Montero defiende que la UCO investiga a Vicente Fernández cuando ya no era presidente de la SEPI y niega ilegalidades

Vicente Fernández, quien presidió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hasta dos años antes del periodo que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, no habría desempeñado ningún cargo en la entidad pública en las fechas en las que se centran las pesquisas, según ha remarcado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La ministra compareció este jueves en el Senado para responder por las supuestas irregularidades vinculadas a la gestión de SEPI, después de la detención el pasado diciembre de Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, en el marco de una investigación por parte de la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación pública. El caso ha derivado también en registros de la Guardia Civil en las instalaciones de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Montero precisó que las investigaciones dirigidas por la UCO se enfocan en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023, un lapso que, según sus palabras, corresponde a dos años posteriores a la salida de Fernández de la presidencia de SEPI. Según detalló la ministra en el Senado, los hechos objeto de análisis “no están paralelos con el tiempo del desempeño de las personas investigadas en la SEPI, sino que esas investigaciones están apuntando al periodo entre los años 2021 y 2023, dos años después de que esto se hubiera producido”. Las declaraciones buscan disipar la relación de Fernández con los hechos bajo la lupa policial en cuanto al tiempo en que se habrían producido.

Montero también especificó que hasta el momento no existen elementos que apunten a ilegalidades en el proceso de tramitación de contratos analizados por las instancias correspondientes. El medio consignó que la ministra afirmó: “No hay ninguna investigación en la que se ponga de manifiesto, al menos por ahora, que haya habido algún expediente que se haya tramitado de forma distinta a la legalidad”. Añadió que, en caso de que se determinen responsabilidades, estas deberían recaer exclusivamente sobre quienes hubieran establecido vínculos con las empresas señaladas después de haber abandonado sus cargos públicos: “Tendrán que responder de sus actuaciones aquellas personas que, una vez que salieron de ese ámbito político, presuntamente se habrían relacionado con empresas que en ese momento está investigando la UCO”.

Entre los aspectos destacados en su comparecencia, Montero defendió el trabajo y los procedimientos internos de SEPI, subrayando que las cuentas de la entidad pública están sometidas tanto a auditoría interna como externa. Según publicó el medio, la ministra desestimó las acusaciones provenientes del Partido Popular sobre el funcionamiento de la entidad, rechazando lo que denominó como “insidias” y remarcando ante el Senado la vigilancia y control que se ejerce sobre las operaciones y decisiones del organismo. Además, aclaró que no existe información que permita trasladar a SEPI la sospecha de un funcionamiento anómalo a nivel institucional.

La intervención de la ministra ocurrió en un contexto en el que el Gobierno enfrenta acusaciones opositoras vinculadas a supuestos casos de corrupción en el seno de la administración pública. De acuerdo con lo reportado por el medio, Montero recalcó que tanto el Ejecutivo como el PSOE adoptan medidas estrictas ante cualquier indicio de conductas ilícitas. “Exigimos responsabilidades políticas, iniciamos expedientes de expulsión del partido y colaboramos con la justicia, como hemos hecho desde el primer día”, declaró durante la sesión parlamentaria.

La investigación de la UCO se desarrolla bajo la supervisión de la Audiencia Nacional, a raíz de las detenciones realizadas a finales del año anterior. Según detalló el medio, los registros realizados por la Guardia Civil en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica buscaron recabar documentación relacionada con presuntas irregularidades en los contratos públicos bajo análisis. Los procedimientos judiciales permanecen en curso, mientras el Ejecutivo insiste en la importancia de que se respeten los tiempos y canales establecidos por la justicia para el esclarecimiento pleno de los hechos.

En este contexto, la ministra insistió en diferenciar entre la acción individual de personas que pudieran estar siendo investigadas y el funcionamiento global de la sociedad pública, de acuerdo con la información publicada. Reiteró que, según la documentación y datos revisados tanto de manera interna como por auditorías externas independientes, no se han hallado elementos que denoten prácticas irregulares en la operativa ordinaria de SEPI. Las investigaciones judiciales, en consecuencia, se centran ahora en determinar las eventuales responsabilidades individuales, a la espera de que los tribunales examinen y sustancien los hechos detectados por la UCO.