La defensa de Koldo García, exasesor ministerial, ha destacado movimientos económicos y gastos considerados elevados por el tribunal en relación con Víctor de Aldama, empresario también acusado en el caso de presuntas irregularidades por la compra de mascarillas durante la pandemia. A partir de estos antecedentes, el equipo legal de García ha pedido que el Tribunal Supremo imponga a Aldama una garantía económica similar a la exigida a él mismo y al exministro José Luis Ábalos, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.
El escrito presentado ante el Tribunal Supremo señala que los tres procesados —García, Ábalos y De Aldama— comparten una responsabilidad civil solidaria que debe extenderse por igual a cada uno de ellos. La petición surge tras la percepción de que sólo se están estableciendo garantías económicas en concepto de responsabilidad civil contra los imputados que permanecen en prisión preventiva. Según consignó Europa Press, esa situación afecta actualmente a García y Ábalos, internados desde noviembre de 2023 en el centro penitenciario madrileño de Soto del Real siguiendo la orden del juez instructor Leopoldo Puente.
En el documento, la defensa de García recalca la posición de Aldama como "empresario de éxito" y menciona la incautación previa de un vehículo de alta gama en su poder como demostración de solvencia. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el escrito detalla episodios como un viaje a Ibiza en el que Aldama habría realizado gastos notables, incluyendo el uso de un jet privado, arrendamiento de una villa exclusiva, alquiler de automóviles caros y dispendios cuantiosos en restaurantes y tiendas de lujo. Según afirma la defensa, estos indicios demuestran una capacidad suficiente para hacer frente a eventuales responsabilidades patrimoniales derivadas del proceso judicial.
El documento destaca lo que califica como una desigualdad financiera importante entre los acusados del caso. Expone que tanto García como Ábalos atraviesan una situación de precariedad económica, lo que —siempre según el escrito— les dificulta abonar los honorarios de sus defensores y afrontar los pagos hipotecarios de sus viviendas. De manera opuesta, la defensa subraya que Aldama mantiene un nivel de vida incompatible con las condiciones de embargo o restricciones económicas, de acuerdo con lo conocido en el proceso y en medios de comunicación.
El tribunal, por su parte, ha dado un plazo de cinco días hábiles a Ábalos y García para que depositen una fianza de 60.000 euros cada uno, avisando que, de no hacerlo, se procederá al embargo de bienes suficientes para cubrir esa cantidad. El Supremo también indicó que, en caso de alegar insolvencia, los imputados tendrán que justificar la imposibilidad de abonar la suma o de contar con activos susceptibles de embargo.
Las acusaciones en el caso presentan matices entre la fiscalía y las acusaciones populares, estas últimas encabezadas por el Partido Popular. Según reportó Europa Press, el Ministerio Público solicita penas de 24 años para Ábalos, 19 años y medio para García y 7 años para Aldama. Las acusaciones populares solicitan para Ábalos y García 30 años cada uno, mientras que para Aldama piden la misma condena que la fiscalía.
En la línea de defensa, tanto García como Ábalos han mantenido su inocencia, negando cualquier implicación en actividades ilícitas en el presunto caso de mascarillas. Por el contrario, Aldama ha aceptado los cargos imputados en su contra, lo que ha supuesto una reducción en la petición de pena a cambio de ese reconocimiento, en vista del proceso judicial que se espera que tenga lugar en los próximos meses, según consignó el medio Europa Press.
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