
La investigación periodística llevada a cabo por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias documentó que el ambiente laboral para las empleadas del servicio doméstico en las casas de Julio Iglesias se caracterizaba por condiciones de aislamiento, conflictos internos y una jerarquía marcada, lo que, según las entrevistadas, derivó en casos de control y acoso. A partir de los testimonios recogidos en ese informe, han aflorado acusaciones de agresiones sexuales por parte del cantante, datadas en 2021, lo que ha dado lugar a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española. El abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, presentó un escrito en el que reclama el archivo de las diligencias argumentando la falta de competencia de los tribunales españoles para juzgar hechos supuestamente cometidos fuera del país.
Según consignó Europa Press, la defensa de Iglesias pidió formalmente a la Fiscalía que termine la investigación motivada por las presuntas agresiones sexuales denunciadas por dos extrabajadoras de su equipo doméstico. El principal argumento presentado para solicitar el archivo se centra en la supuesta "ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles", dado que los incidentes habrían sucedido en el Caribe, específicamente en República Dominicana y Bahamas, y no en territorio nacional español.
El letrado Choclán pidió a la Fiscalía que reconozca su papel como representante legal de Iglesias en el proceso e insistió en la necesidad de que se ponga fin a las diligencias, insistiendo en que la jurisdicción española no puede ocuparse de los hechos relatados. Para respaldar esta petición, el abogado remarcó que Iglesias, aun siendo español, no se encontraba en España en el momento alegado, sino residiendo en el extranjero, y recalcó que las presuntas víctimas tampoco son españolas ni viven habitualmente en el país. Además, detalló que ambas mujeres tienen nacionalidades distintas y residencia en otros países, y que ninguna de ellas era menor de edad al momento de los hechos.
El escrito de la defensa recoge la posición de que "las denunciantes debieron presentar su denuncia en el lugar de comisión de los hechos". Según la defensa, iniciar el procedimiento en España equivale a buscar la jurisdicción más conveniente para las denunciantes, en vez de recurrir a las instancias del lugar donde sucedieron los supuestos hechos. Respecto a la posibilidad de que la Fiscalía avance con la toma de declaraciones a las mujeres como testigos protegidas, el abogado solicita participar en el procedimiento con la intención de "acreditar la falsedad de las imputaciones y defender el honor" del artista. Además, advierte sobre el daño reputacional causado por la atención mediática al caso y manifiesta su intención de emprender acciones legales si lo considera necesario para proteger los derechos fundamentales de Iglesias, de acuerdo con Europa Press.
Por otro lado, Iglesias publicó un mensaje en la red social Instagram donde calificó de "absolutamente falsas" las acusaciones en su contra, asegurando que siente "una gran tristeza" frente a la situación. Según la publicación, el cantante expresó: "Nunca había sentido tanta maldad", y añadió que aún dispone de "fuerzas" para que se conozca "toda la verdad" y para defender su "dignidad ante un agravio tan grave".
En cuanto a los detalles de la investigación periodística que originó la denuncia, elDiario.es y Univisión Noticias explican que dos antiguas trabajadoras del entorno de Iglesias —una empleada doméstica y una fisioterapeuta— manifestaron que la relación laboral incluyó episodios de tocamientos, insultos y humillaciones reiteradas en un entorno caracterizado por el control y la presión constante. Una de las denunciantes afirmó que fue presionada a mantener relaciones sexuales con el cantante, y describió situaciones de penetraciones, bofetadas y maltratos tanto físicos como verbales. Según sus declaraciones, los episodios ocurrieron en 2021, momento en el que la empleada más joven tenía 22 años y el artista contaba con 77 años.
Durante las entrevistas, una de las mujeres relató que recibía llamadas del propio Iglesias para acudir a su habitación tras las jornadas laborales, llegando a afirmar: "Me usaba casi todas las noches". Estas circunstancias, según declaró, la hacían sentirse "como un objeto, como una esclava". En su relato, explicó que las relaciones sexuales habitualmente se producían ante la presencia de otra empleada situada en una posición jerárquica superior.
La investigación periodística, publicada por elDiario.es y difundida también por Univisión Noticias, recogió testimonios de quince exempleadas que trabajaron para Iglesias entre 1990 y 2023, incluyendo tanto personal doméstico como profesionales especializadas. Según el medio, las entrevistadas aportaron pruebas documentales que complementarían sus declaraciones, entre las que se encuentran fotografías, registros de llamadas y mensajes, visados, informes médicos y otra documentación.
Ambas mujeres implicadas sostienen que los hechos relatados ocurrieron en residencias propiedad del cantante, una en Punta Cana, República Dominicana, y otra en Lyford Cay, Bahamas. Sus testimonios apuntan a que las responsables de la gestión doméstica y la contratación de personal estaban al tanto de la situación, según la información publicada por elDiario.es.
La defensa de Iglesias también solicitó a la Fiscalía que frene la supuesta campaña mediática en marcha en torno al caso, aduciendo el daño causado a la reputación del músico a raíz de la difusión de las denuncias. Además, el letrado advirtió acerca de posibles acciones legales a favor del artista si se considera que se han vulnerado derechos fundamentales por el ejercicio abusivo de acciones penales o por la repercusión mediática derivada de la causa, según consignó Europa Press.
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