Madrid, 17 ene (EFECOM).- La crisis de vivienda se ha convertido en uno de los asuntos centrales del debate político pero el reciente anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para bonificar fiscalmente a los caseros que no suban las rentas ha desembocado en un nuevo desencuentro con sus socios de Sumar.
El pasado lunes, coincidiendo con el inicio de los trabajos de demolición en el barrio madrileño de Campamento —donde está prevista la construcción de 10.700 viviendas públicas y asequibles—, Sánchez anunció un próximo real decreto ley en materia de vivienda con tres medidas: bonificar con el 100 % el IRPF a los propietarios que no encarezcan sus alquileres, endurecer el alquiler temporal y una mayor regulación del alquiler por habitaciones.
Sin embargo, la medida fiscal es la que ha desatado más críticas esta semana. La primera por parte de Sumar, que considera un "regalo" a los propietarios, además de injusta e ineficaz, y ha insistido en que no la apoyará "nunca".
Desde la formación que lidera Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, reclaman al PSOE que rectifique y se abra a negociar su propuesta alternativa, que pasa por la prórroga automática de los contratos de alquiler que venzan próximamente.
En el PSOE, sin embargo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha puesto en duda la legalidad de la iniciativa planteada por Sumar y ha advertido de su posible impacto negativo sobre una oferta de alquiler ya mermada. En la misma línea, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que la propuesta socialista es una medida "equilibrada" que beneficia tanto a propietarios como a inquilinos.
Aunque ambas formaciones aseguran estar abiertas a la negociación y al acuerdo para abordar el problema de la vivienda en España, lo cierto es que las posiciones siguen distanciadas, especialmente en lo relativo a la fiscalidad de los caseros. Así quedó patente también en la tribuna conjunta firmada esta semana por los cinco ministros de Sumar en contra de la medida
El rechazo a los incentivos fiscales no se limita a Sumar. Podemos, EH Bildu, organizaciones de consumidores como Facua y el Sindicato de Inquilinos también han criticado la iniciativa. Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han planteado mejoras, como excluir de las bonificaciones a las personas jurídicas y a los propietarios con tres o más viviendas en alquiler.
Con motivo de su comparecencia en el Senado, donde esta semana los alcaldes de Madrid y Barcelona confrontaron sus políticas de vivienda y su postura en torno a la Ley de Vivienda, el madrileño José Luis Martínez-Almeida ironizó con que una medida fiscal de este tipo bien la podrían haber anunciado ellos.
El sector inmobiliario ha reaccionado con cautela y la asociación que representa a los grandes caseros en España (Asval) va a esperar a ver el decreto para poder valorar su contenido.
Más allá del debate fiscal, la semana también ha estado marcada por el anuncio del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy (Sumar), de abrir una investigación para retirar de los grandes portales inmobiliarios los anuncios de alquiler en zonas tensionadas que incumplan la normativa de consumo.
De confirmarse las infracciones y no retirarse los anuncios, las sanciones podrían ascender a entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. El ministro ha advertido de que quienes se lucren eludiendo la ley "lo pagarán caro.
A lo largo de la semana también se ha reunido por primera vez el Consejo Asesor de Vivienda creado con la Ley de Vivienda. EFECOM
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