Un acusado de entrar en la casa de su expareja a la que tenía prohibido acercarse: "Fue con su beneplácito"

Durante la segunda sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña, una perito que elaboró un informe sobre la denunciante expuso que la mujer desarrolló un cuadro de ansiedad durante un periodo de un mes después del allanamiento del domicilio, basando su evaluación en la revisión de la historia clínica registrada en el Sergas. Precisó que no existió derivación a psiquiatría ni se observaron agravaciones mayores en el estado mental de la mujer después del incidente. Estos hechos forman parte del proceso judicial en el que un hombre enfrenta cargos por violación de morada y quebrantamiento de condena, a raíz de una acusación vinculada a Violencia sobre la Mujer, que detalla la supuesta entrada indebida en la vivienda de su expareja.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, el hombre admitió haber accedido al domicilio de la denunciante, pero afirmó que lo hizo con la conformidad de ella transmitida a través de una amiga común, cuya intervención presentó como intermediación para el supuesto permiso. Sostuvo durante su declaración que su conducta fue fruto de "ignorancia" y "exceso de confianza", reiterando ante el tribunal que se considera inocente de los delitos atribuidos. El acusado explicó que utilizó las llaves del portal y de la vivienda, ya que las poseía, y su objetivo era recoger ropa de abrigo de su hija, que pasaba con él el periodo vacacional correspondiente.

Por su parte, según recogió Europa Press, la denunciante negó rotundamente haber autorizado el ingreso del procesado en el domicilio. Durante la jornada anterior del juicio, subrayó ante el tribunal que en ningún momento dio "autorización de ningún tipo para que entrase en el piso", contradiciendo así la versión ofrecida por el acusado. El hombre insistió ante las preguntas del tribunal que nunca ha negado el acto de entrar en la vivienda, aunque defendió que entendía que, si la denunciante no se encontraba presente, no incumplía la prohibición impuesta judicialmente.

El Ministerio Público sostuvo en su alegato inicial que en febrero de 2020 se dictó una orden de protección judicial destinada a la mujer, con la que se prohibió al acusado comunicarse con ella o acercarse a menos de 300 metros de su persona o de su vivienda. Europa Press detalló que, según el escrito fiscal, el acusado mantuvo una relación sentimental con la denunciante y, tras la ruptura, recibió esa orden de alejamiento. Sin embargo, los hechos expuestos en el pliego acusan al procesado de acudir en julio de 2020 al edificio donde residía la afectada, coincidiendo en el portal con ella y la hija de ambos. Además, en aquellos días, el escrito recoge que el hombre pasó repetidas veces por la zona tanto a pie como en vehículo; estos hechos se repetieron durante el mes de agosto del mismo año, según reportó el medio.

Uno de los incidentes señalados por la Fiscalía ocurrió cuando el acusado accedió al domicilio sin contar con el permiso de la mujer, acto que la acusación enmarca dentro del quebrantamiento de la orden judicial y la violación de morada. "El acusado cometió los hechos con sus plenas facultades volitivas y con sus plenas facultades intelectivas", remarcó el Ministerio Público en su escrito de acusación, por lo que solicitó para el procesado una condena de un año, tres meses y un día de cárcel, además del pago de una indemnización de 600 euros. Europa Press consignó que la acusación particular solicitó elevar la pena hasta más de dos años de prisión.

Frente a estas solicitudes, la defensa solicitó la libre absolución para su representado, argumentando —de acuerdo con Europa Press— que el acusado actuó bajo "error de prohibición", creyendo erróneamente que no incumplía la orden cuando ingresó en el domicilio en ausencia de la denunciante. Además, la letrada pidió que, si se llegara a estimar responsabilidad penal, se valoren las atenuantes de dilaciones indebidas y reconocimiento de los hechos, con la finalidad de rebajar las penas propuestas.

El proceso continúa desarrollándose ante el tribunal del jurado, que deberá valorar las pruebas, los testimonios ofrecidos y los informes periciales para determinar la responsabilidad penal del acusado en relación con los hechos expuestos en la vista judicial. Europa Press destacó que la exposición de este caso se vincula con procedimientos de Violencia sobre la Mujer, contexto en el que se dictó la orden de protección quebrantada y en el que se enmarca la solicitud de penas y compensaciones económicas por parte de la Fiscalía y la acusación particular.