La juez instructora de El Bocal pide el protocolo de atención de avisos, si había quejas vecinales y un examen pericial

El órgano judicial ofreció la opción de personarse a los familiares de las víctimas del accidente en la pasarela de El Bocal, acción que han ejercido hasta el momento tres familias y la única persona que resultó con vida en el suceso. Además, la agente de la Policía Local de Santander, citada como investigada, y el Ayuntamiento de la ciudad también figuran como parte en la causa, según detalló el medio que informa sobre el avance de la investigación.

De acuerdo con lo publicado, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander acordó nuevas diligencias en relación con el colapso de la pasarela de El Bocal el 3 de marzo, siniestro en el que fallecieron seis personas. Según consignó la fuente, la magistrada ha solicitado documentación y pruebas adicionales para analizar la gestión de riesgos y advertencias previas en la infraestructura.

La magistrada pidió tanto al Servicio de Emergencias 112 como a la Policía Local de Santander los protocolos de actuación para la atención de avisos vigentes en la fecha del accidente. Solicitó información sobre los procedimientos de “recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas por ciudadanos en general, y sobre riesgos en infraestructuras públicas, en particular”. También ha requerido cualquier instrucción interna, circular o manual complementario que definiese los criterios de actuación para el personal encargado de recibir y gestionar estas comunicaciones.

El medio destacó que otra línea de investigación se orienta a precisar si hubo quejas por parte de los residentes sobre el estado y el mantenimiento de la pasarela. Por ello, la jueza pidió al Ayuntamiento de Santander las actas generadas en los últimos cinco años por el Consejo del Distrito Noroeste, al que pertenece el área de Cueto y Monte, donde se encuentra la pasarela.

Según reportó la fuente, la jueza también encomendó al Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial la labor de recopilar información sobre posibles quejas formales. La solicitud incluye la búsqueda en registros públicos u oficiales, como los de la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento y de la Policía Local, además de revisar plataformas digitales de incidencias, asociaciones vecinales, medios de comunicación y redes sociales.

En el terreno técnico, la instructora acordó designar como perito judicial a un ingeniero titulado en Caminos, Canales y Puertos. El perito deberá realizar una inspección presencial de la pasarela y emitir un informe que determine si existían signos externos de deterioro, los detalles de estos signos si existiesen, la fecha estimada del último mantenimiento realizado y la valoración de si las labores de mantenimiento realizadas fueron suficientes o incurrieron en negligencia.

El informe técnico solicitado también deberá incorporar la normativa vigente en el momento de la construcción de la pasarela, además de la regulación aplicable en materia de inspección y mantenimiento de infraestructuras similares. La jueza requiere además que se especifique la periodicidad exigida oficialmente para las revisiones de este tipo de pasarelas.

Por otra parte, la investigación se encuentra en una fase en la que se ha admitido la presencia de varias partes: tres familias de víctimas, la superviviente del accidente, la agente de la Policía Local investigada y el propio Ayuntamiento de Santander, que ha visto aceptada su personación en calidad de potencial responsable civil, según ha publicado la fuente original.

La conjunción de estas diligencias pretende proporcionar un panorama amplio sobre los mecanismos de prevención, la respuesta institucional ante alertas ciudadanas y la situación real de la infraestructura antes del siniestro, para determinar si existieron omisiones que puedan derivar en responsabilidades penales o civiles.