corrieron las cortinas durante el proceso, describe el desconcierto de muchos afectados por el conocido “caso ataúdes”. Tal como dio a conocer Europa Press, varias familias han comparecido en la tercera jornada de vistas en la Audiencia de Valladolid para exponer el sentimiento de impotencia y dolor tras descubrir que los féretros contratados para sus seres queridos, en el momento de la incineración, fueron cambiados por otros de menor calidad sin su conocimiento ni consentimiento.

Según informó Europa Press, los perjudicados han coincidido en calificar estos hechos como una “estafa en toda regla”, reclamando los daños morales provocados y criticando la falta de transparencia y ocultamiento de información por parte de los empleados. Uno de los testimonios clave, Javier del C.M, detalló que su familia solo se enteró de la sustitución al acudir su hermana al juzgado por un trámite. Allí, descubrió que el nombre de su padre figuraba en un listado de fallecidos cuyos féretros habían sido reemplazados. Tras el fallecimiento de su padre, Mariano del G.C., el 27 de marzo de 1997, la familia contrató los servicios de la funeraria dirigida por el grupo El Salvador a través de la aseguradora Ocaso. “Llevaban pagando el seguro toda la vida”, explicó. Organizaron un funeral en la parroquia de San Pedro Apóstol y el ataúd fue trasladado al cementerio de Santovenia para la incineración, proceso del que no pudieron ser testigos porque, según relató, los empleados “echaron las cortinas y fue imposible asistir”.

Europa Press recogió también la intervención de Javier, quien relató que su madre quedó devastada tras conocer los hechos, subrayando que su familia sentía rabia, indignación e impotencia, siendo, en sus palabras, “una estafa en toda regla”. La defensa de la familia Morchón, propietaria de la funeraria, le preguntó por qué las cenizas de su padre aún permanecían bajo custodia en el tanatorio, a lo que Javier respondió que la urna fue retirada pocos días después de la cremación y depositada en la naturaleza.

Otros testimonios recogidos por Europa Press, como el de Victoriano R., pusieron de manifiesto la imposibilidad de elegir la empresa funeraria, ya que la aseguradora fijó el procedimiento y, en el momento de la cremación, tampoco pudieron estar presentes ante el cierre de cortinas realizado por los empleados. En su caso, tanto un hermano como su padre fueron incinerados en el cementerio Parque El Salvador, y en ninguno de los dos procesos se permitió la asistencia directa de los familiares.

En la audiencia, Marta R. apuntó el desconcierto y desconfianza que ha generado este escándalo. Afirmó que, inicialmente, creyó que todo funcionaba con normalidad, pero la revelación sobre el trueque de ataúdes provocó en ella y en su familia una profunda insatisfacción. La testigo expresó que uno piensa estar contando con profesionales, “pero luego te das cuenta de cómo han manipulado el cadáver de tu familiar y cómo te han estafado”. Europa Press también citó a Sonia S., quien corroboró el patrón: tras atender a los trámites con la funeraria, tampoco pudo presenciar el proceso de cremación de sus padres debido a que los empleados cerraron las cortinas.

Durante la sesión judicial, Francisco de J. también expuso que, luego de contratar los servicios funerarios para su madre, fallecida el 25 de mayo de 1998, y su padre, el 12 de octubre de 2002, ambos en el cementerio de Santovenia, la escena se repitió al impedirles presenciar el ingreso de los féretros al horno. “Vimos el horno perfectamente, pero no la entrada de los féretros. Nos dijeron que al día siguiente acudiéramos a por las cenizas”, precisó. Asoció la opacidad de los empleados en el momento clave con el supuesto objetivo de facilitar la reincorporación de los ataúdes de mejor calidad al mercado. Consultado sobre una posible reclamación si la justicia confirmara los hechos, reconoció no tenerlo decidido y que debía consultarlo con su familia.

Europa Press informó también la intervención de María del Pilar Z., quien describió que quiso acompañar el féretro de su madre, fallecida el 1 de enero de 1999, hasta el horno, pero los empleados lo impidieron con el argumento de que se trataba de una prohibición sin fundamento claro. La afectada, que perdió la vista tres años después de los hechos, destacó que eligió personalmente la caja y expresó su intención de reclamar si el juicio concluye en condena. Según citó Europa Press, declaró: “Es todo horroroso, horroroso, hacernos esto, profanar por tres pesetas, el dueño ha muerto, pero que paguen los hijos, es lo que nos queda a los afectados”.

El caso de Francisco A., sobrino de Maximiliano, fallecido el 31 de diciembre de 2001, expuso nuevamente el patrón descrito por los demás afectados: tampoco pudo presenciar la incineración de su familiar en el féretro seleccionado por él mismo. Francisco A. renunció a cualquier indemnización, afirmando que cualquier compensación se destinaría a causas benéficas.

Europa Press señaló que el proceso judicial afronta una nueva jornada la próxima semana, con el Ministerio Público enfocado en un total de 23 acusados, incluyendo a la viuda y a los tres hijos del propietario original del grupo funerario. Para ellos, se solicitan las mayores penas en acusaciones que incluyen organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Dos empresas, Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L., figuran como responsables civiles subsidiarios. La causa apunta directamente a la estructura organizativa y comercial del grupo funerario y a un presunto patrón sistemático de sustitución de ataúdes en procesos de cremación contratados por familias a través de aseguradoras.

Europa Press documentó que la mayoría de los afectados conocieron los hechos varios años después de la cremación de sus familiares, cuando sus nombres aparecieron en los listados judiciales. Las declaraciones presentaron situaciones en las que, pese a contratar modelos específicos de féretros, las familias se vieron privadas de la posibilidad de comprobar si se utilizaba el producto pagado, agravando el impacto emocional. Las jornadas de testificales han puesto de manifiesto cómo la mecánica empleada, consistente en correr las cortinas durante la incineración y limitar el acceso, facilitó las maniobras opacas denunciadas por los familiares.

Europa Press ha recogido que la demanda generalizada entre los comparecientes incluye el reconocimiento del daño moral generado, la crítica al ocultamiento y la exigencia de transparencia en futuros servicios funerarios. A la espera de nuevas sesiones en la Audiencia, las familias buscan tanto reparación por los perjuicios emocionales como garantías para que hechos similares no se repitan.