Madrid, 19 ene (EFE).- La Audiencia Nacional da inicio este lunes a un nuevo juicio del caso Púnica, el segundo que sienta en el banquillo al exconsejero madrileño Francisco Granados y que gira en torno a presuntos contratos irregulares de la organización de fiestas en municipios de la región gobernados por el PP entre 2004 y 2013.
Es el segundo juicio a quien fuese número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que ya fue juzgado y condenado a dos años de cárcel por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil sobre la operación policial.
Granados, que fue arrestado en octubre de 2014 junto a medio centenar de personas, entre ellas varios alcaldes de la región, afronta una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por dos delitos continuados de fraude y prevaricación, que la acusación del PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) eleva a 38.
También hay otros trece acusados, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y varios exalcaldes.
Es el caso de los exregidores de Valdemoro, José Miguel Moreno y José Carlos Boza (recientemente absuelto en otra pieza de Púnica); Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; Móstoles, Esteban Parro, también exsenador, y Daniel Ortiz, y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Los dos últimos fueron condenados recientemente por otra rama del caso.
El tribunal juzgará si en los diferentes consistorios madrileños "existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas en unos casos con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial, en otros", según exponía el juez en su auto de procesamiento.
La Fiscalía destaca en su escrito de conclusiones provisionales la "relación de amistad" entre Granados y el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huertas, ya fallecido, que llegó a correr con los gastos de dos fiestas privadas del exconsejero.
Subraya la "gran influencia" de Granados en el PP de Madrid y en el Gobierno regional y su posición de "prevalencia y superioridad" ante autoridades y funcionarios, que fue utilizada presuntamente para favorecer al empresario en posibles contrataciones.
Fiestas patronales, festejos de Navidad, cabalgatas, orquestas de verano o incluso alguna actuación musical en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid fueron adjudicadas de manera presuntamente irregular a Waiter Music.
En concreto, logró la adjudicación de los festejos en Valdemoro (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), o Moraleja de Enmedio (104.565,12 euros), entre otros.
Había, según la Fiscalía, "contraprestaciones". El empresario proporcionaba "unos servicios extras a requerimiento de los políticos", también para actos del PP, que no facturaba, y hacía "regalos", como un reloj y una pluma Montblanc por 1.000 euros a Granados, entre otros. EFE
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