La AN juzga a Granados y a otras 13 personas por presuntos amaños en los contratos de fiestas populares en Madrid

En el proceso judicial relacionado con las fiestas populares organizadas en varios municipios de la Comunidad de Madrid, las pruebas reunidas apuntan a un sistema donde los expedientes administrativos se estructuraban supuestamente para beneficiar a Waiter Music o a empresas vinculadas a José Luis Huerta, lo que permitía que la adjudicación de contratos recayera en estos actores de forma habitual. De acuerdo con Europa Press, la Audiencia Nacional comenzó a juzgar al ex secretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, al exsenador David Erguido y a otros trece acusados por presuntas irregularidades en la contratación de servicios para eventos municipales, en el contexto del conocido caso Púnica.

Según informó Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Granados hasta seis años de prisión y 46 años de inhabilitación por delitos presuntamente cometidos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa y un delito continuado de prevaricación. La acusación incluye la organización de fiestas y otros actos en los municipios de Valdemoro, Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles, entre otros, durante el mandato de Granados como alcalde de Valdemoro y en años posteriores. Los investigadores señalan que las adjudicaciones favorecieron a Waiter Music y a sociedades bajo el control de Huerta, ya sea de forma directa o indirecta, lo que supuso el desembolso público de cantidades que superaron el millón de euros en la adjudicación de festejos durante 2003.

El medio Europa Press detalló que, en el auto de procesamiento emitido por el juez Manuel García Castellón, se describe cómo la elección de empresas quedaba condicionada por la preparación previa de los expedientes, de modo que los contratos públicos recaían en Waiter Music. La empresa, además de encargarse de las festividades, proporcionaba servicios adicionales que no siempre se facturaban y que respondían a peticiones de responsables políticos, entre ellas servicios para actos internos del Partido Popular municipal o eventos privados de miembros destacados. Huerta, quien falleció en 2020, declaró que estas prácticas eran habituales y extendidas, y que los encargos extras se cubrían de forma informal, en ocasiones con facturas falseadas o costes superiores a los derivados estrictamente del evento celebrado.

La organización y el pago de fiestas del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, que reúne a los 42 municipios de la sierra norte, también figura en la declaración de Huerta y en el auto judicial. De igual modo, sobresale el concierto 'Night of the Proms', que, según el informe del juez instructor, se celebró en Madrid por deseo expreso de Granados y recibió una subvención pública de 225.000 euros y una aportación adicional de 80.000 euros de la empresa pública Arpegio. Sobre este evento en particular, Huerta declaró ante la justicia que sufrió una pérdida de 75.000 euros. También sostuvo haber asumido los gastos de la comunión de la hija de la entonces alcaldesa de Algete, Inmaculada, un ejemplo de los servicios extra enumerados en el proceso.

Europa Press reportó que las adjudicaciones a Waiter Music en 2003 se documentaron en los siguientes municipios y por estas cuantías: Valdemoro (773.186,88 euros), Móstoles (262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (100.172,96 euros), Moraleja de Enmedio (104.565,12 euros) y Humanes de Madrid (87.491,47 euros). Además, se asignaron importes de menor cuantía a Arroyomolinos (7.948,32 euros), Villanueva de la Cañada (17.527,60 euros) y Titulcia (17.469,88 euros). El juez señaló que el empresario mantuvo la relación comercial con estos municipios en condiciones similares hasta 2013, año en que concluyó el periodo investigado. También existen registros de facturación de Waiter Music hacia grandes empresas constructoras y entidades públicas, como FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr, OHL y Metro de Madrid, por una suma total de 571.311,61 euros, de los cuales 198.940,00 euros correspondían a Metro de Madrid S.A.

El auto judicial al que tuvo acceso Europa Press indica que Huerta conseguía proyectos gracias a sus relaciones previas y a la conveniencia de responder a las demandas de quienes ocupaban cargos en los ayuntamientos. El sistema identificado permitía que, en algunas ocasiones, los pagos fueran gestionados asumiendo el propio empresario una parte de los costes, y en otras, aumentando el importe facturado respecto al coste real de los servicios. Además, la existencia de relaciones personales facilitó la continuidad de estos contratos a lo largo de varios ejercicios presupuestarios.

La acusación del Ministerio Fiscal alcanza también a David Erguido, para quien solicita dos años y ocho meses de prisión, además de 19 años de inhabilitación, bajo cargos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación, informó Europa Press. La responsabilidad civil fijada para Granados asciende a 300.000 euros, mientras que para el resto de los acusados la cifra establecida es de 50.000 euros. El magistrado instructor señaló la necesidad de estimar estas cantidades de forma prudente para garantizar el pago de indemnizaciones derivadas de eventuales condenas.

En su carácter de parte afectada, la Comunidad de Madrid ejerce la acusación y pide para Granados siete años de prisión, 28 de inhabilitación y una multa impositiva de 364.200 euros bajo los cargos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos. En el proceso figuran también exalcaldes y cargos administrativos de distintos municipios investigados, tal como detalló Europa Press, todos actualmente sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional.

El caso Púnica, en cuyo marco se inscribe este juicio, ha supuesto uno de los procedimientos de corrupción institucional de mayor trascendencia en la Comunidad de Madrid durante las últimas décadas, con implicaciones sobre la administración local, la adjudicación de contratos públicos y la financiación irregular de eventos institucionales. La vista oral avanza en la Audiencia Nacional, mientras los acusados se enfrentan a las acusaciones de corrupción, prevaricación y malversación que han centrado la instrucción de la causa, según la información publicada por Europa Press.