
Las recientes muertes de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) durante una operación contra el narcotráfico han intensificado el debate acerca del reconocimiento de las fuerzas de seguridad como profesiones de riesgo en la Unión Europea, según publicó el medio. Este contexto ha motivado al Partido Popular (PP) a presentar en Bruselas una iniciativa que busca que la agresión a policías y guardias civiles se contemple como un "eurodelito", avanzando en la protección jurídica y las condiciones laborales de estos colectivos a nivel comunitario.
De acuerdo con la información consignada por el medio, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, explicó en el Parlamento Europeo el propósito de impulsar una directiva marco europea que permita clasificar formalmente a los agentes como grupo de riesgo. Este paso permitiría adaptar la legislación comunitaria en aspectos laborales y de protección legal, facilitando cambios como la adaptación de la edad de jubilación a la naturaleza del trabajo policial y la introducción de posibles mejoras salariales.
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Durante su intervención tras una reunión con asociaciones y sindicatos de ambos cuerpos, en la que participó también Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Gamarra destacó el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y el respaldo recibido en el Parlamento Europeo, destacó el medio. La dirigente del PP remarcó que el reconocimiento supondría "nuevos reconocimientos" en materia de condiciones de trabajo y protección jurídica, y recordó la trascendencia de impulsar una normativa común que recoja las particularidades de la profesión.
Dolors Montserrat, según mencionó el medio, anunció que la propuesta “en breve será una realidad” y consideró que su aplicación reforzaría la defensa de quienes velan por la convivencia y el Estado de derecho en la UE. Montserrat subrayó que la iniciativa ha contado con apoyo tras la misión de eurodiputados que visitaron el sur de España para evaluar de primera mano la situación de los cuerpos de seguridad.
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El medio detalló que el Parlamento Europeo ya abordó este reclamo en la pasada legislatura, cuando la comisión de Peticiones aprobó en noviembre un informe recomendando avances en el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesiones de riesgo. Además, el informe sugería analizar la posibilidad de integrar las agresiones contra estos agentes dentro de la lista de “eurodelitos”, es decir, delitos con un tratamiento común dentro de la Unión Europea.
No obstante, durante un debate celebrado en septiembre sobre esta cuestión, la Comisión Europea señaló los obstáculos jurídicos que presenta la propuesta. Según la información publicada por el medio, el Ejecutivo comunitario recordó que los Tratados de la Unión Europea establecen que los eurodelitos son crímenes especialmente graves con carácter transfronterizo, como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico. Las agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad, señalaron desde la Comisión, no cumplen por ahora con ese criterio de dimensión internacional.
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En España, la controversia sobre el riesgo inherente al trabajo policial continúa abierta. Tal como consignó el medio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en el Congreso que el Gobierno desarrolla medidas para adelantar la jubilación de policías nacionales y guardias civiles, aunque reconoció que el ordenamiento jurídico español no contempla la figura de "profesión de riesgo". Las organizaciones sindicales y profesionales mantienen sus reclamaciones para conseguir un reconocimiento formal que permita endurecer las penas por ataques a agentes y fortalecer su protección, demandas que en los últimos meses se han trasladado también a nivel europeo.
El medio remarcó que este debate se intensificó tras los sucesos de Barbate y la misión de eurodiputados en esa zona, donde evaluaron el riesgo y las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad. En este sentido, las recomendaciones de la comisión de Peticiones y las iniciativas de los partidos europeos han contribuido a colocar la cuestión en la agenda institucional de la Unión Europea, aunque los desafíos legales y políticos persisten.
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El desarrollo de la propuesta europea y las discusiones en torno a la clasificación de las agresiones como delitos de dimensión continental encuentran el respaldo de los principales sindicatos y asociaciones policiales, que consideran necesario un marco comunitario que garantice la seguridad, la protección jurídica y la mejora de las condiciones laborales de los agentes que operan tanto en territorio español como en el resto de Europa.
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